Aunque actualmente se considera que es necesario resarcir el daño moral
derivado de la responsabilidad extracontractual ha existido a lo largo de la historia una
gran dificultad para admitir la necesidad de resarcir estos daños.
Tomaremos como punto de referencia tres momentos históricos claves para el
desarrollo y regulación de esta materia.
En el Derecho romano los intereses no patrimoniales se llegaban a resarcir de
manera pecuniaria. Así la actio iniuriarum daba a la víctima de los delitos contra la
integridad física o moral una amplia protección de esos bienes jurídicos no
patrimoniales.
Debido a la imposibilidad para estimar el valor pecuniario de la persona libre y
de sus bienes no patrimoniales, se consideraba que en la mayoría de los casos era la
propia víctima la que debía fijar la cuantía de la lesión de esos bienes.
Sin embargo, en el Derecho romano también había ciertos casos en los que la
cuantía del resarcimiento estaba fijado por el Edicto de los Ediles como la muerte
producida por animales salvajes fijada en doscientos sueldos.
La solución que Las Partidas dan a este problema es regular las lesiones a
bienes extra patrimoniales incluso mediante indemnizaciones pecuniarias.
Mientras que el Derecho romano incluía dentro de las lesiones extra patrimoniales los
daños a la integridad moral (injurias y calumnias) el derecho de Las Partidas se ciñe
casi de manera exclusiva en los daños a la integridad física.
Tan importante fue esta regulación romana recogida por Alfonso X en Las
Partidas que García Goyena al redactar el proyecto del Código Civil de 1851 transcribe
literalmente algunas leyes de Las Partidas. Así ocurre en la propia definición que da
sobre el daño atendiendo principalmente, al igual que ocurre en el texto alfonsino, a
las consecuencias patrimoniales derivadas de una lesión corporal más que al daño
moral que pueda producir.
En definitiva muchos artículos de dicho proyecto se remiten a las regulaciones
hechas anteriormente tanto por el Digesto como por Las Partidas.
En nuestro Código actual se ve claramente la protección a la integridad física y la salud
en el art. 1908. 2: “Responderán los propietarios por los humos excesivos, que sean
nocivos a las personas o propiedades” que ayuda a interpretar el alcance del art. 1902
expresado en términos más restrictivos.
Esta interpretación se puede llevar a cabo puesto que nuestro Código Civil
deriva de la tradición jurídica española antes expuesta en la cual se acepta claramente
el resarcimiento de los daños extra patrimoniales.
Podemos concluir diciendo que, históricamente, se ha considerado un número
restringido de bienes jurídicos extra patrimoniales a proteger: vida, integridad física,
honor y fama; aunque en el presente siglo se amplía el elenco de bienes extra
patrimoniales protegidos gracias a la jurisprudencia.
Esto ocurre con la famosa STS 6-12-1912 que es el primer caso en el que la
jurisprudencia acepta abiertamente la protección de estos bienes morales y que orienta
la posterior jurisprudencia sobre esta materia.Tesi