This paper is an abstract based on environmental and forest Nicaraguan legislation. The objective was deliver a perspective of the approach and efficiency of these laws to improve the forest ecosystems conservation. The methodology to prepare it consisted in the critical review of three laws (Law 647: General law of environment and natural resources, law 462: Law of conservation, promotion and sustainable development of forest activities; and law 585: Law of restriction to cut, logging and commercialization of forest resource) thus complementary legal instruments of these laws takin account the legal elements that consider a general approach (ecosystem level) as well as particular (species level) useful to forest conservation strategies. Based on per se conservation point of view, the law 647 has many legal elements relate with forest resource conservation, emphasizing in institutional role to confer, to observe and to assess forest activities with negative potential impact, and conservation proposals of ecosystems forest, normative to forest soil protection and some elements to create the orientation to taxes incentives. The regulation of protected areas, is an important point of the law 462 being the approach to restrict the use and management of the ecosystems, contrary to needed of conserve ecosystems or species with ecological importance or representative. The analysis of the law 462 suggest that the normative emphasize in the definition of ecosystem to wood production and forest management; the restriction of logging in municipal protected areas and border zone, which is found in law 585 (also known as close law) that pretend to protect six forest species with undocumented threat, and unrestricting y some areas. The conservation perspective of Nicaraguan legislation content restrictive elements, while some regulations pretend sustainable use, but without orientation to application and assessment.Este artículo es una síntesis basada en la legislación ambiental y forestal nicaragüense. El objetivo fue presentar una perspectiva de la visión y eficiencia de ambos instrumentos jurídicos para la conservación de los ecosistemas forestales. La metodología para la preparación de este trabajo consistió en la revisión critica de tres leyes (Ley 647 de Reformas y Adiciones a la ley 217; Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, la ley 462: Ley de Conservación, Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector Forestal; y ley 585 Ley de Veda para el Corte, Aprovechamiento y Comercialización del Recurso Forestal), así como los reglamentos y normas técnicas de dichas leyes considerando los elementos jurídicos que de manera general (a nivel de ecosistema) como particular (a nivel de especies) establecen medidas de conservación. Desde el punto de vista de conservación per se, es la ley 647 la que contiene mayores elementos jurídicos relativos a la conservación del recurso forestal, estableciendo, por un lado, instancias facultadas para aprobar, supervisar y evaluar actividades con potencial degradante y propuestas de conservación de los ecosistemas forestales, normas generales para la protección de suelos forestales y ciertos elementos para la creación de mecanismos de acceso a incentivos de tipo fiscal. Un punto importante derivado de la ley 462 es el reglamento de áreas protegidas cuya visión gira alrededor de la restricción de uso de ecosistemas, y no así de conservar los ecosistemas forestales o especies de importancia ecológica, productiva o representativos. Al analizar elementos contenidos en la ley 462 se percibe que tanto esta como su reglamento y normas técnicas hacen mayor énfasis en la definición de ecosistemas para producción, y establecimiento de las reglas de carácter técnico para el manejo; lo más relevante en cuanto a conservación, la restricción de aprovechamiento en áreas de protección municipal, y zonas fronterizas; lo cual es ratificado en la ley 585 o de veda cuya acción gira en torno a la protección de seis especies con niveles poco documentadas de amenaza, y excepciones en ciertos territorios, lo que al final no contribuye a la conservación de dichas especies. La visión de conservación contenida en la legislación Nicaragüense expresa mayormente aspectos restrictivos, mientras otro grupo de normas persigue el uso sostenible, pero sin reglamentaciones claras e instrumentos para gestión y evaluación
