Siendo nuestro objeto de estudio La ley 640 de 2001, por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones , poniendo así que los conflictos civiles, administrativo y de familia que sean susceptibles de ser conciliados tendrán que intentar la conciliación extrajudicial como requisito obligatorio para ser llevados a sus respectivas instancias judiciales. Dado esto desde su entrada en vigencia el 5 de enero de 2002 hasta hoy 8 años después, a través de la investigación seremos veedores de este proceso evolutivo. La presente investigación abordara esta materia, circunscribiéndose exclusivamente a los asuntos de la jurisdicción civil, en un intento por evaluar sus posibles repercusiones frente al servicio público de la administración de justicia, partiendo de la idea de que su implementación ha implicado fuertes impactos en materia de costos, calidad y efectividad de la justicia, al tiempo que ha incidido en la legitimidad y productividad de la conciliación como mecanismo de solución de disputas. Esto, junto con las virtudes que la conciliación acarrea en términos de racionalización de los recursos y de efectividad en la justicia, que han sido razones más que suficientes para asumirla como un trámite dentro del proceso, siempre que se tomen medidas, se asuman las fallas que presenta y se dediquen esfuerzos que eviten su desprestigio, y de la misma forma que con el tiempo crece su popularidad, acrecentar su legitimidad. El tema a estudiar se confronto con base en elementos normativos, doctrinales y jurisprudenciales, ejecutando un estudio descriptivo y analítico de la teoría jurídica, que permitió determinar algunas inconsistencias e incongruencias que se presentan al aplicar la figura de la conciliación extrajudicial en materia civil
