PROTECCIÓN QUE EL ESTADO MEXICANO DEBE BRINDAR AL ADULTO MAYOR RESPECTO DE SU PATRIMONIO: LOS JUZGADORES DEL ESTADO DE MÉXICO

Abstract

La reforma constitucional de 2011, colocó en el centro del sistema jurídico mexicano a los Derechos Humanos así, el artículo 1° constitucional señala: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.” Para efectos de que los adultos mayores estén en aptitud de dinamizar sus derechos y estos no queden sólo en el terreno de ideal normativo, el Estado mexicano, como garante de los derechos de los gobernados debe ir adaptando las normas protectoras conforme se presenten cambios sociales. El derecho debe ser tan dinámico como la propia sociedad, la normatividad debe revisarse en forma permanente y el legislador debe de realizar las adecuaciones pertinentes para que los derechos se dinamicen en términos de efectividad. Respecto de la protección del patrimonio de los adultos mayores es una prioridad revisar no sólo la armónica normatividad que ha de aplicar el juzgador, ya que en el diario quehacer jurisdiccional se perciben las más variadas acciones que ejercen fundamentalmente familiares para despojar de sus bienes a los adultos mayores, sin que ellos reciban beneficio directo alguno.La presente tesis muestra a través de su desarrollo el marco jurídico existente en cuanto a la protección del patrimonio del hombre de la tercera edad en el estado de México. En conjunto con la información del párrafo anterior se muestran datos estadísticos acerca de esta rama de la población (las personas de la tercera edad), así como del sistema judicial en materia civil que existe en el estado de México para la protección de sus patrimonio