10 p.Al verificar varios de los programas de derecho procesal penal y derecho probatorio, hemos encontrado que pese al advenimiento del Acto Legislativo 03 de 2002 y de la Ley 906 de 2004, las estructuras curriculares generales de la formación en derecho, así como las particulares en procedimiento penal, se conservan exactamente iguales a las que preexistieron a la reforma. Acaso podamos señalar que la única modificación fue la introducción de cursos en técnicas de juicio oral, pese a su importancia, de carácter electivo, incluso en universidades caracterizadas por producir litigantes.Asignaturas generales
Semiología I
Comunicología, semiología II o retórica
Argumentación
Asignaturas especiales
Investigación de campo
Pruebas penales
Criminalística I
Medicina legal
Investigador testigo
Técnicas de litigio oral
Pasantía

Moya-Vargas, Manuel Fernando

Spanish

Repositorio Institucional Universidad Católica de Colombia

LAS DEFICIENCIAS DE LAS ESTRUCTURAS CURRICULARES Y UNA PROPUESTA SUSTITUTIVAAl	verificar	varios	de	los	programas	de	derecho	procesal	penal	y	derecho	probato-rio, hemos encontrado que pese al advenimiento del Acto Legislativo 03 de 2002 y de la Ley 906 de 2004, las estructuras curriculares generales de la formación en derecho, así como las particulares en procedimiento penal, se conservan exacta-mente iguales a las que preexistieron a la reforma.Acaso	podamos	señalar	que	la	única	modificación	fue	la	introducción	de	cur-sos en técnicas de juicio oral, pese a su importancia, de carácter electivo, incluso en universidades caracterizadas por producir litigantes.Es sin embargo un factor a considerar que no todos los discentes tendrán intenciones de orientarse hacia el derecho criminal ni, dentro de esta área, ne-cesariamente al litigio penal. Cabe replicar, no obstante, que la tendencia del país se orienta hacia la extensión e implementación de los enjuiciamientos de corte acusatorio y adversativo en áreas de especialidad distintas a la penal, tal y como lo evidencian las pruebas y reformas planteadas al procedimiento laboral y	frente	al	código	de	procedimiento	unificado.Hemos acreditado que el nuevo procesamiento demanda exigencias curri-culares diferentes a las que plantearon los esquemas de enjuiciamiento napoleó-nicos, como el del Decreto 2700 de 1991 o la Ley 600 de 2000. Así lo concibió la Comisión Redactora Constitucional y el Congreso de la República, luego no resulta consecuente con el ritmo legislativo del país y su desarrollo jurídico que 5242Producción probatoria de la verdad. Ley 906 de 2004PENAL 8la academia superior se abstenga de asumir la responsabilidad que le corresponde en la integración profesional de los abogados que produce.Acaso uno de los factores más determinantes sobre las disfunciones anotadas al espacio judicial surja precisamente del distanciamiento que ha tomado la aca-demia con respecto al mismo, fruto de la ausencia de estudios diagnósticos del campo jurídico, lo cual tiende a resolverse en anomia judicial de no adoptarse alguna medida apropiada a la conformación de los modelos curriculares con la realidad jurisdiccional.Urge	entonces	una	respuesta	reflexiva	a	la	siguiente	inquietud:	¿la	formación	de un abogado para ingresar en el espacio judicial de la Ley 906 de 2004 es objeto de los estudios de pregrado o de postgrado? Advirtiendo que todos nuestros entrevistados coincidieron en que esa forma-ción debe surgir del pregrado, parece ser una necesidad insustituible en conside-ración a las siguientes razones:1. No tendría sentido tomar incurso de formación en derecho y saber anticipa-damente que no se sabrá actuar en el espacio judicial. De hecho, ha advertido Bourdieu que una característica del espacio judicial es que a él no ingresan sino los expertos y ellos son los abogados. 2. No todas las personas disponen de los recursos para sufragar postgrados, particularmente cuando acaban de egresar de la facultad de derecho. Sería un despropósito condicionar el acceso de un profesional al espacio judicial para el cual supuestamente se formó al requisito de tomar incurso de profundiza-ción por falta de formación en el nivel anterior.3. No puede equipararse la situación de los abogados que fueron sorprendi-dos con la reforma legal, y la de los futuros abogados que ingresarán en el nuevo espacio judicial, para lo cual se están formando. Los primeros naturalmente no pueden volver a formarse a nivel de pregrado, en cambio sí	precisan	de	actualizarse	mediante	cursos	apropiados	a	tal	finalidad.	Pero	la situación de los segundos es completamente paralela, puesto que, encon-trándose en pleno proceso de formación, dicho proceso debe apropiarse a las condiciones impuestas por la nueva legislación.243Las deficiencias de las estructuras curriculares y una propuesta sustitutiva PENAL 84. La	Ley	30	de	1992	ha	fijado	los	objetivos	de	la	educación	superior,	y	un	cur-so de pregrado que no forme a los abogados que está produciendo para que actúen	en	el	espacio	judicial	definitivamente	no	los	cumple116.5. Tampoco se objeta presumir que todos los discentes pretendan ser litigantes. Precisamente, porque tampoco se puede presumir lo contrario; esa decisión la deben tomar éllos y no las instituciones, lo cual solo es posible si tienen la alternativa cierta de poder decidir, y ella surge a condición que puedan tomarla. De hecho, no se cumpliría lo ordenado legalmente si los programas de pregrado prescinden de proveer esa formación, teniendo en cuenta que “Los programas de pregrado preparan para el desempeño de ocupaciones, para el ejercicio de una	profesión	o	disciplina	determinada,	de	naturaleza	tecnológica	o	científica	o	en	el	área	de	las	humanidades,	las	artes	y	la	filosofía”117.Ciertamente, es un derecho de cualquier estudiante actual en pregrado de de-recho recibir formación adecuada para ingresar en el espacio judicial penal colom-biano, en tanto que a nivel de especializaciones puede pretender perfeccionarse, 116 ARTÍCULO 6o. Son objetivos de la Educación Superior y de sus instituciones: a) Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las modalidades y calidades de la Educación Superior, capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país. b) Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas sus formas y expresiones y promover su utilización en todos los campos para solucionar las necesidades del país. c) Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se desarrolla cada institución. d) Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel nacional y regional. e) Actuar armónicamente entre sí y con las demás estructuras educativas y formativas. f) Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden para facilitar el logro de sus correspondientes fines. g) Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la cooperación interinstitucional con miras a que las diversas zonas del país dispongan de los recursos humanos y de las tecnologías apropiadas que les permitan atender adecuadamente sus necesidades. h) Promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la articulación con sus homólogas a nivel internacional. i) Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la educación y cultura ecológica. j) Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país. Cfr.  Ley 29 de 1990; Ley 70 de 1993; Ley 99 de 1993; Ley 115 de 1994; Decreto 2790 de 1994.117 Artículo 9° de la Ley 30 de 1992, cfr. Decretos 1403 de 1993, 837 de 1994 y 2790 de 1994.244Producción probatoria de la verdad. Ley 906 de 2004PENAL 8tal y como lo dispone el artículo 11 de la Ley 30 de 1992, lo cual es imposible si no se forma a un nivel básico.Desde este punto de vista, considerando las premisas legales, las necesidades actuales del espacio judicial, la situación de los abogados, así como el tránsito legislativo, concluimos que un programa de derecho debe impartir una formación que observe las siguientes características:1. Calificarlo	para	constituir	verdades	judiciales	a	partir	de	su	actividad.	Por	esta vía se procura que un abogado pueda crear las bases epistemológi-cas y ontológicas de una alternativa procesal razonable, lo cual demanda formarse acerca de las condiciones de construcción social de la realidad, particularmente a partir de las estructuras comunicológicas que hacen po-sible la construcción de sentido.2. Saber jugar el juego judicial dispuesto para un espacio judicial de caracte-rísticas	acusatorias	y	adversariales.	De	esta	forma	debe	estar	calificado	para	diagnosticar la situación procesal de la persona o institución que representa, de manera que ofrezca alternativas legales apropiadas al logro de sus inte-reses, considerando la disminución máxima de costos tanto humanos como materiales, y la obtención de resultados tanto más deseables como probables.3. Saber construir marcos de referencia que confronten lo procesal con lo extraprocesal, de manera que pueda establecer opciones reales de cons-trucción social de la realidad judicial, mediante el logro de decisiones deseables a los intereses representados.4. Saber estructurar y fundamentar la alternativa propuesta tras el diag-nóstico procesal y probatorio, mediante la elaboración de un discur-so tanto teorético como probatorio.5. Saber construir el discurso constituido conforme a los análisis previstos, dentro del espacio judicial.En consideración a estas condiciones preliminares del saber litigar, precisan los abo-gados acceder a dos elementos necesarios que debe proveerles su formación profesio-nal.	Por	un	lado,	un	sistema	de	información	que	le	provean	conocimientos	científicos	suficientes	acerca	del	discurso	disciplinario,	 interdisciplinario	y	 transdisciplinario.	Por	otro	lado,	el	desarrollo	de	destrezas	y	habilidades	suficientes	que	los	califiquen	como personas aptas para jugar el juego judicial en un contexto predeterminado. 245Las deficiencias de las estructuras curriculares y una propuesta sustitutiva PENAL 8De la articulación de los dos deben surgir dos tipos de competencias: las del nivel	reflexivo	y	las	del	nivel	operativo,	para	desarrollar	el	juego	judicial	confor-me a los intereses que pretendan realizar dentro del espacio judicial.La formación ideal surge de un programa sistémico de formación en las si-guientes áreas, adicionales al procedimiento penal propiamente dicho:Asignaturas generalesDentro de las asignaturas generales, esto es, las que proveen formación aplicable a	cualquier	especialidad	del	derecho	(articuladas	 tanto	el	 litigio	penal	como	al	civil,	laboral,	etcétera):Semiología IPor	esta	vía	se	procura	echar	las	bases	de	comprensión	reflexiva	de	la	función	semántica de los signos.El proceso de comprensión de la transmisión de información debe implementarse desde el conocimiento de las posibilidades reales de intercambio de sentido, el cual parte de los postulados básicos de las condiciones que hacen posible la co-municación.	Tanto	el	lenguaje	verbal	como	el	quinético	y,	en	fin,	cualquiera	no	verbal, se encuentran involucrados en los procesos de persuasión indispensables como herramienta de trabajo en el espacio judicial.Comunicología, semiología II o retóricaEl hecho de sentar las bases teóricas de los procesos de intercambio de sentido está llamado a consolidarse mediante el desarrollo de destrezas y habilidades de comunicación concretas. Desde la perspectiva del espacio judicial, esa técnica debe ser la retórica, sea que se adopte como asignatura de comunicación, semio-logía en un nivel más profundo o retórica propiamente dicha.Teniendo en consideración que se enfatizará en retórica judicial, que la misma no tiene que ser diferente en sus cimientos a la retórica penal, civil, laboral, ad-ministrativa, tampoco existen razones para reducir el contenido temático, que sería eminentemente práctico, a la causa criminal. Por consiguiente, esta es una asignatura de orden general.246Producción probatoria de la verdad. Ley 906 de 2004PENAL 8ArgumentaciónUna forma ideal de concluir el proceso iniciado mediante la formación en semio-logía, que pasó luego por la retórica, es aprender a construir los discursos judicia-les conforme a parámetros de estructura y comprensión satisfactorias.Ciertamente, el auge que han venido adquiriendo, particularmente tras el posicionamiento de las teorías estructurales funcionalistas, los modelos de construcción sistémica de sentido no hace que resulte novedoso proponer que los abogados reciban formación concreta en materia de argumentación, de he-cho, son ya varias las facultades que la consideran, aun cuando no todavía como integrada a un proceso que contempla la semiología y la retórica.Su	importancia	no	precisa	actualmente	justificaciones,	pero	sin	embargo	se	reitera que, conociendo los esquemas de transmisión de sentido, particularmente a través de la persuasión verbal, en sus variables de convencer y conmover, con-viene aprender a construir los discursos a través de métodos de lógica comunica-tiva plenamente satisfactorios.     Asignaturas especialesReferimos así aquellas áreas temáticas que especialmente proveen la formación a un aspirante a abogado que pretenda acceder al espacio judicial penal. Investigación de campoEsta propuesta en particular, si bien no resulta novedosa en los cursos de crimi-nalística, se propone como consecuencia directa de las falencias detectadas en el manejo de la prueba, que parte de la ignorancia sobre los métodos de investiga-ción y, por consiguiente, de acceso a los medios de convicción.Consideramos que desde la perspectiva académica, un abogado recibe la for-mación que su condición de profesional del derecho reclama en investigación de campo, si al menos cubre los siguientes temas:a. Escena del crimenb. Técnicas de recolección y embalajec. Manipulación, marca y conservación de evidenciad. Aproximaciones al testigo247Las deficiencias de las estructuras curriculares y una propuesta sustitutiva PENAL 8e. Entrevistasf.	VerificacionesPruebas penalesDadas	las	más	visibles	deficiencias	registradas	por	los	abogados,	concluimos	que	la formación básica en materia repruebas penales les reclama un conocimiento claro, tanto a nivel teórico como práctico, de los siguientes medios, procedimien-tos de acceso y categorías básicas:a. Testimoniosb. Experticiosc. Evidencia física y elementos materiales probatoriosd. Documentose. Acciones encubiertasf. Prueba de referenciag. Prueba sobrevinienteCriminalística INo resulta novedoso, en absoluto, manifestar la pertinencia de la criminalística como área temática dentro de la formación profesional de un abogado. Empero, tradicionalmente formulada como una extensión que privilegiaba el conocimien-to de los abogados inclinados al derecho penal y, de hecho, reforzada en cursos de postgrado en derecho criminal, recobra preeminencia dentro de los cursos de formación en procedimiento penal, cuando los abogados precisan establecer si la constitución	de	pruebas	penales	reclaman	conocimientos	técnicos	o	científicos,	es	decir, si precisa de la grafología, documentología, o cualquier área afín. No se trata de convertir los abogados en multiexpertos en las distintas téc-nicas criminalísticas, sino de iniciarlos en los fundamentos de cada una de esas áreas de conocimiento, para que sepan cuándo deben profundizar en ellos para construir teorías del caso probables, o redargüir a su contraparte. Por lo demás, es absolutamente necesario hacerse al vocabulario técnico, presupuesto necesario del espacio judicial de corte acusatorio y adversarial.  En consecuencia, concluimos que a nivel de pregrado un abogado satisface dicha necesidad si recibe formación básica en:248Producción probatoria de la verdad. Ley 906 de 2004PENAL 8a. Dactiloscopia y lofoscopiab. Documentologíac. Grafologíad. Balísticae. Química forensef. Física forenseMedicina legalEl conocimiento del discurso médico y la aproximación a las bases experimentales que	acompañan	el	método	científico	aplicado	a	la	medicina	forense	permiten	que	los	abogados	puedan	identificar	eventos	de	necesidad	de	conocimientos	en	el	área,	es	de-cir, saber cuándo se precisa del apoyo de un médico forense, lo cual reclama anticipa-damente la familiarización con el discurso médico, así como de las prácticas forenses.Con tal propósito un curso básico de medicina legal debe proporcionar for-mación elemental en las siguientes áreas del conocimiento: a. Tanatologíab. Signos de vida y muertec. Fenómenos cadavéricosd.	Identificación	del	cadávere. Residuos orgánicosf. Cronotanatologíag. Autopsiah. Diagnóstico de heridasInvestigador testigoComo novedad se propone crear esta asignatura ordenada a formar a los abogados en el eje de todo manejo de la prueba, como es el investigador testigo. Lo que se pretende es que el abogado, aplicando los conocimientos proveídos por las asigna-turas precedentes, particularmente la de investigación de campo, sepa administrar los recursos con que cuenta para lograr la decisión judicial que pretende.A	tal	finalidad,	debe	saber	construir	estrategias	investigativas,	orientadas	a	con-solidar una teoría del caso compuesta colectivamente, y en cuyo favor debe trabajar el equipo conformado. De hecho, esta asignatura tiende a saber administrar los 249Las deficiencias de las estructuras curriculares y una propuesta sustitutiva PENAL 8recursos con que se cuenta a favor del propósito seleccionado, teniendo por eje pro-batorio al investigador que deberá ser la fuente primera de información procesal. Con	tales	fines,	la	asignatura	debe	comprender	y	proveer	formación	en:a. Conformación de equipos de trabajob. Administración de casosc. Plan metodológicod. Construcción sistemática de la teoría del casoe. Actividades de investigaciónf. Preparación de los interrogatoriosg. Interrogatorio y contrainterrogatorio a investigadoresTécnicas de litigio oralEsta es una asignatura de la cual se han asido las facultades de derecho para for-mar a los abogados en técnicas de juicio oral, en general, copiando modelos de agencias extranjeras, sin considerar que lo que estas han procurado es perfeccio-nar conocimientos de personas ya capacitadas.La improvisación y escasa integración de la asignatura se evidencia, entre otras cosas, porque es propuesta como asignatura electiva, descontextualizada de los programas ordinarios. Por manera que si bien los abogados deben ser forma-dos en técnicas de juicio oral, dicha formación debe surgir dentro de un programa integral	 dentro	 de	 un	 horizonte	 de	 sentido	 procesal,	 previamente	 definido.	 Es	preciso que el abogado, a través de esta asignatura, adquiera dominio sobre los siguientes	aspectos	técnicos	y	científicos:a. Fenomenología de la percepciónb.	Factores	sicológicos	influyentesc. Teoría del casod. Intervenciones en audiencias preliminarese. Intervenciones en audiencia de acusaciónf. Intervenciones en audiencia preparatoriag. Intervenciones en audiencia de juicio oralh. Práctica del testimonioi. Incorporaciónj. Alegatos de conclusión250Producción probatoria de la verdad. Ley 906 de 2004PENAL 8PasantíasConforme a la guía que nos asiste, esto es, descubrir y proponer la guía indis-pensable para la formación de un abogado apto para intervenir en procesos de corte acusatorio y adversarial, ese conocimiento, así como su concreción práctica mediante el desarrollo de destrezas y habilidades de litigio, debe completarse con prácticas idóneas que los aproxime al espacio judicial con el acompañamiento experto preciso. Teniendo en consideración que los actores del espacio judicial de	la	Ley	906	de	2004	comprometen	posiciones	procesales	específicas,	legalmen-te determinadas, la aproximación debe orientarse hacia ellos mediante prácticas comúnmente designadas pasantías	 en	 las	 siguientes	 instituciones	 (el	 orden	no	atiende	a	ningún	propósito	preestablecido):a. Defensoría Públicab. Fiscalía General de la Naciónc. Consejo Superior de la Judicatura: juzgados de todos los nivelesd. Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Las deficiencias de las estructuras curriculares y una propuesta sustitutiva

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