Se trata de establecer en el presente estudio, los precedentes jurídicos expresados por la Corte Constitucional, en la que permite el cambio de nombre a las personas por segunda vez, muy a pesar de estar establecido en el ordenamiento jurídico colombiano, que tal situación solo procede por una sola vez; en tanto la Corte decreta la inaplicación de un norma legal, con el Decreto 1260 de 1970, dándole paso triunfal a la singularidad de cada proyecto de vida individualmente considerado, desde la óptica de los derechos fundamentales estatuidos en la Carta del 91 y el libre desarrollo de la personalidad institucionalizado en el Artículo 16 de la norma superior

Maury Palacio, Nelson Enrique

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Corporación Universitaria Rafael Núñez: Revistas CURN

 
 
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Maury Palacio Nelson Enrique 
 
 
Vol. 6, No. 1 Diciembre de 2014  pp.  56 - 65 
  
Artículo Original  
Recibido para publicación: Mayo 20 de 2014 
Aceptado para publicación: Noviembre 8 de 2014  
 
LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD EN CAMBIO DE NOMBRE A 
PERSONA POR SEGUNDA VEZ EN COLOMBIA 
 
Autores: Nelson Enrique Maury Palacio1 
 
Correspondencia en: nmauryp18@curnvirtual.edu.co 
 
 
RESUMEN. 
 
Se trata de establecer en el presente estudio, los precedentes jurídicos expresados por la 
Corte Constitucional, en la que permite el cambio de nombre a las personas por segunda vez, muy 
a pesar de estar establecido en el ordenamiento jurídico colombiano, que tal situación solo procede 
por una sola vez; en tanto la Corte decreta la inaplicación de un norma legal, con el Decreto 1260 
de 1970, dándole paso triunfal a la singularidad de cada proyecto de vida individualmente 
considerado, desde la óptica de los derechos fundamentales estatuidos en la Carta del 91 y el libre 
desarrollo de la personalidad institucionalizado en el Artículo 16 de la norma superior. 
 
Palabras Claves 
 
Constitución, Derechos fundamentales, Proyecto de vida, Dignidad humana. 
      
ABSTRACT 
     
It is a question of establishing in the present study, the juridical precedents expressed by the 
Constitutional Court, in which the renaming allows to the persons for the second time, very in spite 
of being established in the juridical Colombian classification, that such a situation only proceeds for 
an alone time; while the Court decrees the laziness of one legal norma, with the Decree 1260 of 
1970, giving him triumphal step to the singularity of every individually considered project of life, 
from the optics of the rights fundamental estatuidos in the Letter of 91 and the free institutionalized 
development of the personality in the Article 16 of the top norm. 
 
Keywords 
 
Constitution, fundamental rights, project life, human dignity 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Desde la entrada en vigencia de la novel Constitución del 91 se han venido 
desarrollado una serie de cambios sustanciales en el campo del Derecho, pero 
fundamentalmente en el Derecho Constitucional y por ende en los derechos 
fundamentales, institucionalizados en la Carta; si por ejemplo, el Artículo 16 de la 
                                                 
1 Abogado. Secretario General del Honorable Concejo Municipal de Puerto Colombia  
 
 
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Constitución Nacional, se enseña que “Todas las personas tienen derecho al libre 
desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los 
derechos de los demás y el orden jurídico” (Colombia. Asamblea Nacional 
Constituyente, 1991). Así mismo en el Preámbulo de la norma superior, se 
destacan algunos elementos, como el de la obligación del Estado en  
 
asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la 
igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, 
democrático y participativo que garantice un orden político, económico y 
social justo, y …(1991).  
 
          Existe un interés en manifestar  la opinión de los autores de este Artículo, 
partiendo del conocimiento de hechos, decisiones, análisis de distintas 
manifestaciones a las cuales está sujeto el ser humano, del ciudadano que con 
acciones constitucionales, han cambiado paulatinamente el rumbo de las  
instituciones políticas. 
 
  Académicamente se realiza un modesto aporte al debate dentro y fuera del 
claustro universitario, pues se trata de decirle a los pares   de otros escenarios de 
la academia, que aunque conscientes del interés del Estado colombiano en 
dinamizar la implementación de un Estado Social de Derecho, permitiéndole a los 
asociados, determinar con libertad, cualquiera sea su proyecto de vida, bajo el 
criterio de dignidad humana, como elemento dogmático de la Constitución Política; 
resulta coherente, que el interés en el tema, se adecúa y ajusta perfectamente al 
contexto nacional, por ejemplo, se encuentran discursos muy conservadores, 
como el suscitado hace poco tiempo en el Congreso de la República  de 
Colombia, en torno a una posición conservadora, sobre el tema del matrimonio 
igualitario, lo cual generó malestar en un sector de la población y por ende el 
pronunciamiento serio y contundente de muchas vertientes sociales con disimiles 
criterios.  
 
 
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Hoy son múltiples, los pronunciamientos de la Corte Constitucional y de los 
organismos defensores de los Derechos Humanos, el hecho de haberle concedido 
al accionante la posibilidad de cambiar su nombre por segunda vez, aplicando 
normas de carácter legal, se configura como una fulgurante forma de garantizar 
derechos que antes no eran tenidos en cuenta y mucho menos cuando de 
individualizarlos, se trataba, como es el caso del cual se ocupa la Sentencia 
reguladora de la presente temática. 
    
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
      
Los  elementos materiales de los cuales se dispuso para el desarrollo del 
presente trabajo de línea jurisprudencial, fueron sin lugar a dudas las Sentencias 
dictadas por la Corte Constitucional, tales como la Sentencia T – 977 de 2012, 
Sentencia T- 1033 de 2008 y Sentencia T – 221 de 1994, en cuyo texto, se hace 
énfasis de manera reiterada en el derecho al libre desarrollo de la personalidad. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 Al análisis de las sentencias que  se desglosan en la investigación y para 
que no quede ninguna duda, acerca de cuál es la verdadera intención de un 
verdadero interés del tema, se le agrega el trabajo de someterlas a un estudio 
axiológico, lo cual no es otra cosa, que el tratado de la naturaleza de valores o 
juicio valorativo que se ha sido extractado del contenido de la Sentencia T – 977 
de 2012 y de la Sentencia 1033 de 2008, distinguiendo en cada una de ellas cuál 
es su fuerza vinculante o elementos implícitos que obviamente hacen parte de la 
ratio decidendi y contrario sensu, se hace mención de la obiter dicta, para cada 
caso jurisprudencial. 
 
El Artículo 230 de la Constitución Política de Colombia, señala que: “Los 
jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, 
 
 
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la jurisprudencia, los principios generales del Derecho y la doctrina son criterios 
auxiliares de la actividad judicial.” (1991). Del mismo modo la Carta del 91, señala 
en el Artículo 4, lo siguiente:  
 
La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre 
la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones 
constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en 
Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las 
autoridades (1991) 
 
Es pues, hora de entrar  analizar separadamente cada una de las Sentencias 
reguladoras del tema de este estudio.  
 
- Análisis estático de la Sentencia T – 977 de 2012.  
 
Los hechos de esta Sentencia afirman que un señor a quien por decisión de 
La Corte Constitucional, tiene por nombre XXX, en el año 2007 mediante escritura 
pública realizó cambio de nombre, porque deseaba ajustarlo a su “identidad 
religiosa”. Prosigue el relato de los hechos, que un año más tarde, el accionante, 
“inició un proceso integral de construcción de una nueva identidad de género 
como mujer, pues a pesar de que fisiológicamente su cuerpo presenta 
características masculinas desde su nacimiento, sentí que mi sexo no 
correspondía a la construcción de identidad de género que deseaba” (Colombia. 
Corte Constitucional, 2012).  
 
Tres años después, el accionante, impetró derecho de petición en la Notaría, 
solicitando el cambio de nombre por segunda vez, situación que fue negada por la 
entidad, fundamentando su negativa en el Artículo 94 del Decreto 1260 de 1970 
(1970) el cual preceptúa, que en Colombia se permite cambio de nombre una sola 
vez. Con base en estos hechos, se interpone la acción constitucional de tutela y 
 
 
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solicita al juez de amparo ordenar a la Notaria, adelantar el procedimiento 
correspondiente para el trámite de cambio de nombre, por segunda vez, con el 
aporte del acervo probatorio pertinente y conducente. 
 
Esgrime también el actor, que la negativa de sus pretensiones, vulnera sus 
derechos al libre desarrollo de la personalidad constitucional y a la dignidad 
humana, puesto que se expone a burlas y tratos discriminatorios, “ya que cuando 
se expone públicamente el nombre que aparece en el documento de identidad 
dista a plena vista de [su] condición identitaria como mujer.” Por lo cual desea 
obtener la tutela de sus derechos, para cambiar su nombre por un nombre de 
mujer. Tal situación, fue negada por los jueces constitucionales de primera y 
segunda instancia. 
 
Sabiamente la Corte Constitucional, institucionalizada para la salvaguarda 
del bloque de constitucionalidad, expreso las siguientes consideraciones o 
fundamentos de  derecho, con una fuerte fuerza vinculante extraordinaria (Corte 
Constitucional. sentencias T-532 de 1992 y C-221 de 1994.), cuando señaló: “ 
Además, el pluralismo como principio constitucional (Artículo 1° Constitución 
Nacional), así como el contenido normativo correspondiente a la autonomía 
personal (derecho de autonomía personal), cuya garantía se deriva, según la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional, del derecho al libre desarrollo de la 
personalidad (Artículo 16 Constitución Nacional), del derecho de 
autodeterminación (Corte Constitucional. Sentencia T-124 de 1998), que lo trae 
vinculado en el Artículo 9 la Constitución Nacional) y del derecho de dignidad 
humana (Corte Constitucional. Sentencia C-355 de 2007), en el Articulo  1° de la 
misma Constitución, soportan en buena medida la posibilidad de implementar 
proyectos de vida individuales con los objetivos más diversos que cada individuo 
pueda diseñar.  
 
 
 
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La consagración del pluralismo como pilar fundamental de la organización de 
la sociedad colombiana, implica la prevalencia de la autonomía (Corte 
Constitucional – Sentencia SU-337 de 1999), y así del respeto por las decisiones 
que dentro del orden legal tomen los individuos como seres libres. 
  
 Además, expresó la Corte que la entrada en vigencia del principio de 
organización pluralista (general) y del derecho a la autonomía personal o 
singularidad, se desprenden importantes principios que limitan el espacio de 
libertad de las personas. Es así que puede afirmarse que la competencia de las 
autoridades no tiene prima facie, el alcance de regular dimensión son aquellas 
conductas de las personas, que no obstruyan el goce pleno de otras personas, en 
cuanto a sus derechos se refiere. Así también se deduce de lo transcrito a 
continuación, sobre la obiter dicta de la sentencia aludida, al manifestar el Alto 
Tribunal: 
 
Si bien lo anterior es suficiente para conceder el amparo, conviene señalar 
por último que si bien la persona demandante ejerció con anterioridad la 
facultad que otorga la ley para modificar el nombre con el fin de fijar su 
identidad personal, lo que en principio haría improcedente un nuevo cambio, 
esta Sala no puede desconocer que se trata de un caso excepcional en el 
que la aplicación inflexible de la restricción legal compromete el plan de vida 
de una persona que ha tomado medidas incluso de carácter quirúrgico para 
conseguir una determinada identidad... 
 
Por último la corte, fundada en aspectos netamente jurídicos, profiere 
Sentencia, ordenando la protección de los derechos constitucionales del actor, 
revocando la sentencia proferida por el aquem y ordenado a la respectiva Notaría, 
inaplicar la norma de carácter legal, para proceder al cambio de nombre del 
accionante, por segunda vez. 
 
 
 
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- Análisis estático de la Sentencia 1033 de 2008  
En esta segunda Sentencia, que igualmente toca el tema central o eje del 
estudio, se trata de una Acción de Tutela, cuyo actor pretende se cambie su 
nombre por segunda vez, narrando los siguientes hechos: El accionante narra 
que, debido a su condición, decidió cambiar su nombre original masculino, por un 
nuevo nombre femenino. Adicionalmente, realizó diferentes tratamientos a nivel 
hormonal para obtener una apariencia más femenina. 
 
Agrega que como consecuencia de esta novedosa orientación sexual 
personal, se vio inmerso en una vida de prostitución y degradación que lo hizo 
recapacitar sobre su futuro al punto de decidir dejar atrás la vida que llevaba para 
intentar la conformación de una familia y la consecución  de un trabajo digno. 
 
Como consecuencia de lo anterior, el actor solicitó a la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, que le autorizara la posibilidad de retomar su nombre 
original, lo cual fue denegado. 
 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, negó las pretensiones del 
accionante, en consideración a que en Colombia, solo procede el cambio de 
nombre a personas, por una sola vez (Colombia. Congreso de la República, 1970). 
 
         Consideró en su momento La Corte colombiana en la ratio decidendi de la 
Sentencia, que: 
 
Dentro de los atributos de la personalidad, se encuentra el nombre que goza 
de naturaleza plural al ser i) un derecho fundamental inherente a todas las 
personas por el solo hecho de su existencia, ii) un signo distintivo que revela 
la personalidad del individuo y iii) una institución de policía que permite la 
identificación y evita la  confusión de personalidades (Colombia. Corte 
Constitucional,  2008). 
 
 
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Más adelante, en el mismo texto,  el Alto Organismo subraya: 
 
Bajo este entendido, la fijación del nombre, como atributo de la personalidad, 
resulta determinante para el libre desarrollo del plan de vida individual y para 
la realización del derecho a la identidad, en la medida en que, como se dijo 
anteriormente, aquél constituye el signo distintivo del sujeto en el plano 
relacional (2008). 
 
Con estos argumentos La Corte Constitucional, decidió, tutelar las 
pretensiones del actor, ordenado a la Registraduria Nacional, proceder en un 
tiempo perentorio, al cambio de nombre del accionante, por segunda vez, 
asignándole el nombre que originalmente éste tenía. 
 
CONCLUSIONES 
 
Colombia ha vendido cambiando paulatinamente sus costumbres, su 
ordenamiento jurídico y se encuentra posicionada en los derroteros de las culturas 
democráticas más modernas del universo. Eso significa un gran avance para más 
de cuarenta millones de colombianos. 
 
Estos cambios conducen entonces sin vacilaciones a decir hoy por hoy, que 
se está frente a procesos de renovación, en las costumbres jurídicas en las que 
impera la condición fundamental de lo social, la persona humana, y sin 
exageraciones ni vacilaciones se ha pasado de una vez por todas de un Estado de 
Derecho a un Estado Social de Derechos, en donde, visto desde la óptica de los 
Derechos Humanos, del Derecho  Internacional Humanitario, de instituciones 
defensoras de estos derechos, de sociedades aglutinadas como grupos reales de 
poder, que incursionan en la vida constitucional, para hacer valer sus derechos 
 
 
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prevaleciendo el derecho social, no solo para hechos de carácter general, sino en 
eventos singulares como ha sido planteado en la Sentencia T- 977 de 2012. 
 
A criterio personal el cambio de nombre a personas por segunda vez, 
ordenada por la honorable Corte Constitucional en reiteradas Sentencias, es una 
muestra fehaciente de que se está avanzando en materia constitucional. En esa 
dirección se está adelantando una verdadera construcción jurídica de frente a los 
derechos fundamentales y los principios de un Estado Social de Derechos 
estatuidos en la Carta Política del 91. 
 
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López D. (2006). El derecho de los jueces. Bogotá: Legis 


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