Existe un consenso creciente sobre la necesidad de adelantar medidas urgentes y eficaces que permitan superar las brechas educativas entre el mundo urbano y el mundo rural. Este consenso se soporta en la sobrada evidencia que muestra la relación que existe entre la educación de pésima calidad y el agravamiento constante de las condiciones de vida de las poblaciones rurales en Colombia. Lamentablemente, la conciencia de la necesidad no se ha compadecido ni con la voluntad ni con la efectividad de la acción pública. Por ello, la situación de la educación en los contextos rurales es más que dramática. En ese contexto, el acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Colombia y la extinta guerrilla de las FARC-EP, en 2016, planteó el compromiso de adelantar un programa nacional de educación rural que podría constituirse en una herramienta efectiva para la construcción de paz en los territorios más marginados del país. En respuesta a ese compromiso, se ha venido formulando en los últimos meses el llamado Plan Especial de Educación Rural (PEER), el cual aspira a consolidarse como el documento orientador de la nueva política de educación rural para el país. En este texto se hace una lectura crítica del PEER que se ha venido formulando y se argumenta que, si bien su mecanismo participativo y sus propósitos son acertados, el enfoque escogido para su formulación no permite atender los problemas estructurales de la educación rural de Colombia y que, al fomentar de modo implícito un modelo excluyente, no podrá consolidarse como herramienta de construcción de paz. Adicional a ello, mostramos de modo incipiente la experiencia educativa del pueblo de Murui, en el departamento de Putumayo, y sugerimos que en ella puede haber pistas para hacer ajustes en el plan propuesto hasta ahor
