A nivel mundial se ha evidenciado preocupaciones por causas que atentan contra la estabilidad de los Estados, provenientes de las adversidades que enfrentan en el ejercicio de la Administración Pública. Entre esas preocupaciones se resalta el alto número de litigios en su contra y las cuantiosas condenas judiciales. Colombia no es ajena a esa preocupación, y por lo tanto, se observa un despliegue jurídico en cada entidad pública que aborda diferentes escenarios, entre ellos lo relacionado con la Defensa Judicial del Estado, la cual ha sido catalogada como deficiente, por lo cual se hace necesario identificar y precisar los elementos para la construcción de la Defensa Judicial del Estado Colombiano, previo estudio desde la Constitución Política de 1.991 y hasta la política gubernamental implementada en el actual Gobierno presidencial del Dr. Juan Manuel Santos. Para ello se clasifican las causas identificadas (talento humano, estructura, oferta académica, derechos reclamados, estrategias, entre otras) y las soluciones que han sido propuestas por diferentes actores sociales (Los Comités de Defensa y Conciliación, la Dirección de Defensa Judicial de la Nación, el Cuerpo de Abogacía del Estado, la actual Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación, etc.), en contraste con modelos de Gerencia Jurídica Pública (como el adoptado por el Distrito Capital) y las políticas de defensa judicial adoptadas tanto a nivel interno y en otros países (España y Chile), para hallar y plantear los elementos esenciales que sirvan de referencia para la construcción de un modelo de defensa judicial para el Estado Colombiano
