Fil: Daroqui, Alcira. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales. Instituto de Investigaciones Gino Germani; Argentina.De acuerdo con todas las encuestas, la inseguridad es uno de los problemas que más preocupan a la\nsociedad argentina. Sin embargo, la posibilidad de obtener estadísticas que permitan investigar el\naccionar de las agencias estatales encargadas de prevenir y reprimir los delitos resulta prácticamente\nimposible. ¿La provisión reiterada de datos erróneos responde simplemente a una actitud negligente, o\nes parte de una política deliberada de ocultamiento? Carecer de información confiable y transparente\nfacilita la violación de los derechos y garantías de los ciudadanos y además fomenta el\ndesconocimiento sobre la realidad que supuestamente se pretende modificar

Daroqui, Alcira

Fil: Daroqui, Alcira. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales. Instituto de Investigaciones Gino Germani; Argentina.De acuerdo con todas las encuestas, la inseguridad es uno de los problemas que más preocupan a la
sociedad argentina. Sin embargo, la posibilidad de obtener estadísticas que permitan investigar el
accionar de las agencias estatales encargadas de prevenir y reprimir los delitos resulta prácticamente
imposible. ¿La provisión reiterada de datos erróneos responde simplemente a una actitud negligente, o
es parte de una política deliberada de ocultamiento? Carecer de información confiable y transparente
facilita la violación de los derechos y garantías de los ciudadanos y además fomenta el
desconocimiento sobre la realidad que supuestamente se pretende modificar

Repositorio Digital Institiucional Universidad de Buenos Aires

Daroqui, Alcira (diciembre 2004). Las agencias de control social en la Argentina : El duro “combate” contra la producción del des-conocimiento. En: Encrucijadas, no. 29. Universidad de Buenos Aires. Disponible en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad de Buenos Aires: <http://repositoriouba.sisbi.uba.ar> Las agencias de control social en la Argentina El duro “combate” contra la producción del des-conocimientoDe acuerdo con todas las encuestas, la inseguridad es uno de los problemas que más preocupan a la sociedad argentina. Sin embargo, la posibilidad de obtener estadísticas que permitan investigar el accionar de las agencias estatales encargadas de prevenir y reprimir los delitos resulta prácticamente imposible. ¿La provisión reiterada de datos erróneos responde simplemente a una actitud negligente, oes parte de una política deliberada de ocultamiento? Carecer de información confiable y transparente facilita la violación de los derechos y garantías de los ciudadanos y además fomenta el desconocimiento sobre la realidad que supuestamente se pretende modificar.Lic. Alcira DaroquiLicenciada y Profesora en Sociología, UBA. Investigadora en el Área de Control Social delInstituto de Investigaciones Gino Germani, FCS, UBA. Coordinadora de la Facultad de Ciencias Sociales en el Programa UBAXXII, Universidad en Cárceles. Docente en la Cátedra “Delito y Sociedad. Sociología del Sistema Penal”, Carrera de Sociología-FCS-UBA. Integrante del Consejo de redacción de la Revista de Ciencias Sociales “Delito y Sociedad”. En Argentina investigar sobre problemáticas que traten acerca de las agencias de control social penal y en particular las conocidas como fuerzas de seguridad se ha planteado siempre como un desafío que debe ocuparse más en resolver los obstáculos que se presentan, que en producir los resultados de acuerdo a los objetivos planteados. Mas aún,en la mayoría de las propuestas, los resultados refieren específicamente a enumerar y analizar esos obstáculos y dar cuenta por ello de ciertas lógicas, nunca transparentes, que se definen por presentarse sinuosas, variadas y complejas. No obstante ello, o especial y fundamentalmente por las trayectorias, las prácticas, los ordenamientos burocráticos, los cuestionamientos y los discursos que dan cuenta de instituciones como la policía y el servició penitenciario [1], sean federales o provinciales, hacen justamente a las mismas objetos indispensables de investigación y estudio. En este sentido me parece indispensable realizar una muy breve mención a la trayectoria que hemos trazado junto a Silvia Guemureman [2] en nuestras tantas investigaciones sobre la agencias de control social penal sobre adolescentes y jóvenes, que fueron plasmadas en el libro que editáramos en el año 2001, “La niñez ajusticiada”, en el cual a modo de conclusión reservamos un capítulo que titulamos “el sainete de los datos” en el que dábamos cuenta que la irregularidad y la discrecionalidad de instituciones como la policía, la justicia y los consejos de menor no solamente debía ser registrada en sus normativas, en sus discursos y sus prácticas ejecutivas como había quedado evidenciado en el desarrollo de los distintos capítulos, sino además, “en la ineficiencia en la recolección y el tratamiento de los datos de sus departamentos de estadísticas, y también en la manipulación de los mismos con fines de ocultamiento deliberado o promoción de la confusión a la hora de abordar las problemáticas de la seguridad, el delito y delincuencia juvenil”.Esta producción de des-conocimientos sobre las prácticas y sus resultados, amparada en la ausencia absoluta de análisis cualitativos sobre normas, reglamentos y disposiciones burocráticas, como y fundamentalmente en la cuantificación dislocada de los hechos, habilita y legitima el ejercicio de los mas variados “despotismos” por parte de las instituciones del Estado, que tiene a su cargo la gestión de la seguridad y la justicia.Nuestra preocupación como investigadores es que estas “problemáticas” se “problematicen”, tal como lo sugiere Robert Castel, que se transformen en “acontecimientos” que planteen interrogantes que en la búsqueda de sus respuestas obliguen a develar el ocultamiento y el oscurantismo que justifican y sostienen las prácticas y los discursos a través distintas y complejas tramas burocráticas de las distintasfuerzas de seguridad. En este sentido es que propongo trazar un breve recorrido sobre una problemática/ problematizable que a partir del año 1999 ocupó nuestra atención transformándose en un proyecto de investigación [3] que planteaba en sus fundamentos “razones de necesidad y urgencia vinculadas a la trascendencia no sólo de la gran cantidad de adolescentes y jóvenes detenidos y privados de la libertad, en particular en la Provincia de Buenos Aires, sino también a la significativa cantidad de denuncias de apremios, torturas y malos tratos sufridos por los mismos, sumándose los “ajusticiamientos” policiales expresando claramente un marco de vulneración de derechos que debiera considerarse inconcebible en el contexto en el cual se ha ratificado y elevado a rango constitucional la Convención de los Derechos del Niño.Nos interesaba indagar sobre la cantidad de detenciones policiales de niños y adolescentes en la Provincia de Buenos Aires en el año 1998 tanto en relación con las producidas en el ámbito de la represión del delito como aquellas vinculadas a los denominados “operativos o acciones preventivas”, sea por razzias, por averiguación de identidad o de antecedentes, por contravenciones, etcétera, con el objetivo de hacer visible lo que teníamos como supuesto fuerte, en cuanto a que la cantidad de “detenciones o demoras” de niños y adolescentes producto de “prácticas preventivas” por parte de la policía debían superar ampliamente a aquellas detenciones que se producían en el marco de sus prácticas vinculadas a la represión del delito. Estábamos convencidas de que esta “cuantificación” nos permitiría avanzar sobre el tema que realmente nos ocupaba en cuanto a hacer visible que los niños y adolescentes de la Provincia de Buenos Aires eran “tocados” por la agencia policial en forma regular, sistemática, y que ello implicaba la exposición de los mismos a situaciones de alta vulnerabilidad fundada en motivos “difusos” que poco o nada podían sustentarse en prácticas policiales tendientes a “resolver” el problema del delito. Contábamos con cierta información fiable sobre las detenciones de adolescentes y jóvenes con relación a la represión del delito y su posterior tramitación judicial [4], ya que existen los registros judiciales anuales en la Oficina de Estadísticas de la Procuración de la Suprema Corte Provincial de apertura de expedientes-causas por motivos penales en los Tribunales de Menores provinciales y la cantidad de niños/as y adolescentes menores de 18 años imputados/as en los mismos.Ello hacía suponer que, solicitando la totalidad de detenciones de niños y adolescentes menores de 18 años en la Provincia de Buenos Aires sería tarea sencilla descontarle a esta cantidad aquellos que fueron judicializados por motivos penales en ese mismo año, de esta manera nos “aproximaríamos” (sabíamos que no era un dato del todo confiable) a la cantidad de menores de 18 años detenidos o demorados por “motivos preventivos”.Los resultados fueron realmente sorprendentes, no sólo porque nunca obtuvimos un dato mínimamente confiable sino porque constatamos que estábamos en presencia de lo que podríamos denominar una “ausencia de pudor burocrático”. La información se nos remitía con papel membretado del organismo ministerial, firmada por autoridades tanto del área ejecutiva como de la misma institución policial. Recurrimos a cuatro fuentes distintas en esta “cruzada” que nos habíamos propuesto no solamente para “intentar” cumplir con los objetivos planteados en nuestra investigación sino porque estábamos dispuestas a poner en juego, sin límites, nuestra capacidad de asombro. Y así fue. Cada una de las fuentes consultadas, Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia deBuenos Aires, Secretaría de Seguridad provincial, Jefaturas Departamentales de Policía y Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación, informó cantidades de detenciones policiales diferentes con cifras que oscilaban para toda la Provincia de Buenos Aires en el año 1998 de 1780 niños y adolescentes (fuente Ministerio de Justicia provincial hasta 19.230 (fuente Dirección de Política Criminal nacional) entre una y otra cifra obtuvimos “otra” que fue de 11.640 (fuente Jefaturas Departamentales de la policía provincial), mientras los guarismos judiciales “cantaban” la judicialización por motivos penales de 26.000 niños y adolescentes en ese mismo año, o sea, una cifra sensiblemente mayor. En realidad esperábamos, conforme a la labor policial de prevención del delito, que las detenciones al menos tripliquen a los expedientes judiciales abiertos por motivos penales y de ningún modo que éstos superen a aquéllas.Así las cosas, según las fuentes citadas, la policía de la Provincia de Buenos Aires detiene a menos personas que las que se judicializan por motivos penales marcando esto una inconsistencia mayúscula si se tiene en cuenta que la única posibilidad que un niño y/o adolescente acusado de cometer un delito ingrese a un Juzgado de Menores, es si previamente fue aprehendido por la policía, y ello además está absolutamente legitimado en términos del “combate contra la inseguridad” y en términos de “eficacia policial”. Debido a nuestra experiencia de trabajo y simplemente apelando al sentido común, se nos hace difícil pensar que los niños y adolescentes pueden llegar a presentarse por milesen los juzgados “confesando” espontáneamente su participación en un delito y le soliciten por tanto a un juez que los detenga y derive a una comisaría.Por lo tanto, si ello era así con la información que de alguna manera era fácilmente contrastable ya que se contaba con los datos de los “menores”imputados de delito ante la Justicia, ni pensar en obtener información sobre aquellas detenciones o demoras de niñosy adolescentes por parte de la policía en el marco de las “acciones preventivas” vinculadas a operativos en las canchas de fútbol, operativos de averiguación de identidad o de antecedentes, controles en espacios de diversión y recitales, etcétera, que no se registran en otro ámbito institucional que no sea la policía misma.En consecuencia, en el año 1998 constatamos que en la Provincia de Buenos Aires, el primer estado nacional, la policía no podía dar cuenta de la cantidad de detenciones que se producían con relación a adolescentes y niños en tareas propias de prevención ni de represión del delito.Y en el 2003 tambiénCon el propósito de no abandonar la propuesta de continuar trabajando para producir información, en el año 2003 [5] nos planteamos el diseño de un proyecto de investigación que contemplara esta misma problematización, pero ampliando “la mirada” hacia otras jurisdicciones territoriales, es decir, además de la Provincia de Buenos aires, incluimos Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Santa Fe, ya que consideramos que eran altamente representativas por la cantidad de población que cuentan entre los niños y adolescentes en relación al resto del país y porque nos permitiría establecer comparaciones y diferencias significativas.Inicialmente centralizamos nuestro interés en las detenciones o demoras de carácter preventivo y por ello nos parecía fundamental detectar en forma cualitativa y asimismo tipificar, los motivos que justifiquen detención de carácter preventivo, tiempo de estadía encomisaría, edad y sexo de los adolescentes y niños, nacionalidad y barrio de residencia. En una segunda instancia, se intentaría trazar una relación entre estas detenciones “preventivas”, con aquellas de carácter represivo vinculadas a la supuesta comisión de delitos por partes de adolescentes y niños con su consecuente judicialización. El período que abarcaba nuestra investigación refería a los años 2001 y 2002.Realizamos entrevistas a los jefes de estadísticas de las policías de las tres jurisdicciones y solicitamos la información mediante la presentación de notas formales. La respuesta de los comisarios fue contundente y unánime: “ese dato no se releva”, “podrá tenerlo alguna comisaría o las jefaturas de las mismas, pero es un dato sucio”, el área política sea del poder ejecutivo (secretarías de seguridad, por ejemplo) como del poder legislativo(comisiones específicas) “no solicitan jamás esa información en cuanto a la detenciones o demoras de “menores de edad” en el marco de operativos de rutina y por lotanto nosotros no la elaboramos” (sic). La entrevistas en las Secretarías de Seguridad, confirmaron dicha “afirmación policial”, con una clara actitud de “subordinación” hacía la institución policial ya que reconocían lo “difícil de obtener información y datos confiables por parte de la policía”, y en este requerimiento en particular, “la información que se pudiera obtener, seguramente no se correspondería con la realidad y por eso ellos ni lo solicitaban” (sic). Continuando con la “falta de pudor”, recordamos que las Secretarías de Seguridad representan la “jefatura” política de la fuerza policial, la cual, por tanto, debería estar “subordinada” a la primera.Sin profundizar en las múltiples circunstancias que atravesó esta investigación durante loscuatro meses de trabajo, me interesa destacar algunos resultados que si bien no se corresponden con los objetivos propuestos, confirman una vez más lo que planteo en el principio de este artículo.Desde la institución policial, solamente la policía federal nos remitió cierta información queno tomaba en cuenta las variables desagregadas que habíamos solicitado, en particular los referidos a “motivo” de detención y tiempo en comisaría y destino de los “menores”. Ensíntesis poco y nada aportaba a nuestros objetivos. La Policías de Santa Fe y Buenos Aires nunca contestaron, a pesar del envío de notas, de entrevistas personales y comunicaciones telefónicas realizadas. En cuanto a la respuesta de las diferentes Secretarías de Seguridad respectivas, sólo destacamos que de la Nación nunca obtuvimos respuesta, de la Provincia de Santa Fe nos remitieron información que no responde a nuestro requerimiento y la Provincia de Buenos Aires merece una mención especial, ya que se ocuparon especialmente de gestionar la información ante el Centro deOperaciones policiales (COP), el mismo que no respondió a nuestra solicitud.Los datos que, una vez más, no respondían a nuestro requerimiento daban cuenta “excluyentemente” de las detenciones de niños y adolescentes vinculadas a la comisión de delitos, es decir, aquellos que “indefectiblemente” continuaron su carrera en ámbito judicial portando una causa tipificada como penal. Ahora bien, es interesante recordar lo que nos sucedió en aquella investigación iniciada en el año 1999, ya que “los sucesos” parecen “reiterarse”. En el año 2002 se registraron, según la fuente policial, 16.355 detenidos menores de edadpor hechos delictuales, mientras que la oficina de estadística de la Procuración de la Suprema Corte bonaerense publicaba que en ese mismo año se habían abierto 27.886 causas penales que incluían a 37.567 “menores” detenidos-encausados. Donde están, para la fuente policial, los 21.212 “menores” que ingresaron a la justicia por motivos penales y que indefectiblemente deben hacer sido “detenidos” por la policía. Una vez más, el “sainete de los datos”. En este marco, esta investigación obtuvo como resultado lo que denominamos un llamadode atención en términos de garantías y protección de derechos ya que desconocer cuántos y por qué motivos, niños y adolescentes pasan por las comisarías cuando son detenidos o demorados, cuanto tiempo permanecen, o son retenidos en forma ambulatoria en los patrulleros o en la vía pública, cual será su destino sea: judicial-familiar, judicial-internativo, familiar o simplemente sin registro de responsable que se hace cargo del adolescente y niño puesto en libertad, habilita el ejercicio sistemático de prácticas arbitrarias en cuanto a violación de derechos humanos por parte de la Fuerzas de Seguridad del Estado como así también se fomenta el “des-conocimiento” sobre la realidad sobre la que “supuestamente” se pretende intervenir en materia de seguridad, garantías y protección de derechos para los “más chicos”.Notas y referencias[1] Menciono a estas dos instituciones porque son las que han sido y aún lo son, objetos privilegiados en las investigaciones y estudios que desarrollo desde hace más de 10 años en el área de Control Social del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales, pero cabe también destacar que en cuanto a obstáculos, “oscurantismos”, impedimentos y ausencia de transparencia debe tenerse en cuenta a todas y cada una de las distintas fuerzas que integran las denominadas Fuerzas Armadas,como el Ejército, la Aviación, la Marina, la Gendarmería y la Prefectura.[2] Socióloga e Investigadora del Instituto Gino Germani-FCS-UBA.[3] Al respecto Daroqui, A.-Guemureman, S.: "Aprehensión de menores en circuitos policiales y judiciales", comunicación presentada en la Comisión N°6: Violencia, SeguridadCiudadana, Derechos Humanos y Gobernabilidad, del XXII Congreso ALAS, realizado en Concepción, Chile, octubre de 1999.[4] Cuando decimos “fiable” nos referimos a los datos que se elaboran oficialmente, por supuesto que ello no implica considerar que las detenciones policiales a niños y adolescentes aún en el marco de la represión del delito se “agotan” en aquellas que se informan y concluyen en causas judiciales. La cifra oscura de detenciones no sólo se produce en aquellos casos cuyos motivos son difusos sino también (y de ello difícilmente se pueda dar cuenta desde la investigación social), cuando los motivos se vinculan a la comisión de algún delito, pero si esa detención concluye en una causa judicial dependerá de muchos otros factores que poco tiene que ver con “el combate al delito”: Este es el comienzo de una larga cadena de selectividades que el sistema penal en su conjunto legitima y reproduce.[5] Nos interesó retomar esta investigación en el año 2003, entre otras cosas, debido a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) dictó la Sentencia condenatoria contra el Estado argentino en el caso de la muerte de Walter Bulacio producto de la violencia policial, es necesaria y recomendable su lectura y en particular los dictámenes de la Lic. Sofía Tiscornia y del Dr. Emilio García Méndez, por dos aspectossobresalientes: el primero es que la sentencia hace referencia también, a que el Estado implemente las medidas necesarias para que “cesen” las prácticas violentas policiales en el marco de las detenciones arbitrarias y discrecionales, el segundo refiere a los dictámenes mencionados en lo que se hace clara referencia a que las mismas son prácticas institucionales especialmente “ejercidas” por el personal policial contra los adolescentes y niños. Walter Bulacio, Sebastián Bordón, Miguel Brú, Ezequiel Demontti fueron las víctimas fatales de la violencia policial más emblemáticas de los últimos tiempos, sus detenciones (¿preventivas?) no habían sido registradas oficialmente y en el marco de dichas detenciones fueron “eliminados”.

Las agencias de control social en la Argentina : el duro "combate" contra la producción del des-conocimiento

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