Fil: Salt, Marcos. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Derecho. Buenos Aires, ArgentinaFil: Rusconi, Maximiliano. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Derecho. Buenos Aires, Argentin

Rusconi, Maximiliano

Salt, Marcos

Repositorio Digital Institiucional Universidad de Buenos Aires

EJECUCIÓN Y PROCESO PENAL:EL RESCATE DEL PODER DE LOS JUECESMAXIMILIANO RUSCONIMARCOS SAL'r1. LA REFORMA nz LA JUSTICIA PENALFrente a la transformación que propone el proyecto dereforma de la administración de justicia penal en el temade la ejecución de las penas privativas de libertad. debemosreferirnos, en primer lugar, a la estremecedora situaciónque esta etapa procesal atraviesa en nuestros días.Mientras la ley penitenciaria nacional (art. 1°) propugnael objetivo de la resocialización del delincuente como ﬁn delas penas de encierro 1, todos sabemos que éste se ha reduci-do sólo a una mera formulación: los datos estadísticos refe-ridos a la reincidencia son prueba evidente de la contradic-ción entre el ﬁn buscado por la ley y la descripción de larealidad 2.Si bien en la doctrina ya se sostiene el carácter parado-jal de la idea de que un ciudadano recupere la capacidad dedesenvolverse normalmente en la sociedad, aislado de esal No se nos escapa el peligro que conlleva para el desarrollo ideológi-co de un programa penitenciario la carencia de precisión en el concepto re-socialízación. Para un más detallado análisis del problema puede verseen: Borja - Mapelli Caffarena, Criminología crítica. y ejecución penal, en re-vista “Poder y Control". Barcelona. n? 0, p. 180.3 Ya en el año 1968 autores como Neuman e Irurzun hacían notar elfracaso rehabilitador de las penas de encierro. haciendo referencnaa losporcentaies globales de reincidencia. Cfr. Neuman - Irurzun, La socredadcarcelaria. Bs. As.. 1968, p. 25 y siguientes. Además, es probable que losno reincidentes, lo sean no por estar resocializados. San por otras causas.268 LECCIONES Y ENSAYOSsociedad y sometido a un modo anormal de vidaa, es claroque el objetivo será más lejano aún al verse acentuado esteaislamiento por las condiciones en que se cumple el encierro.En efecto, la falta de condiciones edilicias mínimas en losestablecimientos carcelarios, la caótica distribución de los con-denados, realizada sin tener en cuenta la cercanía de sus fa-miliares o amigos, la posibilidad del efectivo ejercicio delderecho de defensa‘, el constante cumplimiento de las pe-nas privativas de libertad en el mismo establecimiento dondeprocesados esperan la resolución de sus causas, el climade violencia que impera en la subcultura carcelaria“, etc.,son sólo algunos ejemplos de las condiciones que tornanaún más dura para el condenado e ineﬁcaz para la sociedadla pena de prisión 5.3 En este sentido. García Ramirez: “hay en el fondo de todas estascuestiones una destacada paradoja: a la prisión, que apareja un modo anor-mal de vida, incluso en las mejores hipótesis, se pide que actúe eﬁcien-temente como formadora de hombres libres" (Criminología, marginalidady derecho penal, Bs. As., Depalma, 1982, p. 160). "Cfr.. también. Roxin Clauss. Las nuevas corrientes de politica crimi-nal en la República Federal Alemana, en “Nuevo Pensamiento Penal".1973. p. 388 y siguientes.4 El Proyecto de Código Procesal Penal recepta a este derecho en for-ma clara en el art. 388: “Tendrá derecho (el condenado) a la defensa técnicay continuará ejerciéndola el defensor nombrado con anterioridad".Es claro que para que esto no signiﬁque sólo una formulación. la ad-ministración de justicia debe crear las condiciones (razonablemente nece-sarias). para que la decisión del abogado defensor de conﬁanza del ciuda-dano condenado, de abandonar la asistencia a este último no sea produc-to de la arbitraria e irracional elección del lugar de cumplimiento de lacondena.5 En realidad las especiales y determinadas manifestaciones de vio-lencia o "dureza" en el comportamiento de los internos es sólo uno de lospuntos salientes que caracterizan de manera singular a la subcultura carce-laria y justiﬁcan su tipiﬁcación; ella se encuentra. también. representadaen ciertas "normas" de carácter informal que integran el llamado “códigodel recluso".Para una explicación profunda del concepto y la caracterización so-ciológica de la subcultura carcelaria puede verse a Kauimann, Hilda. Eje-cución penal y terapia social, Bs. A5.. Depalma. 1979. cap. l.0 En el mismo sentido: “La ejecución penal humanizada no sólo nopone en peligro la seguridad y el orden estatal, sino todo la contrario.Mientras la ejecución penal humanizada es un apoyo al orden y la seguri-dad estatal, una ejecución penal deshumanizada, atenta precisamente con-tra la seguridad estatal" (Kaut‘mann. Hilde, Principios para la reforma dela ejecución penal, Bs. As.. Depalma, 1977. p. 18).ACTUALIDAD 2692. EL CONTROL JUDICIAL DE LA EJECUCIÓN PENALSin embargo. uno de los problemas fundamentales queafronta el actual sistema de ejecución de penas, y que com-pleta e] cuadro desolador que hemos descripto, es la desvincu-lación que se produce entre el condenado y el sistema judi-cial una vez dictada la sentencia’. Esta desvinculación, enel orden federal, se produce no sólo por la insuficiente regu-lación normativa, sino porque es impensable que juecesagobiados por el enorme atosigamiento de trabajo produci-do en sus juzgados, generado por un sistema de administra-ción de justicia estructuralmente ineﬁcaz, puedan ocuparserealmente de la suerte de los condenados.En este sentido es necesario advertir el peligro de enten-der al lugar carcelario como algo externo al sistema jurídi-co, ya que es aquí donde se desarrolla, más intensamente, larepresión estatal. En general estamos acostumbrados a veren la sentencia la culminación del proceso penal, y a consi-derar la ejecución de la condena ajena a los principios y ga-rantías que limitan el poder penal del Estado en las etapasprocesales anteriores.Esta forma generalizada de pensar, consciente o no, nosha llevado a olvidarnos sistemáticamente del ciudadanocondenado, justo en el momento en que el poder penal delEstado se maniﬁesta de manera más dramática“.Es necesario, pues, que entendamos a la etapa de ejecu-ción penal como parte del proceso judicial y de la realidadsocial en la cual está necesariamente inmersa.7 “En la práctica. lo que reciben los establecimientos de procesadosson una mera orden de internación con algunos datos relativos al procesa-do y a ln causa. Cuando el procesado pasa a ser condenado, llega una co-pia de la sentencia y el cómputo de la pena. Alli comienza, o quizá seformalice el divorcio entre el juez de la causa y el condenado. Salvo heíchos especiales volverán a saber el uno del otro recién cuando se llegue atérmino para solicitarla libertad condicional" (Aparicxo. Julio E.. Crimino-“Cía, proceso u ejecución penal, libertad condicional y patronales de libe-rados, Bs. A5., Dimas, 1985, p. 103-104)._' “En en la instancia de la aplicación de la pena donde pqsxblementecon mayor claridad se pueden poner de maniﬁesto los aspectos ideológicosdel derecho penal y se puede discutir el carácter expiatorio e infamanteque la pena puede llegar a tener" (Hormazábal Malareé. Hern'án.Aspfctosejecutivos penales. Introducción, en revista “Poder y Control . Barce ona,1930. n° 0, p. 151.270 LECCIONES Y ENSAYOSPor este motivo, la creación de un tribunal de ejecuciónque se encargue, entre otras cosas. de un efectivo controlsobre el cumplimiento de aquélla es, creemos, un valiosoaporte del proceso de reforma a la humanización de la jus-ticia.Este aporte implica una asistencia personalizada al con-denado por jueces dedicados, exclusivamente a la ejecución.Merece destacarse, además, la función de transparencia dela ejecución penal que cumplirá este tribunal. Esta trans-parencia permitirá el cumplimiento del mandato de publici-dad del procedimiento, mandato que en este momento pro-cesal de la ejecución de la condena. ha sido sistemáticamenteolvidado, cuestión grave si es que se aspira con sinceridad auna forma democrática y republicana de gobierno 9.3. EL TRIBUNAL DE EJECUCION EN EL PROYECTODE REFORMAEl tribunal estará integrado por jueces de los distintostribunales penales de distrito que serán elegidos anualmen-te por el tribunal de casación, teniendo en cuenta la canti-dad de condenados que cumplen efectivamente penas pri-vativas de libertad situados en cada uno de los distritos y lacantidad de personas sometidas al control del tribunal deejecución que tengan domicilio en cada uno de ellos (art. 43,'proyecto de ley de organización judicial).De este modo se ha establecido una postura intermediaentre las dos posibilidades clásicas de formación de un tri-bunal de ejecución. Generalmente se discute si el controlde la ejecución penal debe quedar en manos de jueces espe-ciales o en manos de los mismos jueces que dictaron la sen-tencia. La primera postura permitiría contar con juecesespecializados y con conocimientos técnicos superiores.La segunda, favorecería la idea de que el proceso penal notermina en la sentencia definitiva, sino que abarca tambiénel control de la ejecución penal. Ambas posiciones gene-ran inconvenientes: el juez especializado puede provocaruna fractura en el sistema judicial, formando una cultura ju-dicial propia dela ejecución penal que no se halle armoniza-9 Sobre todo si tenemos en cuenta que en los problemas referidos aJcumplimiento de penas, no participa, en absoluto. la ciudadania a pesar deser cuestiones que directamente inﬂuyen en la realidad social.ACTUALIDAD 27 1da con los principios que nutren las otras etapas de procesopenal. La segunda postura podría favorecer-un descuidodel control de la ejecución penal, atendiendo a la gran canti-dad de trabajo judicial que requieren las' otras etapas proce-sales. El proyecto de ley orgánica para la justicia penal,busca superar estas antinomias. Por ello, los jueces se de-dican con exclusividad al control de la ejecución penal,pero integran el mismo equipo de jueces que conocen entodo el proceso penal.El proyecto también prevé la creación de “oﬁcinas deejecución" en los distintos establecimientos penitenciarioscon el ﬁn de representar al tribunal”. Al mismo tiempo seha previsto en la ley orgánica para la justicia penal (LOJ) lacreación de oficinas encargadas del control del cumplimien-to de las medidas dispuestas en los casos de suspensión delproceso a prueba (art. 46, LOJ) “.Este tribunal tendrá a su cargo la intervención en todaslas cuestiones que sucedan luego de que quede ﬁrme la sen-tencia condenatoria.Es preciso aclarar que estas tareas no se agotan en elcontrol de la- ejecución de la pena, sino que. por el contrario,y a pesar de ser ésta la de mayor relevancia, el proyecto deCódigo Procesal Penal (CPP) le asigna otras de índole varia-da, a saber:a) Fijación del cómputo definitivo (art. 390, CPP).b) Control general sobre la pena y asistencia al liberado(art. 394, CP'P).1° De acuerdo con lo establecido en el art. 46 de la LOJ, las oﬁcinasdeejecución se organizarán dentro de los establecimientos penitenciarios.con excepción de los establecimientos pequeños en donde las tareas inhe-rentes a esta oﬁcina serán realizadas por funcionarios pertenecientes a oﬁ-cinas cercanas en visitas periódicas. A ﬁn de llevar a la práctica lo regula-do por esta norma creemos que deberá tenerse en cuenta la capacidad (realy no teórica) de albergar condenados de cada uno de los establecnmientos.Al mismo tiempo será necesario crear oficinas de ejecución en establem-mientos en los cuales la implementación se justiﬁca no por su_ CEPECIdadde albergar ciudadanos condenados. sino por la distante ubxcacnón geográ-ﬁca." La función de control ha quedado limitada. luego de las modiﬁca-ciones introducidas por la Comisión de Legislación Penal a los arts. 23] y392 del CPP. a un control mediato a través de la superviciónsobre el Patro-nato de Liberados e instituciones aﬁnes en las provmcxas. Por_lo quecreemos que ha perdido parte de su sentido la creacnón de una oﬂcma quetenga corno función, sólo. esta tarea.272 LECCIONES Y ENSAYOSc) Libertad condicional. Control y revocación (arts.392 y 393, CPP).d) Suspensión del proceso a prueba. Control y revoca-ción (art. 231, CPP).e) Ejecución de multas (art. 395. CPP).f) Trámite de inhabilitación y rehabilitación (arts. 396y 398, CPP).g) Trámite de otorgamiento de pensión prevista en elart. 19 del Cód. Penal (art. 397, CPP).h) Promover recurso de revisión por ley más benigna(art. 401, CPP).i) Control de ejecución de las medidas de seguridad ycorrección.Sin embargo, de todas estas funciones, las de mayor im-portancia son: El control general sobre la pena, y la supervi-sión de patronatos e instituciones aﬁnes. Nos referimos es-pecialmente a ellas.a) Control sobre la, ejecución de La penay la asistencia al liberadoLas actividades del tribunal de ejecución en lo que aesta función se reﬁere presentan características disímiles,_por lo cual es conveniente discriminarlas.a.) Controlar que las condiciones de cumplimiento de laejecución se den de acuerdo con las leyes y reglamentos queen su consecuencia se dicten (art. 121, ley penitenciaria na-cional —LPN—). Esta tarea es de un contenido muy amplio,esperamos que se materialice, por ejemplo. en comprobarlas condiciones de higiene de los establecimientos (arts. 17a 20, LPN), controlar la razonabilidad de los traslados de de-tenidos (arts. 31 a 33, LPN), la aplicación de medidas de suic-ción (arts. 34 a 36, LPN), laalimentación (art. 26, LPN), 'elalojamiento (arts. 21 y 22. LPN), etcétera.Pensamos que sería deseable, en este marco, que losjueces realizaran visitas periódicas a los establecimientos car-celarios y mantuvieran charlas informales con los condena-dos a ﬁn de que éstos puedan manifestarse libremente acer-ca de las condiciones en que cumplen la condena. planteenobjeciones al régimen de tratamiento, o efectúen cualquiertipo de petición (art. 28, LPN).b) Resolver los incidentes que se susciten.ACTUALIDAD 273c) Colaborar con la dirección de los establecimientospenitenciarios en la solución de los conﬂictos que se gene-ren en su ámbito.d) Asesorar a los establecimientos en la planiﬁcaciónde los tratamientos de los condenados.e) Llevar a cabo el trámite de otorgamiento de la liber-tad condicional.b) Supervisión de patronatos e instituciones afinesEn el marco de esta función ¡2 las tareas principales quedesarrollará el tribunal de ejecución serán las siguientes:1) Recibir los informes que el patronato e institucionesaﬁnes deberán enviar en forma periódica, y formar un lega-jo de cada uno de los sujetos a control donde constará laevolución de su comportamiento.2) Ejercer un control general a través del patronato y lasinstituciones aﬁnes, sin perjuicio de llevar a cabo un controldirecto por medio de visitas periódicas para comprobar elcumplimiento de las condiciones impuestas y ejercer unaasistencia personalizada. A tal ﬁn los jueces podrán dispo-ner entrevistas con los sujetos sometidos a control cuandolo crean conveniente por alguna razón especial o a través deun sistema de muestreo.3) Establecer mecanismos que permitan que los sujetosbajo vigilancia puedan acceder al tribunal a plantear proble-mas concretos y posibilidades de solución.4) Sin perjuicio de la función que cumple el patronatoen este sentido, se podrá organizar una bolsa de trabado, ac-tividades educativas, o cualquier otra actividad que tienda abrindar apoyo a los sujetos sometidos a control. La expe-riencia nos muestra que la cuestión de conseguir empleo, esuno de los problemas principales que aquejan al liberado.Esto se agrava día a día por la situación económica que Viveel país y el aumento de los índices de desempleo. En estesentido es también de fundamental importancia la realiza-ción de programas de difusión que preparen a la sociedad arecibir de manera no traumática a los liberados.Asimismo se podrá contribuir con el patronato a solu-cionar los problemas de vivienda, y obtención de recursos¡3 Ver nota anterior.la. [guiones y Ennyou.274 LECCIONES Y ENSAYOSsuﬁcientes para superar la crisis del egreso (arts. 100 y 101,LPN).5) Establecer un sistema por el cual conste el plan a se-guir, en el que se puedan comprobar los progresos de los su-jetos a control.De la observación del conjunto de funciones a cargo deeste tribunal a las que hicimos referencia, surge que en mu-chos casos, éstas pueden tener que realizarse en lugaresgeográficos diferentes con respecto a un mismo condenado.Esta característica debe ser de fundamental importancia almomento de decidir acerca de la estructura convenientepara este tribunal, por lo que proponemos establecer encada uno de los distritos sedes del tribunal que tomarán asu cargo el ejercicio de todas las funciones que debe realizareste tribunal en cada uno de los distritos del país.Así, por ejemplo, dictada una sentencia condenatoria enBuenos Aires, el cómputo deﬁnitivo debería ser realizadopor la sede del tribunal de ejecución de este distrito. Si lacondena se hiciere efectiva en una unidad carcelaria ubica-da en otro distrito, el control general sobre su ejecución, de-bería realizarse por la sede del tribunal de ejecución de esteúltimo, y en el caso de que se le otorgara libertad condicio-nal, el control sobre ella estará a cargo de la sede del tribunalde ejecución del distrito en el cual ﬁje el domicilio el libera-do condicionalmente.4. CONCLUSIONESEn síntesis, es claro que hoy en día la etapa de ejecuciónpenal no cumple adecuadamente con su ﬁnalidad. Somosconscientes de que la creación del tribunal de ejecución nosigniﬁcará, por sí sola, una Solución integral a los proble-mas que esta etapa procesal conlleva. Sin embargo, cree-mos que constituye un paso de fundamental importancia enel proceso de reforma. Sobre todo, esto es así, si tenemosen cuenta que: “lo esencial de todo el pensamiento reforma-dor reside... en que la reforma no debe entenderse como unacto único mediante el cual, con la ayuda de una nueva ley,se prescriban determinadas modificaciones que por sí mis-mas producirían la reforma: la reforma, al contrario, consis-te en un proceso de desarrollo permanente... pues todas lasACTUALIDAD 275instituciones sociales son de tal naturaleza que siempre re-quieren nuevos procesos de reforma"”. 'En efecto, las decisiones del tribunal de ejecución, es-peramos, marcarán el rumbo hacia el mejoramiento del sis-tema penitenciario, para lo cual será menester encontrar lamanera de unir a este proyecto de reforma la actividad man-comunada del Servicio Penitenciario Federal y el Patronatode Liberados.¡3 Kauﬁnann. Principios para la reforma de la eiecucwn Pe’ml' P' 53‘

Ejecución y proceso penal : el rescate del poder de los jueces

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