El planteamiento referente a si el Estado Colombiano ha asumido su responsabilidad extracontractual con ocasión del desplazamiento indígena hacia Bogotá, durante el lapso comprendido entre los años 2006 y 2010, despertó el interés de las investigadoras por ser un tema humanitario, inherente a la dignidad de las personas, de común ocurrencia, pero a la vez ignorado, a pesar del reconocimiento teórico de que son objeto los pueblos indígenas en la Constitución Política, y de que involucra las raíces y la identidad de los Colombianos, la legitimidad del Estado como garante de los derechos de sus habitantes y nuestro futuro como Nación
