Matellanes Rodríguez, Nuria

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Nuria MATELLANES RODRÍGUEZ

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Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1.ª), 713/2014, de 22 de octubre [ROJ STS 4317/2014]

[ES]Reseñas de jurisprudencia. Derecho pena

Matellanes Rodríguez, Nuria Pilar

Gestion del Repositorio Documental de la Universidad de Salamanca

352Ars Iuris Salmanticensis,  vol. 3, junio 2015, 352-354eISSN: 2340-5155© Ediciones Universidad de SalamancaRESEÑAS DE JURISPRUDENCIA (Julio-Diciembre 2014)PENALPENALSentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1.ª), 713/2014, de 22 de octubre [ROJ STS 4317/2014]Delito contra loS recurSoS naturaleS y el meDio ambiente. contaminación por ruiDoEl Tribunal Supremo mantiene la calificación jurídica de la sentencia dictada en primera instancia como delito contra los recursos naturales del artículo 325 del CP con la agravante de actuar sin autorización del 326.1 CP. El recurrente alegó la inde-bida aplicación de dichos preceptos por estimar que su conducta no es subsumible en los elementos del tipo por dos razones: que la conducta carece de la «gravedad» del peligro y que la falta de actuación de la Administración ante las denuncias de los vecinos le ha generado una falta de «consciencia» sobre la existencia de la infracción, que debería excluir la apreciación del elemento dolo requerido por el tipo. Sí admite la concurrencia del elemento normativo de reenvío, pues «no cabe duda que se infringie-ron las normas administrativas sobre la emisión de ruidos».La Sentencia aborda un tema especialmente polémico en el ámbito de la delin-cuencia ambiental: la contaminación acústica. Hasta la reforma del Código Penal por LO 15/2003, de 25 de noviembre, la tendencia de los tribunales era a la exclusión del ruido del ámbito de las formas de contaminación encuadrables en el artículo 325 CP. Valga como muestra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, de 31 de octubre (ROJ SAP A 415/1997), que rechazó que fuera permisible una interpretación amplia del término «emisiones» para incluir a los ruidos, porque eso supondría realizar una interpretación analógica, contraria al sistema penal de garantías. Cabe destacar el impulso del Tribunal Supremo a la penalización de estas conductas. La primera sen-tencia del Tribunal Supremo en este sentido es la 52/2003, de 24 de febrero (ROJ STS 1220/2003), donde se señala que «el ruido aparece como uno de los elementos des-criptivos del tipo objetivo de los delitos contra el medio ambiente» y su doctrina ha sido reiterada en sentencias posteriores. Todo ello amparado en una sólida jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sentencia del Tribunal Europeo de Dere-chos Humanos de 9-XII-1994; Asunto López Ostra contra el Reino de España; requête n.º 16798/90) y del Tribunal Constitucional (Sentencia 119/2001, de 24 de mayo; BOE n.º 137, de 08-VI-2001) que ha determinado la vigente redacción del artículo 325 y su expresa mención al ruido como factor contaminante con relevancia penal.En la sentencia comentada, el Tribunal Supremo abunda en la caracterización del resultado típico exigido por el artículo 325, que adopta la categoría de «peligro hipo-tético», categoría intermedia entre los delitos de peligro concreto y los de peligro abs-tracto, cuyos rasgos más sobresalientes son los siguientes:352brought to you by COREView metadata, citation and similar papers at core.ac.ukprovided by Gestion del Repositorio Documental de la Universidad de Salamanca353Ars Iuris Salmanticensis,  vol. 3, junio 2015, 352-354eISSN: 2340-5155© Ediciones Universidad de SalamancaRESEÑAS DE JURISPRUDENCIA (Julio-Diciembre 2014)PENAL1.º) No exige la producción de un resultado de peligro efectivo, cierto y empíri-camente constatable (como sucede con el peligro concreto). Es decir, no es necesario comprobar que el objeto de la acción (el sistema natural en este caso) se haya encontrado en el radio de acción efectivo de la conducta de contaminación y que respecto a ese objeto se haya producido un peligro real de lesión.2.º) No basta para su apreciación la mera verificación de la vulneración normativa sobre la materia ambiental para entender consumado el tipo (como sucede con el peligro abstracto). Es decir, en los delitos de peligro hipotético no se incorpora la presunción de peligro por la mera comisión de una conducta que vulnere la normas administrativas ambientales de reenvío.3.º) ¿Qué es lo que requiere?: verificar que la acción descrita en el tipo presenta una idoneidad objetiva para llegar a producir una lesión al equilibro de los sistemas naturales, que es el bien jurídico tutelado; es decir, se ha de realizar un juicio ex ante de peligrosidad de la acción específica, pero sin requerir que en el caso concreto se materialice efectivamente y de modo constatable ese peligro sobre el objeto de la acción. Como dice la propia Sentencia reseña-da: ha de ser un «comportamiento idóneo para producir peligro para el bien jurídico protegido. En estos supuestos la situación de peligro no es elemento del tipo, pero sí lo es la idoneidad del comportamiento efectivamente realizado para producir dicho peligro». Y así, esa tipificación se asimila a la de los tipos de resultado en la medida en que aquel estado de riesgo ha de valorarse en cuanto resultado separado de la conducta.Esta estructura presenta ventajas frente a la fórmula de peligro concreto o a la de peligro abstracto. Respecto a la primera, tiene la virtualidad de facilitar la tarea probatoria. No hay que entrar en la dificultosa prueba de la causalidad entre la acción contaminante y la futura pero inminente lesión concreta, sino que basta con verificar la idoneidad o capacidad de la conducta contaminante para producir un estado gravoso para el equilibrio ambiental. Respecto a la segunda, tiene la ventaja de evitar la confu-sión entre las infracciones penales y las administrativas, con sus indeseables conse-cuencias de formalización o funcionalización del tipo, ya que la sola contravención de la normativa administrativa no supone que se complete la tipicidad delictiva. Es preciso acreditar que la conducta de que se trate, en las condiciones en que se ejecuta, ade-más de vulnerar las normas protectoras del medio ambiente, es idónea para originar un riesgo grave para el equilibrio del sistema natural.Además de lo anterior, debe predicarse la «gravedad» del perjuicio hipotético. La gravedad es un elemento valorativo y excesivamente ambiguo, que hace preciso que desde la jurisprudencia se deban suministrar criterios que lo cubran de contenido. Realmente los peligros para la seguridad jurídica y la taxatividad de la conducta con re-levancia penal se concentran especialmente en esta exigencia, ya que como reconoce 354Ars Iuris Salmanticensis,  vol. 3, junio 2015, 352-354eISSN: 2340-5155© Ediciones Universidad de SalamancaRESEÑAS DE JURISPRUDENCIA (Julio-Diciembre 2014)PENALel propio TS se «atribuye a los tribunales una labor de concreción» (Sentencia del Tribunal Supremo 194/2001, de 14 de febrero). Por ello, designa como guías para completar ese juicio valorativo el de la intensidad del acto contaminante, la mayor o menor probabilidad de que el peligro se concrete en un resultado lesivo, en definitiva, la magnitud de la lesión posible en relación con el espacio en el que se desarrolla, la prolongación en el tiempo, la afectación directa o indirecta, la reiteración de la conduc-ta, de los vertidos, emisiones, etc., o la dificultad para el restablecimiento del equilibrio de los sistemas, proximidad de las personas o de elementos de consumo. En este caso concreto, se ha estimado que la gravedad se integra por los parámetros de la intensidad y duración del ruido.Dicho lo anterior, cabe destacar que la propia Sentencia acentúa el dato de que el bien jurídico protegido no es necesariamente la salud de las personas como destinata-ria del eventual riesgo derivado del comportamiento del autor. Es más, insiste en que, cuando ese riesgo para la salud concurre, será apreciable el tipo agravado del último inciso del artículo 325. El bien jurídico respecto al que se proyecta el juicio de peligrosi-dad es el equilibrio natural y, sin embargo, resulta sorprendente que la Sentencia centre todos sus esfuerzos en constatar que el ruido producido es idóneo para perturbar la salud de los vecinos, sin entrar a valorar la aptitud de esa conducta para alterar el equilibrio ambiental de la zona. Con ello, el Tribunal ha concluido que en el caso enjuiciado se dan los elementos del tipo básico del delito del artículo 325, por contaminación acústi-ca, sin haber tomado en consideración la aptitud de esa emisión de ruidos respecto al equilibrio de las condiciones ambientales de ese lugar, dando un salto cualitativo en su argumentación, al plegar todos los datos probatorios a la incidencia que la conducta ha tenido sobre la salud de los ciudadanos y no sobre el medio ambiente como debería haberse hecho.Finalmente, y respecto al elemento dolo, la Sentencia rechaza el argumento del recurrente de que la falta de actuación administrativa le generó la convicción de actuar lícitamente y que, en consecuencia, su conducta no es dolosa y, tras recalcar que esa inactividad de la Administración es reprochable y que pudiera serlo penalmente, considera que hay una clara actitud consciente en el recurrente, puesto que tras las denuncias de los vecinos, el Ayuntamiento ordenó el cierre del establecimiento, orden que no fue acatada por el acusado, quien incluso llegó a solicitar posteriormente una autorización administrativa para utilizar los aparatos de sonido que le fue denegada.Nuria matellanes rodríGuez Profesora Titular de Derecho Penal Universidad de Salamanca nuriam@usal.es

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1.ª), 713/2014, de 22 de octubre [ROJ STS 4317/2014]

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