En el Ecuador, el tema específico de los delitos contra la Administración
Pública, desde siempre, ha sido motivo de intensos debates, de manera especial el
Peculado, que dependiendo de los gobiernos, ha sido analizado de diferente manera.
Sin embargo, el tema relevante es la forma de configurarlo y sancionarlo, así
también analizar la forma diferente y casi sui géneris de nuestra legislación,
comparando con otras análogas a la ecuatoriana, específicamente en el delito de
peculado.
Esto se ha dado por las distintas coyunturas políticas que han devenido con el
pasar de los años en el Ecuador. Podría decirse, y sin temor a equivocarnos, que el
tema de los delitos contra la administración pública, en general, y del peculado, en
especial, se ha convertido en un tema más político que jurídico, ya que utilizando una
antigua y dañina fórmula, se lo ha manejado de manera demagógica y por las
diferentes crisis sociales, políticas, jurídicas e institucionales que ha vivido el Ecuador,
creando mitos jurídicos sancionando este delito de manera casi absurda, sólo
comparado con delitos de Lesa Humanidad en la manera de sancionarlo, lo cual se
explicará más adelante en este trabajo.
Es público y notorio, tanto en el Ecuador como en casi todos los países
latinoamericanos, que los puestos de la Administración Pública son extremadamente
codiciados, ya sea por el escaso control de los dineros del erario nacional, ya sea por
la posición social y económica que otorgan, o simplemente por una necesidad de
notoriedad política. Lo cierto es que estos cargos se han convertido en verdaderas
catapultas para que simples desconocidos, y en muchos casos, personas sin
capacidad moral ni académica ejerzan los cargos y de la noche a la mañana se
conviertan en grandes empresarios, inclusive inicien una carrera política
