La actividad de búsqueda y salvamento desarrollada por las ONG en el Mediterráneo
cuestiona algunos postulados fundamentales de la teoría del derecho estatal: su carácter
transnacional, el hecho de expresar a la sociedad civil (y no de la voluntad de un gobierno) y la
conexión de sus actividades con las embarcaciones que recorren el mar impiden interpretar su
condición jurídica a la luz de las consolidadas (y, en parte, vetustas) categorías jurídicas.
El derecho del mar, con sus normas, sus principios y sus convenciones, cuestiona los conceptos
tradicionales de soberanía, jurisdicción y protección de derechos: de estos últimos, en particular,
se espera una expansión que no se limite solamente al ciudadano, sino se extienda al hombre
como tal.
Los Estados (ribereños), en particular los europeos, y la propia Europa respondieron a este
desafío iniciando un proceso lento y sutil de criminalización de las ONG respaldado por
investigaciones – que luego se revelaron sin fundamentos – de fiscales italianos. En esta
perspectiva, el problema de la migración corre el riesgo de ser abordado solo en la dimensión
«gerencial» propia de la seguridad y el control de fronteras.
La humanidad en viaje en el Mediterráneo, atravesando varias fronteras, revela el «escándalo» de
la porosidad de las fronteras nacionales y revive la actualidad del ius migrandi que el Occidente
liberal utilizó para la conquista del Nuevo Mundo.
Acusadas de actuar como un «taxi marítimo», las ONG revelan las paradojas políticas
migratorias europeas: como fue oportunamente señalado, las ONG realizan una actividad
político-humanitaria que controla y condiciona indirectamente el trabajo de los Estados en áreas
extraterritoriales.Search and rescue activities carried out by NGOs in the Mediterranean Sea question
fundamental principles of the state law theory: their transnational nature, the fact of being an
expression of civil society (and not the will of governments), and the connection of their
activities with vessels that sail at sea prevent one from interpreting their legal status in view of
the consolidated (and, in part, very old) legal categories. The law of the sea – with its rules, its principles and its conventions – defies the traditional
concepts of sovereignty, jurisdiction, and the protection of rights: of the latter, in particular, an
increase is argued, not limited only to «citizens» but to humans as such.
The (coastal) States, in particular European ones, and Europe itself has replied to this challenge
by initiating a slow and subtle process of criminalization of NGOs backed by investigations of
Italian prosecutors without any legal fundament. In this regard, the problem of migration cannot
be addressed only in a «managerial» dimension of security and border control.
Humanity traveling in the Mediterranean, crossing several borders, reveals the porosity of
national borders and their “scandal”, and revives the centrality of the ius migrandi as was used
by the liberal West for the conquest of the New World. Accused of being «sea taxis», the NGOs
reveal the paradoxes of the European migration policies: as it was properly observed, the NGOs
carry out a political-humanitarian activity that controls and indirectly conditions the operations
of the States in extra-territorial areas