Fil: Díaz, Clemente A. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Derecho. Cátedra Derecho Procesal I. Buenos Aires, Argentin

Díaz, Clemente A.

Rectorado de la Universidad de Buenos Aires

VALIDEZ DE LOS ACTOS PROCESALESDE UNA PROVINCIA EN OTRACLEMENTE A. DIAZProfesor Asociado de Derecho Procesal l1. — Uno de los problemas que —desde el punto de vista delDerecho Procesal 1- se plantean en un sistema federal de gobier-no, es el referente al valor de los actos procesales que, emanadosde una provincia, están destinados a tener alguna repercusión enotra.En puridad, es un problema de eztraten-ittm'alidad de losactos procesales, limitado al ámbito dela nación confederada, don-de no se afecta la soberanía nacional, sino la autonomía de losdistintos miembros de la confederación. En esto se diferencia delproblema análogo planteado por la ejecución de la sentencia ex-tranjera, donde la validez del acto procesal está condicionada seaa los tratados internacionales o a una declaración judicial parti-cular sobre el cumplimiento en territorio nacional del mandatoemanado del juez extranjero —ezequatur (arts. 558 y sigtes. delC. P. C. Cap.).La solución del constituyente tenía que ser distinta en elcaso de las provincias que forman parte de una nación confedera-da. Es indudable que aquéllas constituyen estados soberanos eindependientes reunidos en una unidad politica,- pero, desde otroenfoque, integran una comunidad económica y social, para la cuallas fronteras geográficas, las divisiones territoriales, adquierenpaulatinamente un sentido artificial. En materia de actos proce-1 El sistema federal de gobierno plantea tres problemas que atañenai Derecho Procesal: 1) El poder de la nación y de las provincias paraorganizar ia administración de justicia, que está resuelto por los arts.104 y 105 de la Constitución Nacional y de las provincias para dictarnormas procesales, que la Constitución resuelve en el art. 67 inc. 11 ysu interpretación ortodoxa (v. CLEMENTE A. DÍAZ, La unificación de lasnomas de procedimiento en la República Argentina, en “La Ley", t. 88.p. 54 y sigtes.; y bibliografia alli citada) y 3) La validez de los actosprocesales de una provincia en otra, que es materia de este ensayo.51sales emanados de un estado o provincia y destinados a repercutiren la vida juridica de otro, estos enfoques antagónicos podrianoriginar peligrosos rozamientos institucionales, en cuanto la auto-ridad judicial de un estado pudiera enjuiciar, impugnar o discutirel mandato de la autoridad judicial de otro estado o provincia:De ahí que el art. 7 de la Constitución Nacional establezcaque “los actos públicos y procedimientos judiciales de una pro-vincia gozan de entera fe en las das; y el Congreso puede porleyes generales determinar cuál será la forma probatoria de estosactos y procedimientos y los efectos legales que producirán”.El constituyente de 1853 ’ dió una solución categórica: Losactos procesales dc una provincia gozan de muera fc en las demás.Al legislador solamente incumbe determinar los requisitos o for-malidades puramente probatorios de la autenticidad de esos actoso procedimientos y los efectos legales de aaa formalidades ‘, yaque de otra forma no se puede interpretar la frase “efectos legalsque producirán", frente a la categórica expresión de la normaconstitucional citada.2. — Asi parece haberlo entendido el legislador cuando dictóla Ley N9 44, promulgada el 28 de Agosto de 1863, cuyo art. 2establecía que “serán tenidos por auténticos los autos, procedi-mientos judiciales, sentencias y testimonios de cualquiera de ellos,con la atestación del escribano del tribunal superior de la provin-cia, el certificado del presidente del mismo, asegurando que laatestación está en debida forma y con el sello de tribunal",.que,’ormente, la Ley N9 513, promulgada el 19 de Setiembrede 1907, modificó, otorgando la facultad de autenticar los actos3Elart7fuéaprobadoporunanimidadenlasesióndeldia23deabril de 1853, sin que medial-a discusión alguna sobre el particular.El art. 7 reconoce como te.'tución americana. conocida como “tuu faith and credit classe”, la cualdispone que entera fe y credito será acordado en cada Estado a lactos públicos, archivos y procedimientos Judiciales de los otros Esta-dos. cuya primera aplicación Judicial data del año 1813 (ct. Rom H.Jamon, La clausula constitucional sobre entera fe y credito, en “Columbla Law Review", N. York, vol. XLV, N9 1, enero 1945, p. 1; puedetambién consultarse: Emsa: E. mvnou, El art. 7 de la ConstituciónNacional, en “La Ley", t. 20, sec. docL, p. 246; Emus martin Pas (h),La protocolización y la Constitución Nacional, Córdoba, 1940; Emo: E.Cu:nm,bacocajuzgadaylacldmulaconstüucimmldcplsnafcycrádi-to, en “Colombia Lai-w Review”, N. York, mayo, p. 330; unan, Glam D..La cm constitucional sobre plana te y credito“. en "Michigandictadas en om Estado de la Unión; en “Anuario de derecho civil",Madrid, t. VI, fase. Ill, Julio-setiembre de 667; Km H. NW,Picnatcucﬂduodcbidocalosproccﬁmientosjudiciaks... en "Mi-cbiganLawReview",voL66.N91,noviembne1957,p.33."l‘libunalSuperiordeCórdoba,15/5/940."Iahey",t18,p.75658públicos y procedimientos judiciales al escribano secretario deltribunal superior “o de cualquiera de las cámaras de apelación dela provincia”‘.El legislador, pues, ha reglamentado las formalidades comorequisitos puramente probatorios y extrinsecos relativos a laautenticidad del acto procesal para que éste tenga validez formalen una provincia 5 distinta de aquélla de la cual emana. El actoprocesal en sí no se modifica ni se integra, solamente se le auten-tica: la atestación del funcionario solamente tiene por finalidadestablecer que el acto procesal es auténtico, lo que solamente hacepresumir —por la fe que merece el funcionario que le expidió-que a su respecto se han cumplido las formalidades impuestaspor la ley del lugar para el acto de que se trata °.3- — El art. 4 de la Ley 44 establece que los actos procesalesautenticados en l_aformaespecificada en el art. 2 de la misma ley,“merecerán tal fe y crédito ante todos los tribunales y autorida-des dentro del territorio de la Nación, como por uso y ley lescorresponda ante los tribunales y autoridades de la provincia dedonde procedan”, o sea que reconoce la amm-¿dad eztraten'itoñalde los actos procesales, aunque sometida a una limitación funda-menótal,derivada de la soberanía de los Estados de la confede-racx n.Un acto procesal emanado de una provincia gozará de enterafe y crédito en tanto, cumplidos los requisitos establecidos porel art. 2 de la Ley 44, modificado por la Ley 5133, se le considerecomo auténticamente emanado de un órgano del poder jurisdic-cional de la provincia; pero el acto procesal repercute en la pro-vincia no tanto como acto formalmente auténtico, sino como actodestinado a cumplir una finalidad juridica, y de ahí que a esterespecto se pueda distinguir entre una "validez meramente for-4 “En la legalización de los documentos ante las Cámaras de Apela-ciones en lo Civil no se requiere la firma del presidente. La atestaciónserá asentada por el secretario o prosecretario: el presidente compro-bará la validez formal de la atestación y asentará el certificado en unlliﬁroeslosecial",Cám. Civ. en pleno —Acordada— 19/12/950. J. A. 951-. p- -5 “A los efectos de los arts. 7 de la Constitución Nacional y 4 dela Ley 44, la Capital Federal y los territorios nacionales están asimila-doseoalassgrovincias”,Suprema Corte Buenos Aires, 13/6/960. "La Ley”.t.. p. . I‘0 Cám. 19 Apel. La Plata. Sala I. 28/3/957. “La Lev”. t. 47. p. 243(legalización de documento extranjero): Cám. Fed. Bahia Blanca. 17/7/947, “La Ley”, t. 47, o. 613 (visación consular argentina de pasaporte);Cám. Nac. Civ. Sala D. 2/9/952, “La Ley", t. 68. p. 223 (legalizacióndeuna partida extranjera de matrimonio). Se ha debido recurrir a la doc-trina de estos fallos, en tanto no existe precedente jurisprudencial di-rectamente vinculado al caso de los actos procesales de una provinciay de los efectos de la legalización.53mal" del acto procesal derivada del examen extrinseco de laautenticación o legalización y una “validez substancia!” del actoprocesal, donde el examen incide sobre la aptitud del acto paraproducir un efecto jurídico o para modificar una situación juri-dicaAhora bien, la valoración meramente formal —o sea la refe-rente a la autenticidad del acto- es absolutamente indiscutibleuna vez cumplidos los recaudos o formalidades legales, excepto.por supuesto. que se arguya la falsedad de la autenticación olegalización. Frente al acto procesal auténtico. el juez o la auto-ridad pública no pueden dudar que a su respecto se hayan cum-pildo las formalidades legales, y el art. 7 de la Constitución Na-cional les impide enjuiciar. impugnar o discutir la regularidaddel procedimiento seguido por el juez del cual emana el actoprocesal 7, presuponiendo. por hipótesis, que el acto procesalemana de una autoridad competente '.Pero en lo que atañe a la aptitud del acto procesal emanadode una provincia para producir un efecto jurídico en el territo-rio de otra provincia o sea su "validez substancíal”, no puedeimperar el mismo criterio ni éste ser absoluto ‘, y en algunoscasos puede ser legitima la negativa del Estado a admitir el actoprocesal autenticada en forma legal.Los actos procesales realizados en una provincia y debida-mente autenticados surten, en principio, efectos extraterritoria-les, o sea que se le deben atribuir los mismos efectos que hubie-ron de producir en la provincia de donde emanan 1°, siempre queno alteren la legislación dictada por las otras provincias en usode sus facultades no delegadas 1‘ o importe una extralimitaciónen cuanto a la competencia 1’.1 Cám. Nac. Civ. Sala C. 12/8/952. “La Ley”, t. 68. p. 249: “las jue-ces nacionales no pueden examinar los procedimientos cumplidos antelos Jueces provinciales para establecer si ban existido vidas e afec-tien:ylos tgulosgsnginadnsen ellos", Cám. Fed. Mendoza. 22/1 . “La. L ' '¡“Lasimposiciones“losartsteiaLeyHy’ldelaConstihn-ción nacional presuponen resoluciones emanadas de tribumles que ten-gan jurisdicción sobre las personas y las cosas a que afectan y que setrate de actos Judiciales que no imparten una ent-¡limitación de facul-tades en cuanto a competencia". Suprema Corte Nacional. 14/819“. “LaEgg,t. p. 411; Cám. 10 Apel. La Plata. Sale li. 2/0943, “La Ley".. p. .° Cám. Fed. Cap. 25/8/947. “La Ley". t. 47. p. 890.1° Suprema Corte Nacional. 18/3/943. “La Ley". t. 30 . l.A¡1 Suprema Corte Nacional, 512/943. "La ley". t. m. p. 734; id. 55/946. “La Ley". t. 42. p. 873: id. 31/3/018. Fallos t. 210. p. 4m: i .11/9052. “La Ley". t. m, E8315:Cám. Civ. 1Q 29/10/96. "la Ley". t. 25p. 325: Cám. 20 Apel. La te, Sale ii. 8/0949. J. A. 1949-11. p. 147.¡3 V. dencia cit. sub nota 8; Cám. 1’ Apei. La Plata. Sala ll.2/4/943. “La Ley", t. 30. p. 179.'U ¡ns\54Cualquier limitación o restricción al valor y fuerza probato-ria de los actos procesales emanados de las autoridades judicia-les de una provincia, impuestos por las autoridades de otra, me-recerían la tacha de inconstitucionalidad 1‘.4. La falta de cumplimiento de los requisitos establecidospor el art. 2 de la Ley 44, modificada por la Ley 5133, produceun defecto de forma en el acto procesal, del cual conoce el juezante quien se pretende hacer valer el acto emanado de la auto-ridad judicial de otra provincia; este defecto formal —que noalcanza a tener la categoría de un vicio que produzca la nulidaddel acto- puede ser salvado de oficio por la actividad subsana-dora del juez, 1‘ se convalida por la inacción o incluso por laactividad tardía ‘del adversarious si éste no reclama el previocumplimiento de la autenticación o legalización o lo hace fuerade término, respectivamente; la actividad del opositor no tienepor finalidad la declaración de la nulidad del acto procesal, sinoel cumplimiento de un requisito formal omitido, de tal maneraque a lo más que se puede llegar es a una suspensión de trámitehasta que se cumplimenten los recaudos exigidos por las leyes44 y 5133 1°, bajo apercibimiento de tenerse por no presentadoante la autoridad judicial el acto emanado de otra provincia( inoponibilidad procesal).18 Así se ha declarado en los casos en que se exigía la protocoliza-ción de una declaratoria de herederos. v.gr.: Suprema Corte Nacional,15/3/940, "La Ley", t. 18, p. 182; Id. 5/4/940, “La Ley". t. 18, p. 199;Id. 13/5/940, J. T. t. 70. p. 244; Nd. 19/5/941, Fallos t. 189, p. 392; Id.5/12/941. Fallos t. 191, p. 373; Id. 5/12/941, Fallos t. 191, p. 375; Nd. 15/4/942, “La Ley”, t. 26, p. 333; Id. 28/10/942, “La Ley". t. 28, p. 532; Id.10/5/5944, “La Ley", t. 34, p. 883; Suprema Corte Buenos Aires. 4/6/940,J. A. t. 73, p. 271; Cám. 1% Apel. La Plata. Sala II, 24/11/939. “La Ley",t. 17. p. 498, etc. ' .14 Cám. 2% Apel. La Plata. Sala II, 15/2/949, “La Ley", t. 54, p. 376.En el caso se consideró que la actividad oficiosa del ley “iría dirigidaa completar una prueba o cubrir la deficiencia de la producida por una{lelas partes. en detrimento de los derechos igualmente respetables dea otra". _15 “No hablndo sido observada en término la falta de legalizaciónes inobjetable la validez del documento que carece de ella", SupremaCorte Buenos Aires, 19/4/949, Diario de Jurisprudencia Bs. As. 949-X'XVII. p. 301.1° Cám. Nac. Civil. Sala A. 14/5/956, “La Ley". t. 83. p. 253. En con-tra: C.C. 2% 6/12/940, J. A. t. 72, p. 763. cuya doctrina (“El acto no auten-tlcado no goza de entera fe y crédito") podría considerarse, actualmenteabandonada.55

Validez de los actos procesales de una provincia a otra

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