El punto de partida es la determinación del ámbito de la competencia exclusiva del Estado en la reglamentación del Derecho de extranjería y la verificación de los eventuales límites de tal Derecho, con la finalidad de perfilar unos principios reguladores. El estudio se completa con el examen de los "límites internos" en cuya cúspide está lo previsto en una Constutución democrática
