Fil: Espeche Gil, Miguel Angel. Encuentro del Pensamiento Nacional; Argentina.La alegación del origen ilícito de gran parte de la deuda externa es el argumento más firme y valioso\ncon que cuenta la República Argentina para defender sus legítimos derechos. No es lo mismo decidir\nuna quita por insolvencia que negarse a pagar lo que no corresponde

Espeche Gil, Miguel Angel

Fil: Espeche Gil, Miguel Angel. Encuentro del Pensamiento Nacional; Argentina.La alegación del origen ilícito de gran parte de la deuda externa es el argumento más firme y valioso
con que cuenta la República Argentina para defender sus legítimos derechos. No es lo mismo decidir
una quita por insolvencia que negarse a pagar lo que no corresponde

Repositorio Digital Institiucional Universidad de Buenos Aires

Espeche Gil, Miguel Angel (diciembre 2004). Deuda externa Argentina (I) : El origen ilícito. En: Encrucijadas, no. 29. Universidad de Buenos Aires. Disponible en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad de Buenos Aires: <http://repositoriouba.sisbi.uba.ar> DEUDA EXTERNA ARGENTINA (I) El origen ilícitoLa alegación del origen ilícito de gran parte de la deuda externa es el argumento más firme y valioso con que cuenta la República Argentina para defender sus legítimos derechos. No es lo mismo decidir una quita por insolvencia que negarse a pagar lo que no corresponde.MIGUEL ÁNGEL ESPECHE GIL Embajador de carrera retirado. Doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, Doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la UBA y por la Universidadde la República, Montevideo, ROU. Doctor en Diplomacia y Relaciones Internacionales. Ex profesor en la UBA, en la Universidad del Salvador y en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Presidente del Encuentro del Pensamiento Nacional. Candidato nominado al Premio Nobel de la Paz 2002. En el caso presente de la deuda externa del Estado argentino, y la declaración del gobierno de que aplicará una quita del 75% sobre parte de esa deuda, todavía no se han esgrimido los argumentos más válidos y poderosos que la respaldan. No es lo mismo decidir una quita porque se está en insolvencia que hacerlo porque, además, no corresponde pagar. Esta última situación es la real de la Argentina, aunque los negociadores no hayan osado mencionar el carácter ilícito de gran parte de la deuda reclamada por los acreedores. Cabe entonces recapitular este aspecto crucial del problema de la deuda externa argentina que, sin haber sido manifestado, es el más fuerte y el que en última instancia justifica la validez de la quita dispuesta [1].La ilicitud de la deuda reconoce cuatro causales [2]: “la primera atañe al origen de las deudas, ya que en muchos casos fueron contraídas con fraude y falsedad instrumental delos contratos”. Los vicios legales observados en la contratación permiten el planteo de nulidad de muchos de los contratos originales. En la sentencia del juez Ballesteros, recaída en el juicio denominado “la causa Alejandro Olmos”, se prueban 477 ilícitos todos ellos invalidantes de supuestas deudas. Hay casos de “préstamos“ que figuran como efectuados por casas matrices de empresas y de Bancos extranjeros a sus filiales en la Argentina, que son en realidad como devoluciones de los mismos montos antes girados a aquellas matrices por esas mismas sucursales. Sinembargo se los consideró válidos y son reconocidos y “honrados” por el Estado argentino.Estos y otros casos semejantes son tan burdos que revelan el grado de impunidad con que se manejó la cuestión durante el régimen de facto y también durante los gobiernos constitucionales. Las investigaciones llevadas a cabo por los doctores Calcagno en el Archivo General de la Nación revelan la curiosa circunstancia de que los dictámenes jurídicos de los organismos oficiales avalaban la legalidad de los contratos de préstamo, mientras los dictámenes de los abogados extranjeros de los prestatarios alertaban sobre el carácter ilegítimo del gobierno de facto que comprometía la validez de los préstamos por él asumidos, ya que constitucionalmente sólo podían ser aprobados por el Congreso, al que compete exclusivamente arreglar la deuda externa y autorizar préstamos así como imponer tributos. Debe recordarse que las cuentas de inversión de las deudas del períodode facto fueron rechazadas por el Congreso.El cine aporta testimonios reveladores de estos aspectos delictivos de la deuda externa argentina que han llevado a la dramática situación actual; se trata de los documentales: “La mayor estafa al pueblo argentino” y “Memoria del Saqueo”.La segunda causa de ilicitud proviene de contravenir el derecho internacional público, pues los acreedores aplicaron unilateralmente el aumento desmedido de tasas de interés, lo que constituyó una transgresión de varios principios generales de derecho (que son fuente de obligaciones en derecho internacional) y, en particular, el que reprime a la usura.El aumento de las tasas de interés dispuesto por la Reserva Federal en 1980, que en pocos meses pasó de 6% anual a más de 20% y que se aplicó a todos los contratos de crédito, fue el detonante del problema de la deuda de los países en desarrollo y de los latinoamericanos en especial, porque incidió sobre los 300.000 millones de dólares de deuda contraída en la década del setenta. Ello ocasionó que los desembolsos en pago de deuda efectuados desde entonces no alcanzaran a cubrir ni siquiera los intereses. En términos reales, dichos desembolsos, al terminar la década de los ochenta, significaron que se pagara más de dos veces el monto original de las deudas y que éstas, aun así, se multiplicaran en un desenfrenado anatocismo. Todo esto permitiría iniciar el procedimiento consultivo ante la Corte Internacional de Justicia, como tuve ocasión de exponer el año pasado en el ámbito de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Rosario, con el objeto de que el tribunal mundial determine el verdadero carácter de los pagos efectuados por los deudores y en qué medida éstos deberían quedar liberados de la obligación de pago por haberlo hecho ya varias veces.En el caso argentino, las principales empresas argentinas y extranjeras, al comenzar a sufrir las consecuencias de esos aumentos de intereses abusivos, obtuvieron, aprovechando la coyuntura del gobierno de facto, que el Banco Central, mediante el artilugio de los “seguros de cambio”, con total desconocimiento de la ciudadanía, que las deudas que habían contraído en dólares fueran asumidas por el Estado argentino. Éste empezó a pagarlas desde el presupuesto nacional a partir del 17 de noviembre de 1982. Esa “estatización” de deudas privadas hizo que la población argentina sufriera una gradual degradación de su nivel de vida, dado que la atención de servicios básicos, defensa, seguridad, salud y educación, fue disminuyendo para asignar cada vez más fondos del presupuesto al pago de la deuda externa. A fines del año 2000 se pagaba más de un millón de dólares por hora para “honrarla”.La tercera ilicitud fue el Plan Brady. A comienzos de la década del noventa los gobiernos de los países deudores fueron compelidos a renegociar sus deudas, tanto las legales como las ilegítimas, y a reconocerlas a sus enormes valores nominales, producto del anatocismo del aumento de las tasas de interés de 1980. Esto se dio a pesar de que los valores reales de los papeles de la deuda en los mercados bursátiles oscilaban entre el 15y el 18% de sus valores nominales. En vez de rescatarlos a esos precios el gobierno argentino los renovó a los precios siderales a que habían artificialmente llegado. Se mintióal pueblo argentino haciéndole creer que así resolvía el problema de la deuda externa, con el agravante de que se vendieron las empresas públicas a precio vil “para saldar la deuda externa”. Las normas de derecho común que rigen el reconocimiento de obligaciones invalidan estaanomalía. El Plan Brady argentino encubre la convalidación de la usura de los bancos acreedores. Estos se liberaron de aquellos títulos después de haberse cobrado varias veces los montos iniciales de los créditos y colocaron los nuevos títulos, encubridores de la estafa, vendiéndolos a millares de pequeños inversores deslumbrados por el espejismo de altos intereses prometidos y alentados por el beneplácito del FMI.Junto con la ilicitud descripta anteriormente aparece una cuarta causa. Es la que surge cuando un negociador de un gobierno deudor, concluida la negociación (Plan Brady), renuncia a su cargo oficial para pasar a desempeñarse en empresas financieras beneficiadas por dichos acuerdos. Este es el caso especial argentino en el que el negociador oficial del Plan Brady renunció a su cargo y recibió en seguida una importante designación en una financiera internacional en Nueva York. Años después, el mismo personaje, siendo empleado de una entidad financiera internacional, asumió como secretario de Estado en nuestro país, hecho que denuncié ante el Ministerio Público el año pasado.¿Qué hacer?Ninguno de los aspectos aquí reseñados parecen haber sido tenidos en cuenta en las negociaciones que se llevan a cabo con el FMI y con los tenedores de bonos privados. La alegación del origen ilícito de gran parte de la deuda externa es el argumento más firme y valioso con que cuenta la República Argentina para defender sus legítimos derechos.Tal vez el episodio individual más grave sea el del “megacanje” de 2001. Una operación financiera por la que el país se comprometió a pagar más de 50.000 millones de dólares de intereses por un préstamo nominal de menos de 30.000 millones y por el que se pagaron 150 millones de dólares de comisiones. La denuncia penal contra los responsables de esa enormidad está radicada en los tribunales nacionales.Es imperioso que la ciudadanía tome conciencia de esta realidad que le ha sido escamoteada durante muchos años, tanto en los tiempos de gobiernos de facto como en los de gobiernos constitucionales. La denominada “industria de la deuda externa”, ademásde ser la sangría permanente de la riqueza del país, está alimentada por las comisiones que determinados bancos de inversión han cobrado en cada tramo de renovación de deudas desde 1976 en adelante.El núcleo central de la trampa son las comisiones pagadas espuriamente en cada tramo de renovación de deudas. Esa práctica consiste en la designación directa, que los ministros de Economía de turno vinieron efectuando hasta el año 2001, de determinados bancos de inversión en violación de la ley de administración financiera del Estado que obliga a llamar a licitación pública para efectuar esas designaciones. Compete entonces al Ministerio Público trazar el mapa delictivo de la deuda externa argentina, seguir el rastro de esas operaciones ilícitas y exigir los castigos y las reparaciones legales que corresponden.Todo ello demanda un inmediato relevamiento de los antecedentes y de la situación actualde la deuda externa, una suerte de verificación de montos, titulares, desembolsos efectuados, comisiones pagadas, etc. En un trabajo del Centro de Estudios Económico “Mariano Fragueiro” se afirma: “se debe dar respuesta cierta a tres preguntas centrales: cuánto debemos, a quién debemos y por qué debemos.”Hay que tomar conciencia de todo esto a fin de que el Congreso retome el ejercicio de su atribución de arreglar la deuda externa, dejada inconstitucionalmente en manos del Poder Ejecutivo y en particular del Ministerio de Economía. Además, al mismo tiempo corresponde al Poder Judicial ejercer la pretensión punitiva del Estado.Esto significaría revitalizar el imperio del Derecho y contribuiría eficazmente a recuperar elprestigio argentino con medidas auténticas contra la corrupción. Se fortalecería la capacidad negociadora para la defensa del genuino interés nacional. Se consolidaría así la estabilidad institucional devolviendo la confianza en la solidez de la República.Notas[1] Este aspecto ha sido abordado en dos valiosos trabajos recientes: el artículo del Dr. Salvador María Lozada titulado: “Elementos jurídicos para la negociación - Deuda ilegal, deuda odiosa, deuda inmoral...”, Le Monde Diplomatique, marzo de 2004, págs. 4 y 5, y eltrabajo aún inédito del Lic. Eduardo R. Carrasco titulado “Descuido en la negociación de ladeuda externa”.[2] “La deuda externa ante el derecho internacional público”, Anuario del IHLADI, pág. 355, Vol. VI, 2003, Madrid.

Deuda externa Argentina (I) : el origen ilícito

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