La violencia contra la mujer constituye un importante
problema de salud pública, que en un porcentaje
considerable de casos permanece oculto. El
papel del profesional sanitario es fundamental para
su detección y el abordaje del problema que puede
derivar en una disminución de los riesgos de las víctimas
y la oportuna canalización del hecho hacia las
instituciones judiciales y de protección social. En
este sentido, la adecuada cumplimentación del parte
de lesiones de violencia de género permite la adecuada
intervención institucional, pero no es suficiente
para la eficacia de la persecución del delito. El objetivo
de este estudio es analizar los aspectos jurídicos
y médico-legales de la atención y de asistencia a las
mujeres maltratadas que requieren protocolos específicos
de atención sanitaria para alcanzar una efectiva
intervención social y jurídica del problema