El principio de la confianza legítima consiste en una garantía que si bien no se encuentra consagrada expresamente en la constitución política colombiana, tiene su fundamento en principios que tienen rango constitucional como la buena fe, la cual debe regular la relación entre las autoridades y los particulares, partiendo de la necesidad que tienen los administrados de ser protegidos frente a actos arbitrarios, repentinos, improvisados o similares por parte del estad
