The legal obligation of the Spanish State to incorporate into national law, many EU directives on occupational health, through the harmonization of national legislation with European Community law, was resolved through the adoption of Law 31/1995, 10 November, about Occupational Hazard Prevention, satisfy the transposition into national law Directive 89/391/EEC, 12th June 1989, concerning the implementation of measures to encourage improvements in safety and health of workers at work. This directive includes the introduction in the prevention area, a specific model of representation of workers in this matter. In this study, will analyze, from the point of view of capabilities and faculties corresponding to these representatives, how through the development of a wide variety of Community measures have been promoted the participation rights of workers in safety and health through the intervention of the legislature national and collective negotiation.El deber del Estado español de incorporar al ordenamiento interno las numerosas directivas comunitarias en materia de salud laboral, mediante la armonización de la normativa interna con la legislación comunitaria europea, se resolvió mediante la aprobación de la Ley 31/1995, de 10 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que satisface la transposición al Derecho interno de la Directiva 89/391/CEE, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. Esta directiva comprende la introducción en el ámbito de la prevención de riesgos laborales de un modelo específico de representación de los trabajadores en esta materia. En el presente estudio se analiza desde las competencias y facultades que corresponden a estos representantes, y cómo mediante la elaboración de una amplia variedad de medidas comunitarias se ha impulsado el derecho de participación de los trabajadores en la seguridad y salud a través de la intervención del legislador nacional y de la negociación colectiva