Los gobiernos “provisionales” que siguieron a Perón realizaron una crítica al régimen justicialista en el terreno de los impuestos basándose en la idea de su corrupción e inmoralidad y plantearon la necesidad de reformar el sistema. El gobierno procuró acercarse a ciertos actores de la sociedad civil (partidos políticos y empresarios) a los que se pidió la colaboración en la reforma. En este artículo se analizan los intentos de reforma impositiva del gobierno de la “revolución libertadora” prestando especial atención al proceso de negociación entre los representantes gubernamentales y los actores privados. El artículo muestra que la política impositiva del gobierno de facto fue poco renovadora con respecto a la peronista en parte debido a la complejidad del proceso de acuerdos con los sectores privados y a la influencia que algunos sectores empresariales alcanzaron en ese proceso
