“Un sistema tributario será justo si hace responder a los contribuyentes
de acuerdo a su capacidad económica”, así reflexiona GALÁN1, quien sin
embargo, no considera que sea éste el único atributo, sino que además “la
seguridad jurídica juega un papel determinante en el sistema y ello tanto
en el orden legal como jurisprudencial”. Por ello, cuando los contribuyentes
se hallan en una situación de violación a los derechos de los que se creen
asistidos, tienen la posibilidad de reclamar, ya sea en la vía administrativa o
en la judicial, procesos en los que también deben respetarse los derechos
constitucionalmente consagrados.
Giuliani Fonrouge citado por TOSCANO2, expresa que la actividad del
Estado relacionada con la aplicación y percepción de los tributos, se
desenvuelve mediante diversos actos procesales, durante los cuales es
necesario asegurar a los particulares contra posibles violaciones del
derecho. No se trata, únicamente, continúa, de prestarles amparo frente a
las extralimitaciones de los funcionarios, sino esencialmente, de evitar que
las normas y principios jurídicos resulten desvirtuados en los hechos
