A partir de los años ochenta se inició una nueva etapa democrática en Bolivia,
después de quince años de alternar entre gobiernos dictatoriales y constitucionales. La
profundización de la democracia fue prolongada (1978-1982), costosa, lenta y complicada.
El desarrollo de las democracias locales, como parte del proceso general, constituyó un
paso importante en esta consolidación y estuvo marcada por la aprobación de leyes que
promueven la descentralización y la participación popular, tendientes a fortalecer la
institucionalidad pública y a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, con una
distribución más equitativa de los recursos financieros administrados bajo el régimen de
vigilancia y control social. El proceso estuvo matizado por problemas de legitimidad y
gobernabilidad. Una vez superados los unos se presentaron otros, generando un debate
permanente y cambiante sobre el tema