Barceló Garcia, Miquel

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La informática y la ley

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BYTE 90 - Temporal diciembre 2002 (03/11/2002)  LA INFORMÁTICA Y LA LEY Miquel Barceló   El 12 de octubre pasado entró en vigor en España la LSSICE, la ley de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico. Se trata de la tercera de las grandes leyes que, sobre temas informáticos, han aparecido en nuestro país.  La primera fue la LORTAD (ley orgánica de regulación del tratamiento automático de datos) de 1992, que pasó a ser la LOPDP (ley orgánica de protección de datos personales) en 1999 ante la necesidad de adaptar la legislación española a una directiva europea surgida en 1995. Se trata de la ley que desarrolla la necesaria protección de la intimidad ante el peligro que para ella supone la actividad informática, tal y como se exige en la constitución española de 1977.  A finales de 1993, se incorporó el software informático a la protección de derechos de propiedad intelectual (o de copyright). Posteriormente se unificaron todas las disposiciones en torno a la propiedad intelectual, y entre ellas la que afectaba al software informático, en un nuevo texto refundido en abril de 1996.  La tercera y última gran ley sobre el tema, ha sido la LSSICE que nacía, al menos teóricamente, a partir de las intentos europeos de generar una mayor confianza entre el público en torno al comercio electrónico. Desgraciadamente, en la formulación española, se ha convertido en un controvertido intento de controlar y poner orden en el que, para el poder, resulta exageradamente incontrolable mundo de Internet.   En realidad, pretendía hablar en este Temporal de la LSSICE, pero voy a dejarlo para el próximo mes ya que nuevos hechos ocurridos a principios de noviembre, han hecho que mi confianza en las leyes que regulan la informática haya decaído a niveles incluso mucho más bajos de los habituales. Me temo que no conviene confiar demasiado en esas leyes. Pese a lo que se nos enseña, la justicia no siempre triunfa. Les voy a contar un cuento. Como suele ocurrir en los cuentos, tiene final feliz (al menos, en este caso, como en tantos otros, para los poderosos de siempre...). Por eso resulta sumamente didáctico.  Érase una vez una gran empresa informática uno de cuyos productos de software, no necesariamente el mejor en su género, se vendía en todo el mundo con gran éxito. Para extender su campo de actividad, hizo algunas trampas y presionó a los distribuidores y vendedores para promocionar otros de sus productos y expulsar a la competencia. Sus actividades llegaron a ser tan escandalosas en este sentido, que el gobierno de su nación y los de casi una veintena de los estados que la componían se vieron obligados a denunciar a esa gran empresa informática ante los tribunales. Tras mucho razonar y debatir, un juez determinó que era cierto, que esa gran empresa informática había abusado de su posición en el mercado para ejercer prácticas claramente monopolistas, algo que, al menos teóricamente, se consideraba incorrecto e injusto en esa sociedad.   La amenaza era grave: tal como había ya ocurrido antaño en esa nación con empresas petrolíferas y de comunicaciones, la gran empresa informática podía llegar a ser dividida en dos o tres entidades como justo castigo a su desmesurada e ilegal ambición. Pero entonces el propietario de la mayor parte de acciones de esa gran empresa informática cambió de estrategia. Abandonó la presidencia de la empresa y se dedicó a apoyar con dinero y con su actividad personal a un torpe candidato a la presidencia de su nación quien, pese a su reconocida ignorancia e incapacidad, se presentaba a las elecciones presidenciales para oponerse a quien representaba la continuidad con la administración que perseguía judicialmente a la gran empresa informática.  Tuvo suerte. Circunstancias un tanto extrañas, no ajenas a una tecnología obsoleta y a los muchos desvelos del hermano del candidato escasamente brillante en aspectos intelectuales, lograron lo que parecía imposible: ese sorprendente personajillo llegó a ser presidente de esa gran nación. Y como nuevo presidente, era su nuevo ministro de justicia (al que se solía llamar "fiscal general") quien debía seguir acusando a la desaprensiva gran empresa informática de la que se había demostrado judicialmente su comportamiento incorrecto e ilegal.   En "injusta" reciprocidad a los favores recibidos del mayor propietario de acciones de esa gran empresa informática, el nuevo presidente de la nación olvidó su responsabilidad, y decidió dejar de acusar a la empresa encontrada en falta. En lugar de obtener su división, como habría sido su deber y ya había ocurrido en otros casos anteriores incluso menos claros de abuso de posición monopolista, se olvidó de seguir acusando a la gran empresa informática, pactó con ella y obtuvo de otro juez, no la revocación de la anterior sentencia, sino la aceptación de un pacto que dejaba esa histórica y justa sentencia en agua de borrajas. Y la justicia, abriendo desmesuradamente los ojos tras la venda que los cubría, triste y despechada, marchó de vacaciones... Sic transit gloria mundi.   

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