La Universidad de Panamá cumplió 80 años de fundada el pasado 7 de octubre de
2015. Ha contado con cinco estatutos legales, producto de circunstancias diversas que
tienen conexión con la relación Universidad-Estado, donde, en un balance favorable, las
demandas universitarias de autonomía, libertad de cátedra y cogobierno –haciéndose eco
de la tradición universitaria latinoamericana que se acogió en la región desde Córdoba en
1918- fueron plasmadas en tres de esos cuerpos normativos

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Revistas Científicas de la Universidad de Cádiz

219 LA DEFENSORÍA UNIVERSITARIA DE PANAMÁ: COSTOS Y RIESGOS Anayansi Turner Defensora de los Derechos de los Universitarios Universidad de Panamá EL ESTABLECIMIENTO DE LA DEFENSORÍA UNIVERSITARIA EN LA LEY Y ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ La Universidad de Panamá cumplió 80 años de fundada el pasado 7 de octubre de 2015.  Ha contado con cinco estatutos legales, producto de circunstancias diversas que tienen conexión con la relación Universidad-Estado, donde, en un balance favorable, las demandas universitarias de autonomía, libertad de cátedra y cogobierno –haciéndose eco de la tradición universitaria latinoamericana que se acogió en la región desde Córdoba en 1918- fueron plasmadas en tres de esos cuerpos normativos.1 1 El Decreto No 29 de 29 de mayo de 1935 creó la Universidad de Panamá, siendo el Ejecutivo quien nombraba al Rector y profesores de la misma.  El descontento generado por esta situación llevó a la expedición del Decreto No 720 de 17 de noviembre 1943, de autonomía parcial; y, luego, a la aprobación de la Ley No 48 de 24 de septiembre de 1946, de autonomía universitaria. Ésta fue reemplazada por el Decreto de Gabinete No 144 de 3 de junio de 1969, que militarizó la institución y cercenó toda participación política, producto del golpe de Estado producido en el país en 1968.  Las luchas universitarias por autonomía y cogobierno llevaron a la aprobación de la Ley No 11 de 8 de junio de 1981, la cual fue sustituida por la Ley No 24 de 14 de julio 2005 y su reforma de 2010, que combina conquistas plasmadas por la anterior Ley con cambios en la forma de selección de las autoridades (ponderación del voto y reelección).  DOI: http://dx.doi.org/10.25267/Rueda.2016.i1.15220 Como catedrática universitaria de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas propusimos, junto con una agrupación estudiantil, la figura de la defensoría universitaria en la nueva ley orgánica que se discutía en el 2005, haciéndonos eco de experiencias exitosas de otros países del continente americano y europeo, la cual fue acogida y plasmada efectivamente en la Ley No 24 de dicho año.  El artículo 79 de la precitada Ley preceptúa: “Existirá un Defensor de los Derechos de los Universitarios, el cual será independiente y cuya función será velar por los derechos de los estudiantes, profesores y administrativos.  Sus otras funciones estarán consignadas en el Estatuto Universitario y los reglamentos.  Este funcionario será escogido por el Consejo General Universitario”. El Estatuto Universitario actual que desarrolla le Ley Orgánica de la institución y entró a regir en el 2009, desarrolla la figura, en su capítulo XI.  Su artículo 367 reafirma la disposición legal, cuando dice: “La Universidad de Panamá tendrá un Defensor de los Derechos de los Universitarios.  Sus actuaciones no están sometidas a mandato imperativo de ninguna autoridad u órgano de gobierno de la Universidad de Panamá, por lo que tiene un carácter independiente, salvo en lo referente a las normas relativas a su personal administrativo, al uso de los recursos financieros y materiales que le sean asignados y a lo dispuesto en la Ley y en el presente Estatuto.  El Defensor de los Derechos de los Universitarios dirigirá la unidad denominada Defensoría de los Universitarios”. En cuanto a sus funciones, el artículo 369 de dicho Estatuto señala las siguientes: a) Velar por el respeto de los derechos y libertades de los profesores, estudiantes yadministrativos, ante las actuaciones de las autoridades, órganos de gobierno yfuncionarios universitarios;221   b) Organizar y dirigir las labores del despacho;   c) Proponer al Rector el nombramiento del Defensor Adjunto y del personal técnico y administrativo que sea necesario para el desarrollo de sus actividades;   d) Proponer al Consejo General Universitario el Reglamento General del Defensor de los Derechos de los Universitarios y sus modificaciones;   e) Recabar de las distintas instancias universitarias, cualquier información que considere oportuna para el cumplimiento de sus fines;   f) Solicitar a cualquier autoridad, órgano de gobierno o funcionario universitario, los informes que resulten necesarios para atender las quejas o denuncias presentadas por los universitarios, los cuales deben ser remitidos en los plazos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo General;   g) Elaborar los informes que le sean solicitados por los órganos de gobierno, en relación con las actuaciones de su despacho;   h) Presentar las propuestas que considere adecuadas para la solución o atención de los casos que sean sometidos a su conocimiento o respecto de los cuales haya asumido de oficio;   222  i) Utilizar los mecanismos de mediación y conciliación, conforme a las disposiciones legales que regulan la materia, para la solución de los conflictos que surgieren respecto de los estamentos, autoridades y órganos de gobierno de la Universidad de Panamá;   j) Dar seguimiento a las actividades y decisiones de los órganos de gobierno de la Universidad de Panamá;   k) Asistir a las reuniones de los diferentes órganos de gobierno de la Universidad de Panamá; con derecho a voz, siempre que sean temas de su competencia;  l) Presentar anualmente al Consejo General Universitario, dentro de los tres primeros meses de cada año académico, una memoria de las actividades desarrolladas en el año anterior;   m) Ejercer las demás funciones establecidas en la Ley, en el presente Estatuto y en el Reglamento General del Defensor de los Derechos de los Universitarios.  Adicionalmente, el artículo 370 del mencionado Estatuto establece que el Defensor de los Derechos de los Universitarios “tendrá como misión contribuir a la solución consensuada de los conflictos, respetando los principios de justicia y legalidad, a fin de contribuir al mejoramiento de la calidad integral de la Universidad de Panamá”; y el 371, indica que podrá formular  “recomendaciones de carácter ético y moral, que no son obligatorias ni vinculantes, pero las mismas deben ser ponderadas por los órganos de gobierno, autoridades y funcionarios correspondientes. Estas recomendaciones se harán de conocimiento público”.  223  Sin embargo, no fue hasta el 22 de marzo de 2012 que fue escogido por el Consejo General Universitario (CGU), por cinco años, el primer Defensor, recayendo en mi persona, este privilegio.   A) Defender la independencia de la DU: costos y riesgos.  Una vez fui escogida como Defensora, procedí a organizar el Despacho, lo cual significó desde ubicar un espacio físico en el Campus Central de ciudad de Panamá, para instalar nuestras oficinas; hacernos de un mobiliario y equipo electrónico; procurarnos un personal mínimo para el funcionamiento, incluyendo el nombramiento del Defensor Adjunto; así como redactar propuesta de estructura orgánica, presupuesto y Reglamento específico de la Defensoría; y hacer campaña en la comunidad universitaria para dar a conocer los servicios que prestamos.   Iniciamos con la absolución de consultas y atención de quejas presentadas por profesores, estudiantes y administrativos, pero con miras a desarrollar también en el quinquenio, un Departamento de Resolución pacífica de conflictos y un Observatorio Universitario.   Sin embargo, tuvimos que pagar el precio de no ser la candidata de las autoridades universitarias y haber sido escogida por profesores y estudiantes mayoritariamente que componen el máximo órgano de gobierno universitario.  Las dificultades en el desarrollo de estas tareas implicaron un camino cuesta arriba, lleno de obstáculos de todo tipo, situación que calificamos en su momento, de acoso laboral, que impedían de hecho, el funcionamiento de la Defensoría. Un año y tres meses después de encontrarnos en el ejercicio de nuestras funciones, las cuales procuramos desarrollar con suma diligencia, imparcialidad e independencia, específicamente, el 17 de julio de 2013, fui “suspendida provisionalmente” del cargo y 224  sometida a “proceso disciplinario”, en abierta violación a ese mismo Estatuto que no contempla la medida de suspensión, sino de remoción por hechos debidamente comprobados. El 12 de diciembre del mismo año se me abre otro proceso disciplinario, ahora como profesora, con su respectiva suspensión previa, mientras dure dicho proceso.   En ambas situaciones interpusimos los recursos legales respectivos.  Cuando obtuvimos el primer fallo a nuestro favor, por haber sido suspendida como docente, por parte del Juzgado 6º de Circuito Civil (7/3/14), el Rector argumentó intromisión en los asuntos internos de la Universidad de Panamá y se negó a cumplirlo, situación que subsiste hasta la actualidad.  En cuanto a recurso de Amparo de Garantías Constitucionales presentado en nuestra calidad de Defensora, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) acoge dicho Recurso y ordena el reintegro a mi posición, el 12 de agosto de 2013, cuestión que no se efectúo, por lo que nos vimos en la necesidad de solicitar desacato, ante lo cual el CGU, mediante Acuerdo de 26 de mayo de 2015 (casi 2 años después), decide reincorporarme al cargo de Defensora de los Derechos de los Universitarios, sin goce de salarios caídos. Una vez reintegrada a mi posición se repite la historia: se dan una serie de hechos dirigidos a impedir el normal funcionamiento de esta Oficina, que pasamos a enumerar como sigue: no reintegro a mi cátedra como docente universitaria, con la afectación salarial que esto implica, a pesar de que para ser Defensor hay que ostentar la categoría de docente regular; nulo presupuesto; carencia de estructura orgánica; no nombramiento de defensor adjunto; traslado de personal de la Defensoría a otras oficinas y no nombramiento de nuevo personal; no aprobación de Reglamento de la Defensoría; solicitud de desalojo de nuestras oficinas; incomunicación con órganos de gobierno y autoridades universitarias. 225  Aunque está pendiente la decisión final de la CSJ, el pago de los salarios caídos y mi reintegro como docente, nos reincorporamos al cargo de ombudsperson universitario, con el compromiso que adquirimos el 22 de marzo de 2012, cuando fuimos escogida por 5 años, de velar por el respeto de los derechos de profesores, estudiantes y administrativos, incluyendo los propios. La Defensoría de los Universitarios de la Universidad de Panamá forma parte de los mecanismos de protección de los derechos humanos con que cuentan las personas, en este caso, los universitarios.  No respetar su independencia, no dotar de los recursos humanos y materiales necesarios para su funcionamiento y no cooperar para garantizar su institucionalidad como ente de fiscalización y garantía de la legalidad, es afectar el acceso a la justicia a que tienen derecho un conglomerado importante de individuos como lo son más de 50,000 universitarios de esta institución.  B) Perspectivas de la DU.  La elección de nuevo Rector en la Universidad de Panamá, el pasado 29 de junio de 2016, abre nuevos derroteros a la Defensoría, en tanto la nueva autoridad electa suscribió, junto a cuatro candidatos a ese cargo,  el Pacto por los Derechos Humanos de los Universitarios, promovido por nuestra oficina, documento en el cual se comprometió a respetar los derechos consignados en la Constitución nacional y en la legislación universitaria a favor de docentes, estudiantes y personal administrativo y, en particular, a respetar la institucionalidad de la Defensoría, expresada en los siguientes términos: a)   Respeto de su carácter independiente y atribuciones legales y estatutarias, sin duplicidad de funciones con otras entidades universitarias.  226  b) Dotación de estructura orgánica a la Defensoría Universitaria, la cual debe ser cónsona con su carácter independiente y su labor de promoción y defensa de los derechos humanos universitarios.  c) Aprobación de su Reglamento Interno, que dote a la Defensoría Universitaria de un procedimiento eficaz, imparcial, confidencial y equitativo en la atención de quejas y denuncias presentadas por los universitarios.  d) Nombramiento del Defensor Adjunto que recomiende el Defensor de los Derechos de los Universitarios, en atención a los artículos  367 y 372 del Estatuto Universitario.  e) Garantía de presupuesto suficiente y personal idóneo, para prestar servicio expedito y eficiente a toda la comunidad universitaria, incluyendo CRUs, Extensiones y Programas Anexos, conforme a la Ley General de Presupuesto y las cifras anuales aprobadas a la institución.  f) Garantía de Oficinas y Equipos propios, para desarrollar adecuadamente su labor.  g) Fuero laboral para el personal de la Defensoría Universitaria, para no ser objeto de represalias, por la atención de casos y opiniones propias que se emitan en el ejercicio de funciones en la Defensoría.  El (la) Defensor(a) no puede ser 227  despojado de su cátedra universitaria, en tanto ser profesor(a) regular es requisito sine qua non para ser Defensor(a).2  Es lamentable que las actuales autoridades universitarias no hayan comprendido el carácter proactivo de estos organismos de control y, contrariamente, se hayan dedicado a perseguirnos, a través de procesos disciplinarios amañados, con suspensiones arbitrarias de nuestros cargos de Defensora y docente por más de dos años consecutivos, anulando de hecho la efectividad de esta Oficina. Somos conscientes que este compromiso adquirido por el nuevo Rector a través de este Pacto, pasa por desmontar el autoritarismo y centralismo reinantes, y su identificación con la real participación democrática en los órganos de gobierno universitarios, sobre la base del respeto a la legalidad y la divergencia de opiniones. Como dice Rubens Pinto Lyra, “La figura del ombudsman ha sido tradicionalmente hostilizada por todos aquellos que, preocupándose apenas con su ombligo, adoptan una postura defensiva, buscando tan solo garantizar, vegetativamente su autopreservación.  Temen y tiemblan delante de la perspectiva de un organismo de control –aún más democrático- que tenga fuerza suficiente para sacudir los bolsones de ineficiencia instalados en la Universidad, y que se preocupa en conformar el funcionamiento de esa institución a los intereses de la sociedad”. 3                                                                  2 Pacto por los Derechos Humanos de los Universitarios, firmado el 9 de junio del 2016, en las oficinas de la Defensoría Universitaria de la Universidad de Panamá, por los candidatos a Rector, Argentina Ying, Dorindo Jayans Cortez, Eduardo Flores, Justo Medrano y Nicolás Jerôme, 3  Pinto Lyra, Rubens.  “Análisis comparativo entre la Defensoría de los derechos universitarios de España y la Ouvidoría universitaria brasileña”, en: dhnet.org.br 228       229   230    231    232    233    234   235   

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