Las medidas aplicadas a la industria siderúrgica nacional, al igual que para el conjunto de la industria, se han basado en dos importantes determinaciones del actual gobierno: asumir los compromisos de la deuda externa, sin trastocar en lo esencial los intereses de los bancos acreedores, y liberalizar el comercio exterior en el marco del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT). Esto ha implicado poner un mayor énfasis en la orientación de la industria y de las nuevas inversiones hacia el mercado externo y proponer, paralelamente, un programa de modernización que, supuestamente, hará más competitivos los productos en el mercado externo, a la vez que protegerá a la planta industrial de la competencia que, inevitablemente, se producirá en cuanto vayan finiquitándose los breves plazos de protección logrados en las negociaciones con el GATT
