8 p.La historia reconstruye en la memoria etapas sombrías de violación masiva de los derechos humanos: lagers, guetos, campos de concentración, desapariciones, fosas comunes; vocablos absurdos que nombran escenarios en donde se aniquila la dignidad humana. El siglo XX marcó huella por episodios de violación masiva de derechos humanos: la guerra civil española, las matanzas nazis, la dictadura militar argentina y la violencia armada interna del Perú (1980-2000) son algunos de ellos. Colombia, por su parte, se proclamó en la Constitución Política de 1991 como Estado social de derecho. También guarda en su historia etapas sombrías en las que la violación de los derechos humanos ha sido masiva y sistemática, como el desplazamiento interno. Esta situación se ha extendido por más de cincuenta años y ha alcanzado en 2013 más de seis millones de personas desplazadas (Acnur, 2016).Superioridad ética y moral del Estado de derecho
La obligación del Estado de prevenir, razonablemente, las violaciones a los derechos humanos
La obligación del Estado de investigar con seriedad
La obligación del Estado de imponer las sanciones adecuadas a los responsables de las violaciones
La obligación del Estado de garantizar la reparación a las víctimas
Función de la sociedad civil en procesos de verdad, justicia y reparación
El clamor de las víctimas del conflicto armado interno colombiano
Justicia transicional: un mecanismo justo para complementar los procesos
Ordinario

Ramírez-Huertas, Gilberto

Spanish

Repositorio Institucional Universidad Católica de Colombia

LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VÍCTIMAS: UNA PERSPECTIVA DESDE LAS RESPONSABILIDADES DEL ESTADO Y DE LA SOCIEDAD CIVIL32La historia reconstruye en la memoria etapas sombrías de violación masiva de los derechos humanos: lagers, guetos, campos de concentración, desapariciones, fosas comunes; vocablos absurdos que nombran escenarios en donde se aniquila la dignidad humana. El siglo XX marcó huella por episodios de violación masiva de derechos humanos: la guerra civil española, las matanzas nazis, la dictadura militar argen-tina y la violencia armada interna del Perú (1980-2000) son algunos de ellos. Colombia, por su parte, se proclamó en la Constitución Política de 1991 como Estado social de derecho. También guarda en su historia etapas sombrías en las que la violación de los derechos humanos ha sido masiva y sistemática, como el desplazamiento interno. Esta situación se ha extendido por más de cincuenta años y ha alcanzado en 2013 más de seis millones de personas desplazadas (Acnur, 2016). Para comprender a las víctimas y asumir responsabilidad ante ellas, es nece-sario implementar un sistema de justicia transicional con fundamento ético y moral. Sobre esta dimensión de los derechos humanos se trata el presente artículo, 32 Tomado del artículo elaborado en coautoría con Luis González León y Gilberto Ramírez para la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Sergio Arboleda, titulado “Responsabilidad del Estado y de la sociedad frente a las víctimas”. 10106PENAL 15Los derechos humanos a debate. Perspectivas desde el derecho internacionaldividido en cuatro partes: 1. Superioridad ética y moral del Estado de derecho; 2. Función de la sociedad civil en procesos de verdad, justicia y reparación; 3. El clamor de las víctimas del conflicto armado interno en Colombia, y 4. Justicia transicional: un mecanismo justo para complementar los procesos ordinarios frente a las violaciones masivas de los derechos humanos. Desde una perspectiva crítica, se aborda el análisis de la responsabilidad que les cabe al Estado y a la sociedad civil respecto a la violación masiva de los dere-chos humanos. Ambos tienen que asumir su responsabilidad ética y moral con la frágil condición humana, para así intervenir y curar las violaciones, reparar los desequilibrios, restablecer los puentes rotos, reconocer a las víctimas y rehabilitar al verdugo. La tesis que se propone es que si bien es el Estado el que adhiere a los pactos internacionales, todos los miembros de la sociedad son responsables de velar por el respeto y la realización de los derechos humanos, puesto que la sociedad está obligada a reconocer a las víctimas y el Estado, mediante la justicia transicio-nal, a reconocerla moralmente y a rehabilitarla, para superar el desasosiego que producen el olvido y el temor a la repetición. Se entiende por víctima a todas las personas que hubieran sufrido un daño, entendido de acuerdo con el concepto de daño amplio y comprehensivo (Corte Constitucional, 2012)33.Superioridad ética y moral del Estado de derecho La responsabilidad del Estado en el derecho internacional de los derechos huma-nos tiene origen en normas consuetudinarias y en jurisprudencia internacional34, campo en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (1988) sentó pre-cedente en sentencia del 29 de julio de 1988 sobre el caso Velásquez Rodríguez 33 De acuerdo con la Corte Constitucional (2012), se entiende por daño amplio y comprehensivo “todos los distintos fenómenos usualmente aceptados como fuente generadora de responsabilidad, entre ellos el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral en sus diversas formas, el daño en la vida de relación, el desamparo derivado de la dependencia económica que hubiere existido frente a la persona principalmente afectada, así como todas las de-más modalidades de daño, reconocidas tanto por las leyes como por la jurisprudencia, ahora o en el futuro. Según encuentra la Corte, la noción de daño comprende entonces incluso eventos en los que un determinado sujeto resul-ta personalmente afectado como resultado de hechos u acciones que directamente hubieren recaído sobre otras personas, lo que claramente permite que a su abrigo se admita como víctimas a los familiares de los directamente lesionados, siempre que por causa de esa agresión hubieren sufrido una situación desfavorable, jurídicamente relevante” (Corte Constitucional, 2012).34 Puede verse Ibarra (2008). Los derechos humanos de las víctimas107PENAL 15contra Honduras. Invocó el Artículo 1.1. de la Convención americana de los dere-chos humanos, que impone a los Estados parte dos obligaciones: la de respetar los derechos y las libertades reconocidos en la Convención y la de garantizar el libre y pleno ejercicio de estos derechos a toda persona sujeta a su jurisdicción. En el párrafo 174 de la Sentencia en cita, la Corte señala que el Estado tiene el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos; investigar con seriedad y con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción, a fin de identificar a los respon-sables; imponer las sanciones pertinentes y asegurar a la víctima una adecuada reparación. Para comprender el alcance y desarrollo de los deberes jurídicos del Estado, se revisa la doctrina y la jurisprudencia internacional de la última década. La obligación del Estado de prevenir, razonablemente, las violaciones a los derechos humanos La Corte Interamericana de Derechos Humanos (1988), en el párrafo 175, precisa que el deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean con-sideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal, acarrea sanciones para quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por las consecuencias perjudiciales35. La obligación del Estado de investigar con seriedadEste postulado busca el establecimiento de la verdad. Hay quienes defienden la tesis maximalista de hacer investigaciones e imputaciones exhaustivas e integra-les para la totalidad de los delitos como única forma para cumplir los estándares internacionales de derechos humanos; sin embargo, la práctica ha mostrado que esto es complejo y oneroso. Diego López-Medina (2010) analiza la experiencia colombiana y defiende la postura según la cual la garantía de los derechos de las víctimas no se agota en las exigencias maximalistas de integralidad y exhaustividad en la investigación y el juzgamiento. Es necesario optar por estrategias menos ambiciosas en términos 35 La misma Corte señala que es imposible enumerar las medidas de las que trata este párrafo, pero sí aclara que la práctica impune de la tortura y del asesinato representa una infracción.108PENAL 15Los derechos humanos a debate. Perspectivas desde el derecho internacionalde cantidad o integralidad y más concentradas en la razonable priorización de las conductas y de los individuos que deben ser investigados y juzgados en el marco de la ley. El Artículo 15 de la Ley 975 de 2005, que se refiere al establecimiento de la verdad, impone a la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y Paz ―creada mediante la Ley 975 de 2015― el deber de investigar, imputar y acusar el con-junto total de los delitos cometidos por los postulados al proceso de justicia y paz. La obligación del Estado de imponer las sanciones adecuadas a los responsables de las violacionesCon el establecimiento de la verdad mediante la investigación exhaustiva, se ade-lanta el establecimiento de la paz, pero esto no es concluyente. Se debe avanzar hacia el establecimiento de la responsabilidad penal, cuyo precedente fue sentado en los procesos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. La obligación del Estado de garantizar la reparación a las víctimasCon fundamento en la Resolución 60/147 (Organización de Naciones Unidas, 2005) y a partir de la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas, se insta a un tratamiento de las víctimas bajo el principio de dignidad y se llama a la garantía del acceso a mecanismos de justicia y reparación. En un sentido práctico, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional exhorta a la creación de herramientas que permitan la restitución de los dere-chos de las víctimas en donde se tenga en cuenta el proceso de indemnización y rehabilitación.Función de la sociedad civil en procesos de verdad, justicia y reparaciónEl Estado y la sociedad se manifiestan como dos sistemas interconectados, lo que en la esfera de lo público es ostensible en transformaciones estructurales y funcionales donde en ocasiones no hay una frontera nítida (González, 2000). La Consultoría de los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), DeJusticia y la Comisión de seguimiento a la política pública sobre el desplazamiento for-zado son claros ejemplos de arreglos institucionales originados en la iniciativa Los derechos humanos de las víctimas109PENAL 15autónoma de la sociedad civil colombiana, con el propósito de apoyar el recono-cimiento de las víctimas del conflicto armado interno. La pregunta sobre la función de la sociedad civil en escenarios de trans-gresión masiva a los derechos humanos es constante en la obra de Primo Levi (2010). Curar las violaciones, reparar los desequilibrios, restablecer los puentes rotos y rehabilitar a la víctima comporta acción pública, asumida como trabajo mancomunado entre las instituciones del Estado y la sociedad civil para resolver el problema colectivo. Primo Levi (2010) se pregunta sobre la acción de la sociedad civil no solo en el período posterior a, sino durante la transgresión masiva de los derechos huma-nos y anota que “aunque no pueda suponerse que la mayoría de los alemanes aceptara la masacre sin inmutarse, la verdad es que la escasa difusión de la ver-dad sobre los Lagers constituye una de las mayores culpas colectivas del pueblo alemán […]” (p. 478). Las palabras de Levi (2010) tienen una pesada carga moral. En efecto, la indiferencia colectiva ante la violación masiva de los derechos humanos, plantea, una actitud punible, “[…] vileza sin la cual no se habría llegado a las mayores atrocidades, y Europa y el mundo serían hoy distintos” (p. 478) e impone respon-sabilidad ética y moral a la sociedad civil. En el caso colombiano, también es necesario aceptar la responsabilidad de la sociedad frente al conflicto armado, ya que “la participación activa de la sociedad civil es imprescindible para la construcción de un verdadero proceso de paz” (Universidad de Liverpool y Universidad de Irlanda, s. f., p. 8), debido a que mediante el fortalecimiento de esta, como actor relevante, se puede pensar en la construcción de una democracia en la que se ejerza una ciudadanía con los dere-chos de sustento indiscutible.El clamor de las víctimas del conflicto armado interno colombianoColombia ha vivido un conflicto armado interno durante décadas, en el que la autoría de los crímenes contra la dignidad humana ha tenido diversos transgre-sores: las guerrillas, los grupos paramilitares, la mafia dedicada al narcotráfico y las bandas criminales. Sea uno u otro, a su paso han dejado muerte, desaparición, desalojo, desplazamiento y terror. Aunque de naturaleza compleja, el conflicto 110PENAL 15Los derechos humanos a debate. Perspectivas desde el derecho internacionalcolombiano ha desarrollado sus propios escenarios sistemáticos de devastación (López, 2010); tal es el caso de los sitios de retención de secuestrados ubicados en medio de la selva, estrategias de desaparición masiva y sistemas de abasteci-miento rudimentarios. Por otra parte están las víctimas, cuyo número asciende a más de ocho millo-nes de personas según la Unidad para las Víctimas (s. f.). Es tal la dimensión del problema, que la cifra de desplazados ―víctimas del conflicto armado interno que han sido obligadas a desalojar sus viviendas, abandonar su trabajo, separarse de sus familias y engrosar los corredores de pobreza ubicados en la periferia de las grandes ciudades― no es precisa. Las estadísticas oficiales, construidas sobre los datos reportados por el Sistema Único de Registro de Población Desplazada36 difieren frente a las presentadas por Codhes y Acnur. La situación de los desplazados es precaria. Algunos señalan que este grupo es el más vulnerable de Colombia, pero ¿qué pasa con los derechos fundamen-tales de la población desplazada? ¿Han sido resarcidos? Los estudios liderados por la misma Comisión de seguimiento a la política pública para la población desplazada muestran que las víctimas del conflicto armado interno no gozan efec-tivamente de los derechos fundamentales y que a un alto porcentaje ni siquiera se le garantiza el mínimo vital (Guerrero, Guerrero y Nisimblat, 2010). En este con-texto, la pregunta sobre qué es lo que reclaman las víctimas del sistema jurídico y de la sociedad colombiana no se responde de manera taxativa. La complejidad del conflicto armado interno colombiano es tan alta, que el Estado ha priorizado el reconocimiento a las víctimas con diferentes criterios: en ocasiones, es el autor de la violación de los derechos constitucionales; en otras, el momento en el que ocurrió la violación y en algunas, el resultado de la violación (desplazamiento, secuestro, familiar del desplazado, familiar del desaparecido, entre otros). Lo evidente es que las víctimas del conflicto armado interno colom-biano están en mora de ser escuchadas, reconocidas y reparadas. 36 Así, por ejemplo, mientras Acción Social (2009) reportaba 3.452.712, para el mismo año Codhes (2009) mencio-naba 4.629.190 desplazados y Acnur (2016) informaba que la cifra real podría duplicar la de Acción Social.Los derechos humanos de las víctimas111PENAL 15Justicia transicional: un mecanismo justo para complementar los procesos ordinarios En períodos de cambio político, cuando es preciso enfrentar transgresiones masi-vas a los derechos humanos para restablecer la paz interna, se suelen implementar mecanismos de justicia extraordinarios y complementarios al sistema ordinario. Estos procesos se conocen con el nombre de justicia transicional. Ruti G. Teitel (2003) desarrolló una genealogía que reconoce la complicada relación entre justicia transicional, verdad e historia y ubica los mecanismos de justicia transicional en una dimensión que trasciende los procesos jurídicos y políticos del Estado de derecho, en un sintagma que recoge elementos sociológi-cos, históricos, psicológicos y antropológicos. La mirada jurídica de la justicia transicional es compleja, al demandar, hoy en día, la aplicación de instrumentos del derecho internacional de guerra, del derecho penal y del derecho de los derechos humanos. La trasgresión masiva de los derechos humanos es una situación atípica del Estado de derecho, pero ocurre. El ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 (Fiss, 2009) en Estados Unidos y en el período de fortalecimiento de los grupos paramilitares (1990-2010)37 en Colombia son hechos que están en la memoria reciente. La posibilidad, por muy remota que parezca, de que sucesos lúgubres como los ocurridos en los campos de concentración nazi se repitan justifica la creación de mecanismos eficientes de justicia transicional que, de manera extraor-dinaria, complementen los procesos ordinarios de justicia penal. Teitel (2003) y Fiss (2009) coinciden al reconocer que, en un contexto globa-lizado, el derecho de los derechos humanos enfrenta nuevos desafíos: se favorece la identificación de fallas en la acción del Estado, pero también es posible pre-sionarlo para que cumpla con la garantía de los derechos humanos. Un contexto de guerra representa un peligro mayor para la Constitución, incluso en un Estado 37 Guerrero, Guerrero y Nisimblat (2010) muestran que en las tres encuestas nacionales de verificación, adelanta-das entre 2007 y 2010, las Autodefensas Unidas de Colombia fueron declaradas por las víctimas como el principal autor del desplazamiento forzado.112PENAL 15Los derechos humanos a debate. Perspectivas desde el derecho internacionaldemocrático (Fiss, 2009)38, todo lo cual valida la existencia de mecanismos de justicia transicional. En el Estado moderno, la sociedad civil es el complemento de la eficacia y de la legitimidad de las instituciones y es la base de construcción de un sistema democrático en el que se respeten las diferencias y se asegure el acceso efectivo a un marco de derechos. En tal sentido, es necesario que las víctimas del conflicto armado interno sean escuchadas, reconocidas y reparadas. Se debe comenzar por la implementación de mecanismos extraordinarios y complementarios de justicia transicional, como una vía justa para restablecer la paz después de episodios de violación masiva de los derechos humanos. 38 Fiss (2009) señala que la guerra contra el terrorismo ha tenido un costo considerable para la Constitución de los Estados Unidos, al haber cuestionado varios principios constitucionales como el del debido proceso ―tener un juicio justo―, de desplazarse libremente o de la prohibición de la tortura. 

Los derechos humanos de las víctimas: una perspectiva desde las responsabilidades del Estado y de la sociedad civil

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Los derechos humanos de las víctimas: una perspectiva desde las responsabilidades del Estado y de la sociedad civil

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