Con respecto a la acogida de los solicitantes de asilo en la Unión Europea, podemos encontrar disposiciones para la protección de las personas con discapacidad en una amplia gama de fuentes reguladoras

Beduschi-Ortiz, Ana

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Repositori Institucional de la Universitat Jaume I

Acogida de los solicitantes de asilo con discapacidad en Europa

Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante

DISCAPACIDAD Y DESPLAZAMIENTO 29RMF 35La participación plena y efectiva en la sociedad por parte de personas con discapacidad conlleva la obligación de proporcionarles protección específica. La Directiva 2003/9 de la UE especifica que la legislación nacional debe tener en cuenta la situación particular de las personas vulnerables, como aquellas con discapacidad, respecto a las condiciones materiales de acogida. En todos los casos se tendrían que evaluar sus necesidades específicas, lo que implica que todos los Estados miembros de la UE deberían proporcionar “asistencia médica o de cualquier otro tipo” a los solicitantes de asilo con necesidades especiales. En el caso de los solicitantes de asilo con discapacidad resulta más que necesario cuando se trabaja con ellos en centros administrativos de recepción que a menudo no están adaptados a sus necesidades específicas. Aunque la Directiva convierte en una obligación para los Estados miembros el que tengan en cuenta las situaciones específicas -no sólo respecto a las personas con discapacidad sino también a los menores, las personas mayores, las mujeres embarazadas y las víctimas de la violencia-, éstos disfrutan de un amplio margen de interpretación en su implementación. Pese a respetar el principio de autonomía institucional y procedimental, el texto de la Directiva podría haber ido más lejos a la hora de determinar el contenido de la dicha obligación. Esto deja a los legisladores nacionales con el deber de determinar el alcance de la “asistencia necesaria de otro tipo”. Detención administrativaEn noviembre de 2007 un informe de la UE confirmó que los Estados miembros habían trasladado de manera satisfactoria la Directiva 2003/9 a sus correspondientes legislaciones nacionales. Sin embargo, reconoció que en la práctica no se estaban respetando numerosos derechos sociales y que, debido al amplio poder discrecional otorgado a las autoridades nacionales, la protección de los solicitantes de asilo no era homogénea a lo largo y ancho de la Unión. La Comisión hizo hincapié en que, si bien la detención de solicitantes de asilo con necesidades específicas no está prohibida, se debería utilizar sólo como último recurso (y debería estar debidamente justificada). Pero la realidad es bien distinta. Recurrir al internamiento administrativo se ha legitimado, legalizado y trivializado. Esta práctica, que debería considerarse como excepcional, se ha convertido así en algo banal. La situación se vuelve de lo más preocupante cuando afecta a la acogida y detención administrativa de solicitantes de asilo con discapacidad. La Directiva 2003/9 también especifica que los Estados miembros deberían asegurarse de que los solicitantes de asilo tengan acceso a unas condiciones de acogida que “les aseguren un nivel de vida adecuado para la salud y que garanticen la subsistencia de los solicitantes” -incluso cuando se encuentren en centros de detención administrativos- a partir del momento en que presenten su petición de asilo. Está claro que los solicitantes que tengan necesidades específicas derivadas de una discapacidad deberían recibir tratamientos personalizados o asistencia adaptada a sus necesidades, pero la Directiva no establece su alcance y recae en los Estados miembros el deber de definir las condiciones para llevar a cabo esta implementación lo que, en efecto, eliminaría todo posible fundamento de la obligación.Derechos sociales Varios Estados miembros no garantizan un acceso efectivo a los derechos sociales para los solicitantes de asilo. Aparte de la obligación general y más bien flexible de tener en cuenta la situación específica de los solicitantes de asilo vulnerables, incluidos los que padecen alguna discapacidad, la Directiva no define los medios por los que los Estados miembros deberían cumplir con esta obligación. Por ejemplo, a pesar del compromiso declarado por la UE de eliminar la discriminación laboral, no se especifica nada respecto a la obligación de realizar adaptaciones razonables al espacio de trabajo para facilitar la integración de los trabajadores con discapacidad. Igualmente, no se especifica nada acerca de la seguridad social, aunque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido de forma clara que la nacionalidad no debe ser el único criterio que determine el alcance de la aplicación de las prestaciones para adultos con discapacidad. Por consiguiente, la situación de los solicitantes de asilo con discapacidad es muy precaria, aun cuando la Directiva les proporciona en general determinados derechos sociales básicos. Ana Beduschi-Ortiz (anabeduschi@hotmail.com) es estudiante de doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montpellier 1 (IDEDH- Instituto de Derecho Europeo de Derechos Humanos).Con respecto a la acogida de los solicitantes de asilo en la Unión Europea, podemos encontrar disposiciones para la protección de las personas con discapacidad en una amplia gama de fuentes reguladoras.Acogida de los solicitantes de asilo con discapacidad en Europa Ana Beduschi-OrtizUNHCR /J Redden

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