Artículo de investigaciónEsta investigación contiene un análisis sobre la figura del silencio administrativo positivo en relación con la nueva regulación introducida por la ley 1437 de 2011 respecto del derogado Decreto 01 de 1984 al incluir como requisito de eficacia del acto ficto positivo la protocolización del mismo. Ésta, se ocupará de la competencia que tiene la administración para pronunciarse sobre una petición sujeta al silencio administrativo positivo cuando ha vencido el término previsto para su respuesta, dicho análisis será aplicado a una actuación administrativa específica de la autoridad minera definida en el artículo 108 del Código de Minas como “renuncia al contrato de concesión minera”.PregradoAbogad

Fernández-Bermúdez, Lina Johana

Repositorio Institucional Universidad Católica de Colombia

  Ç                              RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE -                                  1 FACULTAD DERECHO BOGOTÁ D.C.   LICENCIA CREATIVE COMMONS: Atribución no comercial.  AÑO DE ELABORACIÓN: 2015  TÍTULO: De la competencia que tiene la administración para pronunciarse ante el silencio administrativo positivo en la ley 1437 de 2011: un estudio sobre su aplicación en el trámite de renuncia al contrato de concesión minera.  AUTORA: Fernández Bermúdez Lina Johana   DIRECTOR: Panesso Jose Luis  MODALIDAD: Trabajo de investigación.  PÁGINAS: 30 TABLAS: 0 CUADROS: 1 FIGURAS: 0 ANEXOS: 0   CONTENIDO:   INTRODUCCIÓN 1. CONTRATO DE CONCESIÓN Y RENUNCIA MINERA 2. ACTO ADMINISTRATIVO FICTO Y ELEMENTOS 3. COMPETENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PARA PRONUNCIARSE 4. EL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO EN EL TRÁMITE DE RENUNCIA CONCLUSIONES REFERENCIAS           Ç                              RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE -                                  2  DESCRIPCIÓN:   Esta investigación contiene un análisis sobre la figura del silencio administrativo positivo en relación con la nueva regulación introducida por la ley 1437 de 2011 respecto del derogado Decreto 01 de 1984 al incluir como requisito de eficacia del acto ficto positivo la protocolización del mismo. Ésta, se ocupará de la competencia que tiene la administración para pronunciarse sobre una petición sujeta al silencio administrativo positivo cuando ha vencido el término previsto para su respuesta, dicho análisis será aplicado a una actuación administrativa específica de la autoridad minera definida en el artículo 108 del Código de Minas como “renuncia al contrato de concesión minera”.   METODOLOGÍA:   En cuanto a su forma este estudio se realiza bajo los parametros de la circular 002 de 2015 emitida por la Universidad Catolica de Colombia, ahora bien, en la parte sustancial, se realiza un barrido jurisprudencial y doctrinal con el fin de conocer y comparar los pronunciamientos, emitiendo asi, una investigacion descriptiva en cuanto a las normativas referidas (Ley 685 de 2001, Decreto 01 de 1984 y Ley 1437 de 2011) y su aplicación en concreto.  PALABRAS CLAVES:   SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, COMPETENCIA, CONTRATO DE CONCESIÓN, RENUNCIA, EXISTENCIA, VALIDEZ, FIRMEZA, DERECHO ADMINISTRATIVO  CONCLUSIONES:   Analizados los ámbitos del silencio administrativo positivo en el contrato de concesión minera se coliguen los siguientes aspectos, si el acto administrativo ficto cumple los presupuestos del artículo 108 de la Ley 685 de 2001 previsto en el la ley pero no ha sido protocolizado, el acto ficto o presunto, nace a la vida jurídica por el paso del tiempo sin que se requiera pronunciamiento de la administración, ya que la ley es quien determinó el momento a partir del cual se declara la existencia del acto ficto por silencio administrativo positivo, el cual para el caso de la renuncia de contratos de concesión minera se estableció en el artículo 108 de la   Ç                              RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE -                                  3 Ley 685 de 2001, indicando que la autoridad minera cuenta con el término de treinta (30) días para resolver la solicitud.   No obstante, el artículo 108 del Código de Minas introdujo como requisito de viabilidad de la renuncia, encontrase a paz y salvo con las obligaciones existentes al tiempo de solicitarla, lo cual implica una carga para el concesionario de acreditar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, para la procedencia de su renuncia. La no protocolización del acto ficto implica que la renuncia ha sido aceptada pero no tiene la virtualidad de producir efectos jurídicos, por lo que no se materializa la extinción del vínculo contractual, hasta tanto el concesionario no realice el procedimiento para invocar el silencio administrativo positivo conforme el artículo 85 del CPACA.   Ahora bien si acto administrativo ficto no cumple los presupuestos del artículo 108 de la Ley 685 de 2001 y no ha sido protocolizado, tal como lo indica el artículo 108 de la Ley 685 de 2001, para que opere el silencio administrativo positivo es necesario que concurran dos requisitos esenciales: i) el cumplimiento de las obligaciones, como requisito de viabilidad de la solicitud y condición para adquirir el derecho, y ii) que transcurra el tiempo indicado para que la administración emita su pronunciamiento, que corresponde a los treinta (30) días para que opere el silencio administrativo.   Por lo tanto, adquirido el derecho por parte del concesionario, tan solo se requiere el paso del tiempo para que se configure el silencio administrativo positivo, por lo que la ausencia del derecho no le imprime la calidad de acto administrativo ficto así se verifique el cumplimiento del plazo definido para alegar la presunción del acto. La concurrencia de las dos requisitos como condición para la existencia del acto presunto fue entendida en igual sentido por el Consejo de Estado (Consejo de Estado de Colombia, 2013), señalando que la sola solicitud y el transcurso del plazo, sin obtener respuesta de la administración, no basta para que se entienda configurado el acto administrativo ficto favorable a la petición del concesionario, previendo entonces que se den los requisitos para su reconocimiento, resaltando entonces que no es dable obtener lo que en derecho no corresponde.   En este caso, el acto administrativo ficto ni siquiera ha nacido a la vida jurídica toda vez que el mismo Consejo de Estado expresa que no es posible referir la aplicación del silencio administrativo positivo, cuando no se han cumplido los requisitos legales propios del trámite, en el presente caso, la solicitud de renuncia es inviable, y por tanto, no hace surgir ninguna clase de derechos sobre el   Ç                              RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE -                                  4 concesionario, por lo que se desestima y el contrato de concesión mantiene su vigencia.   En el escenario en que el acto administrativo ficto que cumple los presupuestos del artículo 108 de la Ley 685 de 2001 previsto en el la ley y ha sido protocolizado, es necesario resaltar que es el campo mas favorable para el concesionario, pues en el momento en que el acto administrativo cumple a cabalidad los requisitos establecidos del artículo 108 del código de minas, en cuanto a la viabilidad al momento de solicitarla, la administración tiene el deber de aceptar la solicitud de renuncia y extinguir las obligaciones generadas en el contrato de concesión.   Luego, una vez cumplidas las formalidades legales, el acto ficto cobra los efectos jurídicos por la protocolización realizada por el peticionario, es decir, la administración pierde su competencia para pronunciarse, configurándose así el silencio administrativo positivo dando por terminada la relación contractual.   Finalmente si el acto administrativo ficto que no cumple los presupuestos del artículo 108 de la Ley 685 de 2001 previsto en el la ley y ha sido protocolizado, el acto administrativo ficto existe, en la medida en que trascurrió el tiempo previsto para dar respuesta, sin la pronunciación por parte de la administración, pero adolece de validez, al no cumplir los requisitos exigidos para dar viabilidad a la renuncia, pero queda en firme, toda vez que el concesionario realiza la debida protocolización generando así la perdida de competencia de la autoridad minera.  La administración se encuentra en una situación particular, pues la decisión ficta se encuentra en firme, es decir, la renuncia está aceptada, a pesar de que adolece de algunos presupuestos exigidos para su viabilidad, dado que en vía administrativa la actuación administrativa concluye pierde competencia para cualquier pronunciamiento al respecto, quedándole únicamente la posibilidad de iniciar una nueva actuación administrativa solicitando la revocatoria del acto ficto, o acudiendo a la jurisdicción contencioso administrativa para solicitar la nulidad del acto ficto.           Ç                              RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE -                                  5   FUENTES:   Libros Ortiz, M. Á. (1992). Derecho de minas. Santa Fe de Bogotá: Temis. Real Academia Española. (1970). Diccionario de la lengua española. (19ª ed.). Madrid: RAE. Berrocal Guerrero, L. E. (2014). Manual del acto administrativo. Bogotá: Librería Ediciones del Profesional. Riascos Gómez, L. O. (2008). Derecho administrativo colombiano: teoría general del acto administrativo. El perfeccionamiento, la existencia, la validez y la eficacia del acto desde la perspectiva de la nulidad, la revocatoria y la suspensión de los efectos jurídicos. Pasto: Universidad de Nariño. Solano Sierra, J. E.  (2008). Práctica administrativa (8ª ed.). Bogotá: Doctrina y Ley.  Legislación Congreso de la República de Colombia. (2000). Exposición de motivos de la Ley 685 de 2001. Recuperado de ftp://ftp.camara.gov.co/secretaria/debate1/P.L.026-2005C%20(LEY%20685%20DE%202001).doc Congreso de la República de Colombia. (2001). Ley 685 de 2001. Congreso de la República de Colombia. (2011). Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: Ley 1437. Congreso de la República de Colombia. (2011). Ley 1437.    Ç                              RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE -                                  6 Jurisprudencia Consejo de Estado de Colombia. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. (2010). Radicación: 76001 23 31 000 2005 02540 01, once (11) de noviembre. C. P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Consejo de Estado de Colombia. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. (1998). Radicación número: AC-5436, febrero cinco (5). C. P. Ricardo Hoyos Duque. Consejo de Estado de Colombia. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. (2010). Radicación número: 25000-23-26-000-2009-00077-01(37446), doce (12) de mayo. C. P. Mauricio Fajardo Gómez, Consejo de Estado de Colombia. Sección Primera. (2004). NR: 223858 25000-23-24-000-1999-0389-02 5743. C. P. Camilo Arciniegas Andrade. Consejo de Estado de Colombia. Sección Tercera. Subsección B. (2013). Sentencia de 28 de febrero. Radicación número: 25000-23-26-000-2001-02118-01(25199). C.P. Danilo Rojas Betancourth. Consejo de Estado de Colombia. Sentencia del 28 de Octubre  de 1998. Exp. 3443. C. P. Juan Alberto Polo Figueroa. Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-400 de 1999. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.  Webgrafía Universidad Nacional de Colombia. Módulo gestión pública y derecho administrativo. Capítulo 3. El acto administrativo. Lección 1: “concepto y elementos del acto administrativo”. Recuperado de: http://datateca.unad.edu.co/contenidos/109133/eXe_109133/Modulo/MODULO_EXE/leccin_1_concepto_y_elementos_del_acto_administrativo.html 

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