Considerar a Chile como un país receptor de inmigrantes es algo definitivamente nuevo. De hecho la migración neta en Chile aún es negativa. Durante los últimos veinte años, sin embargo, se ha observado un cambio en los flujos migratorios al país. Esto ha sido resultado del proceso de democratización luego del fin de la dictadura de Pinochet, un progreso económico continuado durante este período, y a la percepción de un país social y políticamente tranquilo en comparación con sus vecinos. Entre los años 1992 y 2012 el stock migratorio en Chile aumento desde 114 mil personas a unas 352 mil; provenientes principalmente de Perú, Argentina y otros países de las Américas. Los gobiernos democráticos posteriores a la dictadura han tenido desde 1990 un comportamiento errático respecto de este aumento migratorio. Mientras que en el discurso el Estado plantea que los inmigrantes deben ser recibidos con respeto a los tratados internacionales firmados por el país, en la práctica se utilizan las mismas leyes migratorias desarrolladas y aplicadas durante la dictadura. De la misma manera, la implementación de nuevas políticas y leyes ha sido igualmente inconsistente. Mientras algunos organismos del estado crean programas para promover la integración social de los inmigrantes, otros restringen la adaptación e interpretan negativamente las resoluciones judiciales con relación a los inmigrantes. En este contexto burocrático, este artículo examina los últimos intentos que el estado chilena a seguido para construir una nueva ley migratoria, así como su posible implementación y los efectos que estas leyes y políticas puedan tener en los procesos de desarrollo social, político y económico del país.
Considering Chile an immigration country is a new thing; in fact its net migration is still negative. The last twenty years, however, have seen a change in the migration flows to the country. This has been result of the democratization process after the end of Pinochet’s dictatorship, a continuous economic progress and a perception of a country in social tranquility when compared with its neighbors. Between 1992 and 2012, immigration has increased from about 114,000 people to 352,000, primarily from Peru, Argentina and other South American and Latin American countries. The democratic governments have had since 1990 an erratic approach to this increase in migration. While in the discourse the state argues that migrants must be received with respect to migration international treaties signed by the country; in practice the same migration policies and laws developed during the dictatorship are still in use. Consequently, policy implementation has been equally inconsistent; some departments create programs to encourage social integration, while others attempt to restrict immigrant adaptation and have mismanaged judicatory claims. Within this bureaucratic context, this paper examines Chile’s current attempts to construct migration policies and its implementation, and the possible effects that these policies might have in the social, political and economic development of the country
