El desarrollo del presente trabajo, constituye un llamado de atención en cuanto a que se está desprotegiendo el derecho a una adecuada defensa técnica del investigado en el proceso disciplinario al asignar como defensor de oficio a un estudiante de consultorio jurídico, aunque la Corte Constitucional lo ha reiterado en diversas jurisprudencias, observamos en la realidad social que esta especialidad del derecho requiere un revestimiento de idoneidad de quien ejerce la defensa técnica, para llevar a cabo un proceso justo para las partes, teniendo en cuenta las trascendentales consecuencia que conlleva para la vida del investigado
