La política fiscal es un instrumento al servicio del Ejecutivo que cumple con las funciones de asignación de recursos, redistribución de la renta y estabilización presupuestaria, optándose por diferentes vías de actuación en función de la ideología del Partido gobernante y de las necesidades coyunturales ajenas a asuntos fiscales. La realización de un correcto análisis de la influencia de las medidas fiscales en los parámetros que tratan de corregir, exige contextualizar la situación económica, política y sociodemográfica que vive el país, lo cual permite extraer conclusiones cualitativas, que en determinadas ocasiones tienen efectos tan determinantes como las cuantitativas.
Uno de los principales retos de la Administración es combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, que esquilma las arcas públicas, impidiendo o dificultando el cumplimiento de todas las funciones que tienen asignadas, además de generar una economía sumergida que sirve, en muchos casos, para financiar a grupos y/o personas que realizan actividades ilícitas. En el siglo XXI los medios con los que cuenta la Administración para combatir estos delitos han mejorado y aumentado considerablemente, destacando el papel de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y la Administración Estatal de la Agencia Tributaria (AEAT) en las labores de control e investigación, y de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en la judicialización de los casos investigados, sin desestimar la importante colaboración que ofrece a nivel europeo la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Las estadísticas demuestran que los delitos económicos y fiscales tienen menor impunidad en este siglo que en el anterior, observándose el número de presos en cárceles españolas que han ingresado por la comisión de este tipo de delitos y la cuantía de las penas que les han sido impuestas.Departamento de Economía AplicadaGrado en Marketing e Investigación de Mercado
