Entre 1491, aproximadamente, y 1513 fueron redactados tres proyectos de ordenanzas generales con los que regular los oficios sanitarios castellanos: médicos, cirujanos y boticarios. Ninguno fue finalmente promulgado, debido a las diferencias surgidas entre los protomédicos, alcaldes mayores con competencias exclusivas sobre dichos oficios, y el Consejo Real, órgano supremo de gobernación y justicia de la Corona de Castilla, que fueron los protagonistas de la redacción de los citados proyectos. Consecuentemente, no se pudieron uniformar para todo el reino las actividades sanitarias, y los protomédicos siguieron regulando de forma unilateral y descoordinada las mismas a nivel local