Bibliografia.Varios instrumentos económicos diseñados con la finalidad de terminar la deforestación tropical, han sido puestos en práctica en países en desarrollo en estas últimas décadas. Dentro de esos instrumentos, los Pagos por Servicios Ambientales (PSA, también llamados Pagos por Servicios Ecosistémicos) han sido teorizados como mecanismos basados en contratos, que otorgan incentivos para conservar los bosques de manera costo-efectiva. Las pruebas del desempeño de los PSA son recientes y escasas, principalmente en relación su efectividad ambiental pero también en su capacidad de causar un cambio de comportamiento por parte de los usuarios de bosques y de mejorar la acción colectiva entre las agencias gubernamentales y las instituciones comunitarias, para lograr el mejoramiento de la conservación de los bosques a largo plazo. Esta tesis doctoral pretende evaluar cómo se ponen en práctica los PSA en bosques con tenencia colectiva en el estado de Chiapas, México. En particular, esta tesis investiga: i) si los PSA generan conservación adicional de los bosques durante el tiempo del contrato; ii) qué influencia tienen los prestadores de servicios técnicos sobre la puesta en práctica de los PSA; iii) cuáles son las preferencias de los miembros de comunidades participantes sobre las características de los contratos de PSA y iv) cómo los miembros de comunidad participantes pueden transformar los requerimientos de los PSA en instituciones de manejo forestal socialmente aceptadas y colectivamente cumplidas. La recopilacion de datos esta basada en metodologias cualitativas y cuantitativas, y este tesis esta enfocada en un case de studio que comprende varias escalas de analisis, estatal, reginal y al nivel de comunidad. Los resultados de la presente tesis contribuyen a debates actuales sobre el desempeño ambiental y las consecuencias sociales e institucionales de los PSA. Los resultados sugieren que los PSA pueden reducir significativamente la deforestación durante la vigencia de un contrato, pero que una mezcla de políticas complementarias es necesaria para institucionalizar un mejor manejo forestal tanto a nivel intra-comunitario como en las relaciones entre miembros de las comunidades, agencias gubernamentales y otras partes interesadas. Solamente trabajar con líderes comunitarios para adaptar contratos de PSA a las normas sociales y a las características institucionales de las comunidades, puede parecer efectivo a corto plazo, pero podría también deteriorar la acción colectiva si los líderes acumulan privilegios a través del control que ejercen sobre la puesta en práctica de los PSA. Cabe subrayar también que, a pesar de que no todos los prestadores de servicios técnicos tengan la capacidad o el deseo de supervisar la participación colectiva y el cumplimiento de los PSA, éstos son actores claves para internalizar los incentivos derivados de los PSA dentro de las normas sociales y comunitarias, permitiendo la conservación de los bosques y coordinando la transformación de las instituciones locales que organizan la conservación de los bosques. Los legisladores deberían proponer PSA más adaptados a los contextos locales que permitan analizar y resolver las fallas de acción colectiva y reforzar los arreglos institucionales qué organizan el manejo de los recursos naturales. La investigación interdisciplinaria puede permitir entender mejor las condiciones favoreciendo tal cambio institucional a través de mecanismos basados en contratos.A range of economic instruments aiming at stopping tropical deforestation has been implemented in developing countries over the past few decades. Among these, Payments for Environmental Services (PES, also called Payments for Ecosystem Services) have been theorized as contract-based mechanisms that provide incentives to better conserve forests in a cost-effective way. However, evidence about their performance is still recent and scarce, notably their environmental effectiveness but also their ability to induce forest managers' behavioral change and foster collective action between governmental agencies and community institutions for achieving long-term forest conservation. This dissertation aims at evaluating the implementation of PES in collectively-owned forests in the state of Chiapas, Mexico. Specifically, it investigates i) if PES are generating additional forest conservation outcomes during contract implementation; ii) the influence of technical service providers over PES implementation; iii) what are the preferences of community members regarding PES contract characteristics; and iv) the extent to which community members are able to translate PES requirements into socially embedded and collectively enforced forest management institutions. Data collection relies on both qualitative and quantitative methods, adopting a case-study approach that comprises several analytical scales: state, regional and community levels. Overall, the findings of this dissertation contribute to current debates on the environmental performance and social and institutional repercussions of PES. They suggest that PES can significantly reduce deforestation during contract implementation, but complementary policy-mixes are needed to institutionalize forest management rules both into community institutions and between community members, governmental agencies and other stakeholders. Strategies targeting community leaders to adapt PES contracts to social norms and institutional characteristics of communities may appear effective in the short-term but could also lead to degraded collective action if these leaders increase their privilege through their control of PES implementation. Although not all technical service providers have the capacity or the desire to supervise community participation and compliance, these actors are key to internalize PES incentives into the communities' social norms framing conservation and to coordinate a transformation of local institutions shaping forest management. Policy makers should therefore consider more context-sensitive PES implementation approaches to analyze and resolve failures in collective action and subsequently recraft institutional arrangements governing natural resources management. Interdisciplinary research frameworks could contribute to better understand the critical conditions enabling such institutional change through monetary incentives
