Las políticas de provisión de infraestructuras públicas llevan tiempo inclinándose hacia una mayor participación del sector privado en la financiación y gestión. Dentro de este marco se encuentra el modelo concesión de peaje sombra, aplicado ampliamente en España desde hace diez años. En este artículo se contrastan sus ventajas frente a sus repercusiones. Además se analizan los motivos que han inducido su desarrollo y se describe el panorama concesional por esta modalidad en España. Se observa que, aunque su empleo está resultando satisfactorio salvo excepciones, falta una regulación que impida que este modelo se utilice para financiar carreteras no socialmente rentables que comprometan presupuestos públicos futuros