Jurisprudencia ambiental en Asturias (segundo semestre 2017

Boto Álvarez, Alejandra

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REVISTA CATALANA DE DRET AMBIENTAL Vol. X Núm. 2 (2019): 1 – 7 
-Crònica- 
[DOI: http://dx.doi.org/10.17345/rcda.2667] 1 
 
 
 
 
 
JURISPRUDENCIA AMBIENTAL EN ASTURIAS  
(SEGUNDO SEMESTRE 2019) 
 
ALEJANDRA BOTO ÁLVAREZ 
Profesora Titular de Derecho Administrativo  
Universidad de Oviedo 
 
  
A. Boto Álvarez  RCDA Vol. X Núm. 2 (2019) 
 2 
Sumario: 1. Indefensión, culpabilidad y proporcionalidad en el derecho sancionador 
ambiental.- 2. El carácter condicional de las subvenciones: ayudas al pastoreo.- 3. 
Telecomunicaciones: ¿ordenación general o especial? 
Para esta crónica se han elegido tres sentencias emanadas en los últimos meses 
de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias (TSJA) con relevancia ambiental y que de alguna manera conectan con 
las llamadas actividades clásicas de la Administración: policía, fomento y servicio 
público1. 
1. INDEFENSIÓN, CULPABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD EN EL 
DERECHO SANCIONADOR AMBIENTAL 
A última hora de la tarde del 24 de abril de 2017, un escape de gases de 
combustión procedente de unas baterías de coque en instalaciones industriales 
de Avilés provocaba una considerable alerta en el centro de la ciudad2. Tras visita 
de la Guardería de Calidad Ambiental a la zona, la empresa titular atribuyó la 
fuga a un fallo durante diez minutos en un sensor y paró completamente la 
planta, iniciándose inmediatamente las reparaciones. Después del 
levantamiento del acta de inspección ambiental, la empresa y el Servicio de 
Control Ambiental intercambiaron distintos escritos relativos a comunicaciones 
en caso de incidente previstas en la Autorización Ambiental Integrada. En días 
posteriores al escape, la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente, admitió que el escape había producido "afecciones 
a la población", e inició una investigación para aclarar la procedencia de la nube 
contaminante. No es la primera vez que este tipo de incidentes se producen en 
la zona, pero en esta ocasión los ecos llegaron hasta el Parlamento Europeo y 
 
1  El trabajo ha sido elaborado en el marco del proyecto de investigación de referencia 
IDI/2018/000219 correspondiente a una ayuda a organismos públicos de investigación para 
apoyar las actividades de grupos de investigación en el Principado de Asturias concedida por el 
Gobierno de este al grupo SPAG (Servicios Públicos, Administraciones y Garantías) que 
coordina el profesor Tolivar Alas en la Universidad de Oviedo. 
2  Puede verse el eco que del incidente se hizo la prensa, por ejemplo, en 
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/un-escape-de-gas-procedente-arcelormittal-provoca-
la-alarma-en-aviles/10004-3247082. El Servicio de Control Ambiental emitió en su momento un 
informe dando cuenta de más de veinte llamadas recibidas en su centro de coordinación de 
emergencias en algo menos de veinte minutos, y de la movilización subsiguiente de SAMU, 
Policía Local, Bomberos, Protección Civil, helicóptero medicalizado, Cuerpo Nacional de Policía, 
Guardia Civil, etc. También existe un informe de la Gerencia del Área Sanitaria afectada, sobre 
las atenciones en los servicios de urgencias, habiendo atendido a cinco personas con síntomas 
relacionados con el escape y facilitado mascarillas a los usuarios del centro de salud. 
RCDA Vol. [núm. romanos] Núm. [1/2] (20XX)  Título sintético 
 3 
la Comisión, siendo objeto de la pregunta escrita P-003066-17, en mayo de 
20173. 
Los hechos dieron lugar a un procedimiento administrativo que culminó 
considerando que los hechos eran constitutivos de la infracción contenida en el 
artículo 31.2.b) del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados 
de la contaminación, calificada como muy grave, toda vez que se considera 
constatada la existencia de una afección a la salud de las personas. La 
Propuesta de Resolución contemplaba una sanción consistente en multa de 
400.000 euros. 
Frente a la Propuesta de Resolución la empresa presentó alegaciones, que no 
fueron atendidas y por Resolución de 9 de mayo de 2018 del Consejero de 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio ambiente se le impuso la 
sanción referida. Contra dicha Resolución la empresa interpuso recurso de 
reposición, que fue desestimado por Resolución de 9 de agosto de 2018. 
Esa desestimación constituye el objeto del recurso contencioso-administrativo 
número 633/2018, resuelto por la Sentencia del TSJA número 282/2019, de 8 de 
abril. La pretensión de la empresa recurrente es que se deje sin efecto la 
Resolución recurrida o, subsidiariamente, se califique la sanción de grave con 
una condena en su grado mínimo, pretensiones estas a las que se opone la 
Administración demandada, Principado de Asturias, representada por el Letrado 
de sus Servicios Jurídicos. 
Para ello se invoca en primer término la nulidad de la Resolución por haberse 
producido indefensión. El argumento de la recurrente se basa en que la 
Resolución impugnada en su “Resuelvo” no hace referencia al número del 
artículo infringido, sino a la norma en sentido genérico (el Real Decreto 
Legislativo 1/2016). El TSJA, en atención a que la Resolución sí citaba el artículo 
vulnerado en concreto (el 31.2.b) tanto en los hechos como en los fundamentos 
de derecho, considera que se trata de una mera irregularidad procedimental y 
 
3 http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2017-003066_ES.html.  
A. Boto Álvarez  RCDA Vol. X Núm. 2 (2019) 
 4 
formal que no ha dado lugar a una indefensión real y efectiva (Fundamento de 
Derecho tercero). 
Invoca la actora a continuación la vulneración de lo dispuesto en el artículo 28.1 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público en 
relación con el artículo 25.1 de la Constitución Española y, sosteniendo que el 
escape se había debido a un caso fortuito, entiende que no puede ser 
sancionada porque no ha concurrido ni dolo ni culpa. El argumento no es acogido 
por el Tribunal, que hace suyo el razonamiento de la Resolución impugnada ante 
alegaciones idénticas en vía administrativa. Y así se señala, en el Fundamento 
cuarto, que 
la liberación a la atmósfera se debió a un fallo en una sonda que mide el 
nivel del agente de lavado. Como consecuencia del fallo de la sonda se 
interrumpió el aporte de agente de lavado produciéndose emisiones de 
SO3 a la atmósfera durante unos 15 minutos. Del examen de los datos 
obrantes en el expediente se concluye que en la instalación no se disponía 
de un sistema de control del funcionamiento correcto de la sonda, o que 
advirtiera de su mal funcionamiento […] Considerando las consecuencias 
que el deficiente funcionamiento de la sonda puede provocar y de hecho 
ha provocado […] la empresa no ha actuado con la diligencia que le es 
exigible en cuanto al control del correcto funcionamiento de la sonda, 
estableciendo un sistema que permita detectar un fallo de funcionamiento. 
Por tanto, debe descartarse el caso fortuito alegado por la empresa como 
forma de eximirse de responsabilidad en la causación del escape de SO3. 
Este sistema es el que se ha implementado tras producirse la avería 
mediante la instalación de niveles visuales, y niveles de alarma sonoros, 
etc., que sí permiten una verificación del funcionamiento correcto y 
garantiza al máximo la entrada óptima de ácido sulfúrico a la torre de 
absorción. 
Por último, se alega falta de proporcionalidad en la sanción. La empresa 
invocaba en respaldo de su tesis el hecho de que el Ministerio Fiscal hubiera 
acabado archivando diligencias por los hechos. Discutía que existiera por su 
parte reincidencia, porque “tan solo uno de los diversos expedientes 
sancionadores previos frente a ella se refiere a emisiones a la atmósfera, sino 
RCDA Vol. [núm. romanos] Núm. [1/2] (20XX)  Título sintético 
 5 
que traen causa de otro tipo de conducta, como son los vertidos al medio fluvial, 
debiendo valorarse una eventual reiteración infractora -en aras de la 
proporcionalidad- en relación con las diversas instalaciones y no respecto de la 
persona jurídica en su conjunto”. Frente a ello, el TSJA recuerda que el reproche 
penal y el administrativo son aspectos distintos de la conducta, e insiste en la 
reincidencia porque el mismo sujeto había sido sancionado en el plazo de un año 
por infracciones administrativas en el marco de la Ley 16/2012, de 1 de julio, de 
prevención y control integrado de la contaminación y por considerar que en 
efecto se había producido una infracción tipificada como grave por incumplir 
términos de la autorización ambiental integrada, al no disponer de un plan 
específico adecuado respecto a la actuaciones y medidas para dar respuesta a 
las condiciones de explotación en situaciones distintas a las normales que 
pudieran afectar al medio ambiente, y con el resultado de poner en peligro grave 
la seguridad o la salud de las personas (Fundamento de Derecho quinto). 
2. EL CARÁCTER CONDICIONAL DE LAS SUBVENCIONES: AYUDAS AL 
PASTOREO 
En Sentencia de 27 de mayo de 2019, el TSJA resuelve el recurso número 
815/2018, presentado contra una Resolución de 9 de diciembre de 2018 de la 
Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado de Asturias 
que canceló el compromiso plurianual 2015-2019 adquirido en el marco de una 
ayuda agroambiental de sistemas de pastoreo racional en superficies de uso 
común.  
La Administración autonómica reaccionó así tras constatar, en una inspección 
sobre el terreno en 2017, que los animales que el recurrente había identificado 
uno a uno con su crotal no estaban en el monte. En el acta de control, el 
recurrente explicó que los animales estaban retenidos en Extremadura por 
razones de sanidad animal. Se comprobó que en 2016 ya había presentado 
escritos alegando “retraso” en la llegada de los animales al pasto. En 2018 vuelve 
a declarar animales identificados individualmente para comunicar que van a 
acceder a los pastos comunales para percibir la ayuda y en mayo de 2018, reitera 
que van a "sufrir retraso" en el acceso a los pastos por estar pendiente del 
saneamiento y que "comunicará" la fecha en que acceden. Al realizarse los 
A. Boto Álvarez  RCDA Vol. X Núm. 2 (2019) 
 6 
controles administrativos, a 31 de agosto los animales no habían entrado en 
Asturias y no hubo ninguna otra comunicación del interesado. 
El demandante sostiene que su comportamiento estaba justificado por motivos 
sanitarios de inmovilización de la cabaña ganadera, que había comunicado 
fehacientemente a la Administración. Sin embargo, el TSJA considera que no 
basta con la comunicación del problema de saneamiento y el retraso de la 
incorporación del ganado a los pastos estivales hasta su solución por la 
autoridad competente, cuando esta situación se ha mantenido en el tiempo sin 
que la parte demandante haya aportado pruebas para atribuirla a la conducta de 
un tercero o de fuerza mayor durante cada uno de los períodos inspeccionados 
(Fundamento de Derecho tercero).  
Y así, recordando que la subvención no responde a una causa donandi, sino a 
la finalidad de intervenir en la actuación del beneficiario a través de unos 
condicionamientos o de un modus, libremente aceptado por aquél, desestima el 
recurso y condena en costas a la parte demandante con un límite de 300 euros 
(Fundamento de Derecho cuarto). 
3. TELECOMUNICACIONES: ¿ORDENACIÓN GENERAL O ESPECIAL? 
El último de los fallos a analizar en estas páginas, de 20 de mayo de 2019, 
resuelve el recurso de apelación 91/2019, presentado contra Sentencia de 25 de 
enero del mismo año del Juzgado contencioso-administrativo número 6 de 
Oviedo. La sentencia de instancia había desestimado recurso en procedimiento 
ordinario número 76/18 contra una resolución municipal de legalización de 
licencia para estación base de telefonía móvil, adoptada esta legalización a su 
vez en ejecución de la Sentencia de 15 de julio de 2015 (procedimiento ordinario 
número 112/2014) del mismo Juzgado. 
Las alegaciones del recurrente tratan de someter a revisión la licencia originaria 
de la estación y de confrontar su instalación con las prescripciones del PGOU en 
cuanto a alturas, pero sobre todo a condiciones de uso. La revisión no puede 
proceder por haberse ordenado la legalización en una sentencia firme (la de 
2015), y respecto al marco jurídico-urbanístico al que debe contraerse ese 
procedimiento de legalización, el TSJA entiende que no puede ser el Plan 
General, que no estaba en vigor cuando se concedió la licencia y además se 
RCDA Vol. [núm. romanos] Núm. [1/2] (20XX)  Título sintético 
 7 
refiere a las propias edificaciones y no tanto a las instalaciones situadas por 
encima de su altura máxima (Fundamento de Derecho tercero), sino al Plan 
Especial de Ordenación de Instalaciones de Telecomunicaciones. 
Y el razonamiento lleva a desestimar el recurso, con condena de las costas 
devengadas en la alzada a la parte apelante, con un límite común para cada una 
de las partes comparecidas como apelada y coapeladas de 1.000 euros. 


Jurisprudencia ambiental en Asturias (Segundo semestre 2019)

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