Fil: Vales Benavente, Hernán E. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Derecho. Buenos Aires, Argentin

Vales Benavente, Hernán E.

Rectorado de la Universidad de Buenos Aires

271LECCIONES Y ENSAYOSRESEÑA DE DECISIONESINTERNACIONALESCorte Internacional de Justicia: Caso relativo a la Legali-dad del Uso de la Fuerza (Yugoslavia c. Bélgica, Nro. 105; Yu-goslavia c. Canadá, Nro. 106; Yugoslavia c. Francia, Nro. 107;Yugoslavia c. Alemania, Nro. 108; Yugoslavia c. Italia, Nro.109; Yugoslavia c. Países Bajos, Nro. 110; Yugoslavia c. Portu-gal, Nro. 111; Yugoslavia c. España, Nro. 112; Yugoslavia c.Reino Unido, Nro. 113; Yugoslavia c. Estados Unidos de Améri-ca, Nro. 114) (2 de junio de 1999)El 2 de junio de 1999 la Corte Internacional de Justicia (“CIJ”)se expidió acerca del pedido de medidas provisionales por parte dela República Federal de Yugoslavia (“Yugoslavia”) en los diez casos(Nros. 105 al 114) relativos a la legalidad del uso de la fuerza a raízde los bombardeos de la Organización del Tratado del AtlánticoNorte (“OTAN”) en territorio yugoslavo. La decisión de la CIJ se com-puso en cada caso de una orden, a la cual se le agregarían distintasopiniones separadas, declaraciones y opiniones disidentes (1). Entodos y cada unos de los casos, la Corte negó la posibilidad deindicar medidas provisionales.La posición de YugoslaviaEl 29 de abril de 1999, sólo cuatro días después de la acepta-ción por parte de Yugoslavia de la competencia de la CIJ, este paísdemandaba en casi idénticos términos a diez de los estados inte-grantes de la OTAN ante el más alto tribunal internacional.(1) La decisión puede ser consultada en Table of Contents Orders – Yugoslaviav. Belgium http://www.icj-cij.org/icjwww/idocket/iybe/iybeorders/iybe_iorder_toc.htm (visitado 10/7/2000). Para aquellos interesados en profundi-zar en el estudio de este caso, recomendamos la lectura de la opinión disidente delVicepresidente de la Corte, Juez Weeramantry, así como la de los votos de los Jue-ces Oda y Higgins.272La República Federal de Yugoslavia alegaba que, a través de suparticipación en los bombardeos de la OTAN, los Estados deman-dados violaron, entre otras, i) la prohibición del uso de la fuerzacontra otros Estados, ii) la prohibición de atacar a poblaciones civi-les, iii) la prohibición de no atentar contra monumentos culturales,históricos o espirituales, iv) la prohibición del uso de armas noadmitidas por el Derecho Internacional, v) la obligación de no cau-sar daño ambiental y vi) la obligación de no interferir con la liber-tad de navegación en cursos de agua internacionales. Por otra par-te, Yugoslavia resaltó la asistencia brindada por los Estados de-mandados al denominado “Ejército de Liberación de Kosovo”, enclara violación al principio de no intervención en los asuntos inter-nos de otros Estados. Como consecuencia de estos actos, Yugosla-via sostuvo que cada uno de los Estados demandados había violado“su obligación de no infligir deliberadamente sobre un grupo nacio-nal condiciones de vida que puedan llegar a causar su destrucciónfísica, en forma total o parcial”, es decir, genocidio contra la pobla-ción serbia de Yugoslavia. Por último, Yugoslavia solicitó a la Corteque, como medida provisional hasta que se decidiera sobre el fondodel asunto, ordenara a cada uno de los Estados demandados que“cesara inmediatamente en el uso de la fuerza y se abstuviera decualquier amenaza o uso de la fuerza contra la República Federalde Yugoslavia” (2).JurisdicciónEl caso en estudio presenta ciertas complejidades en relacióncon la jurisdicción de la CIJ. Yugoslavia presentó fundamentalmentetres bases para la competencia de la Corte: a) la jurisdicción obliga-toria del artículo 36(2) del Estatuto de la Corte, b) el artículo IX dela Convención de Genocidio de 1948 (3) y c) la jurisdicciónconsensuada del artículo 38(5) del Reglamento de la Corte.Luego de expresar su profunda preocupación por la situaciónen Yugoslavia, la CIJ consideró oportuno recordar que no puederesolver disputas entre Estados sin el consentimiento de los mis-mos. Expresó asimismo que si bien no era necesario establecer ju-risdicción de manera definitiva a fin de indicar medidas provisiona-(2) Los argumentos de Yugoslavia pueden encontrarse en YALL: Yugoslavia v.YALL – CR9914 – 10 May 1999 http://www.icj-cij.org/icj/idocket/iyall/iyall_cr/iyall_icr9914_19990510.html (visitado el 24/1/2000).(3) Convención de 1948 sobre la Prevención y el Castigo del Delito de Genoci-dio, 78 UNTS 277 (1951), Art. IX (“Convención de Genocidio”).HERNÁN E. VALES BENAVENTE273LECCIONES Y ENSAYOSles, las mismas no pueden ser ordenadas si no existe al menosjurisdicción prima facie (4).En cuanto a la jurisdicción obligatoria del artículo 36(2) de suEstatuto, la CIJ remarcó que Yugoslavia declaró su aceptación dela jurisdicción de la Corte con fecha 25 de abril de 1999, pero limitóratione temporis su aceptación a las disputas que surgieran conposterioridad a la firma de dicha declaración (5). La Corte concluyóque las demandas yugoslavas se dirigían fundamentalmente con-tra los bombardeos de la OTAN que comenzaron antes del 25 deabril de 1999, no habiendo podido establecer Yugoslavia que nue-vas disputas se hayan originado con posterioridad a esa fecha. Eneste punto, la CIJ realizó lo que se considera una interpretacióndemasiado estricta de la declaración yugoslava con relación al mo-mento en que se iniciaron los bombardeos y consecuentemente,surgió el conflicto internacional (6). La Corte sólo tuvo en cuentalos bombardeos, ignorando algunas de sus consecuencias que comoel daño ambiental o la violación al principio de libertad de navega-ción de los ríos internacionales, pudieron originarse con posteriori-dad y continuar en el tiempo. Tal como lo señala Jorri Duursma, setrata de la legalidad de toda la estrategia del bombardeo más quedel bombardeo en sí mismo (7). Ahora bien, en virtud del principiode reciprocidad —por el cual un Estado puede invocar las reservaso limitaciones en las declaraciones de su contraparte— (8) no existejurisdicción bajo este artículo entre el Estado actor y Bélgica, Ca-nadá, los Países Bajos y Portugal. En los casos específicos de Espa-ña y el Reino Unido, cada una de las declaraciones por las cualesestos Estados aceptaron la competencia de la Corte posee una re-serva por la cual se excluyen los casos con Estados que hubiesen(4) La jurisdicción prima facie, junto con el peligro de que se cause un dañoirreparable que haga inútil el tratamiento del caso en etapas posteriores, son requi-sitos esenciales para la procedencia de medidas provisionales.(5) Yugoslavia aceptó la jurisdicción de la Corte utilizando la fórmula estándarque incluye “disputas surgidas o que puedan surgir con posterioridad a la firma dela presente Declaración, con relación a las situaciones o hechos posteriores a dichafirma”, es decir, después del 25 de abril de 1999. Ver Legalidad del Uso de la Fuerza(Yugoslavia c. Bélgica), Solicitud de Medidas Provisionales, Orden del 2 de junio de1999, para. 23.(6) Jorri Duursma, Justifying NATO´s Use of Force in Kosovo?, LEIDEN JOURNAL OFINTERNATIONAL LAW, Nro. 12 (1999), pag. 293.(7) Id.(8) Ver, Ciertos Empréstitos Noruegos, (Francia c. Noruega) 1955-1957, dispo-nible en http://www.icj-cij.org/icjwww/idecisions.htm (visitado el 10/7/2000).274aceptado la jurisdicción obligatoria de la CIJ en un lapso menor a12 meses antes del inicio de la demanda (9). Por lo tanto, tampocoexiste jurisdicción sobre esto países ya que Yugoslavia inició sudemanda ante la Corte sólo cuatro días después de aceptar su ju-risdicción.En segundo lugar, la Corte rechazó el fundamento del artículoIX de la Convención de Genocidio de 1948 como base para estable-cer jurisdicción prima facie. Por un lado, la Corte señaló la dificul-tad para determinar en esa etapa de los procedimientos si los actosque se le imputaban a los Estados demandados son pasibles de serencuadrados dentro de los prohibidos por la Convención de Geno-cidio. Así y todo, en ocho de los diez casos, el más alto tribunalinternacional no encontró configurado el delito de genocidio, prin-cipalmente debido a la ausencia de la intención de destruir a ungrupo, elemento necesario para que tenga lugar esta figura. En losdos casos restantes —España y EE.UU.— la falta de jurisdicciónera aún más patente ya que ambos Estados realizaron una reservaen su momento al Artículo IX de la Convención de Genocidio. Aun-que la Corte no pareció interesada en determinar en esta etapa silas reservas de estos países eran contrarias al objeto y fin del trata-do en cuestión, sabemos que no estaban expresamente prohibidaspor la Convención de Genocidio ni que fueron objetadas oportuna-mente por Yugoslavia, por lo que en principio serían válidas.Por último, y con relación al Artículo 38(5) del Reglamento de laCorte como fuente de jurisdicción, la CIJ resaltó la falta de consen-timiento a su jurisdicción por parte de Francia, Alemania, Italia,España y los EE.UU., lo que también demostraría la ausencia dejurisdicción prima facie bajo esta disposición (10).En la segunda ronda de argumentos orales, Yugoslavia intentóinvocar motivos adicionales para la jurisdicción de la Corte sobrealgunos Estados demandados (v.gr. tratados bilaterales con Bélgi-ca y los Países Bajos de 1930 y 1931 respectivamente). Sin embar-(9) Ver, Tratados Multilaterales Depositados ante el Secretario General de Na-ciones Unidas, Status al 31 de diciembre de 1997, Pág. 25 y 27.(10) “When the applicant State proposes to found the jurisdiction of the Courtupon a consent thereto yet to be given or manifested by the State against whichsuch application is made, the application shall be transmitted to that State. It shallnot however be entered in the General List, nor any action be taken in the proceedings,unless and until the State against which such application is made consents to theCourt’s jurisdiction for the purposes of the case.” Art. 38(5), Reglas de la Corte,disponible en Basic Documents http://www.icj-cij.org/icjwww/ibasicdocuments/ibasictext/ibasicrulesofcourt.html (visitado 11/7/2000).HERNÁN E. VALES BENAVENTE275LECCIONES Y ENSAYOSgo, la Corte manifestó que la invocación de nuevas bases para sucompetencia en esa etapa no era procedente y constituía “una seriaamenaza al principio de buena fe procesal y de administración dejusticia”, denegando su admisibilidad (11).Los casos de España y los Estados Unidos fueron eliminadospor la Corte de su lista de casos pendientes debido a una manifies-ta falta de jurisdicción. En relación con los otros Estados, la Cortedeclaró no poseer jurisdicción prima facie a fin de indicar medidasprovisionales pero reservó su decisión en cuanto a la jurisdicciónsobre el fondo del asunto para etapas ulteriores.Observaciones finalesEnfrentada con el dilema moral que originara la situación sufri-da por las minorías albanas en Kosovo —el respeto estricto del De-recho Internacional o la necesidad de arbitrar los medios para lacesación de violaciones masivas a los derechos humanos—, la Cor-te pareció legitimar la segunda alternativa al escudarse en elemen-tos técnicos para negar la medidas provisionales solicitadas porYugoslavia. Sin embargo, no podemos adelantar juicios acerca dela decisión del tribunal de La Haya hasta que no se expida sobre elfondo del asunto.En lo que constituye un importante aporte al Derecho Interna-cional, la Corte resaltó que “hayan o no los Estados aceptado lajurisdicción de la Corte, éstos serán siempre responsables por losactos que le sean imputables y que violen el Derecho Internacional,incluyendo el Derecho Internacional Humanitario…” (12). Por otraparte, mediante lo que la doctrina considera un claro obiter dictum,la Corte instó a las partes en conflicto a que el mismo no se vieraagravado ni extendido, recordándoles que si el mismo constituyeuna amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agre-sión, el Consejo de Seguridad como órgano responsable podrá ac-tuar en virtud de las atribuciones que le confiere el Capítulo VII dela Carta de las Naciones Unidas (13).A más de un año de haber arribado a esa decisión, la Corte sóloha emitido decisiones en cuanto al procedimiento, pero sin haberse(11) Ver nota 1, para. 44.(12) Id., para. 19.(13) Id., para. 50.276expedido aún sobre los méritos del asunto. Dicha decisión se de-morará aún más, debido a las objeciones preliminares planteadaspor los ocho Estados que aún continúan como parte del litigio. Se-gún el Art. 79(3) del Reglamento de la Corte estas objeciones sus-penden el procedimiento sobre el fondo del asunto hasta tanto nosean resueltas (14). Posiblemente, Yugoslavia abandone su preten-sión, la que en parte carece ya de objeto y que le acarrea enormescostos. La comunidad jurídica internacional, por su parte, esperaansiosa el resultado de este litigio, que echará luz sobre institucio-nes polémicas de Derecho Internacional como la así llamada “in-tervención humanitaria” y el actual alcance del principio de no in-tervención.Hernán E. Vales BenaventeJulio de 2000(14) Información de prensa 2000/25, 7 de julio del 2000, The respondent Stateschallenge the Court´s jurisdiction and the admissibility of Yugoslavia´s Applications,disponible en http://www.icj-cij.org, (visitado 11/7/2000).HERNÁN E. VALES BENAVENTE

Reseña de decisiones internacionales

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