En la actualidad las Leyes de Educación vigentes en la región establecen la obligatoriedad de al menos un tramo del nivel inicial, el nivel primario y al menos un tramo del nivel secundario. Así, en dos países de la región la escolarización obligatoria se extiende hasta los 14 años y en doce países hasta al menos los 17 años. El marco legal latinoamericano señala que las trayectorias escolares deberían iniciarse durante la primera infancia y finalizar ya avanzada la adolescencia, por un lapso nunca menor a los diez años. A inicios de la nueva década se observa que prácticamente la totalidad de los niños y niñas de 6 a 11 años y ocho de cada diez adolescentes de 15 a 17 años concurría a la escuela. Desde la perspectiva del acceso, el análisis de las tendencias recientes en la escolarización de niños, niñas y adolescentes constata avances importantes en la generalización del derecho a la educación. Durante la última década el acceso al nivel medio se expandió en alrededor de un 15% y la proporción de jóvenes titulados del
nivel aumentó un 26% (SITEAL, 2015). Aún estos logros, se observa que a mediados de la década del 2010 el 23% de los
adolescentes de entre 15 y 17 años se encuentra fuera del sistema educativo. El 49% de ellos, trabaja o tiene la intención de trabajar. Esta proporción se reduce al 13% entre quienes concurren a la escuela. Es evidente que la incorporación temprana de los adolescentes a actividades económicas pone en tensión su derecho a recibir educación de calidad y a gozar de experiencias escolares sólidas, extensas y densas en aprendizajes significativos. Este documento tiene un doble propósito. En primer lugar, dimensionar, caracterizar e identificar los principales factores que llevan a que los adolescentes trabajen aun cuando estas actividades ponen en tensión su derecho a la educación y a la vez, explorar algunas de las formas en que los Estados posicionan al trabajo infantil como problema de política pública
