El aparato jurisdiccional en Colombia, particularmente en el ámbito penal se ha caracterizado entre otras cosas por la demora en los trámites judiciales, para el respectivo impulso procesal, en su mayoría de los casos, por el ente acusatorio es decir La Fiscalía General de la Nación, con sus respectivos delegados, así como los altos índices de violación a derechos y garantías constitucionales y legales según informe de audiencia pública de rendición de cuentas por parte de la fiscalía en los años 2009 y 2010, del que han dado en más de una oportunidad la viabilidad para demandar al Estado por los daños y perjuicios ocasionados a los particulares como consecuencia de los errores cometidos por los funcionarios pertenecientes a la rama judicial del poder público
