Barceló Garcia, Miquel

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A la seguridad por la privacidad

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BYTE 75 - Temporal julio/agosto 2001 (04/06/2001)  A LA SEGURIDAD POR LA PRIVACIDAD Miquel Barceló   En mayo del año pasado, con el título  "La sociedad vulnerable", se desarrollaba en esta página la idea de que el futuro que se nos aproxima no parece muy seguro. Si hemos de "vivir en red" no está claro que Internet sea lo suficientemente segura, ya que el desarrollo de la reciente informática ha atendido más a la facilidad de uso y a la brillantez de presentaciones que a la solidez de los programas que usamos.   Todos sabemos que los programas informáticos tienen errores (a veces incluso demasiados...), y ello ocurre incluso cuando se trata de sistemas operativos, de navegadores o de cualquier otro tipo de programa. Entre otras cosas, los usamos para mantener la red y navegar por ella y, evidentemente, estamos siempre sometidos a un posible mal uso de esos errores que pueden convertirse, fácilmente, en puertas falsas que permitan intrusiones inesperadas.  Según se nos dice, la sociedad de la información o del conocimiento se está construyendo en la red. El problema es que esa red no es segura y, posiblemente, nunca lo sea de forma completa. Sé que vamos a usar parches de seguridad en temas estratégicos como el comercio electrónico, pero el resto de la red (correo electrónico, web, chat, news, etc.) va a seguir siendo vulnerable, un campo abonado para hackers, crackers, creadores de virus y toda la amplia gama de los posibles delincuentes informáticos.  Lo curioso es que un primer parche general a esa inseguridad general de la informática moderna va a venir de la mano de otro de los problemas, a menudo también ignorado, que desencadena la omnipresente informática de nuestros días: la necesaria protección de la intimidad personal.   En España, primero con la LORTAD (1992) y actualmente con la LPDP (1999), existe una ley que obliga a los informáticos a cuidar especialmente de los ficheros o bases de datos que contengan datos personales.   Entre los diversos derechos que se protegen, esa ley permite que los interesados conozcan los datos personales que se mantienen sobre ellos y puedan saber la razón por la cual se han recabado. También se reconoce el derecho de las personas a rectificar informaciones erróneas o no pertinentes. Existe incluso una Agencia de Protección de Datos (APD, ver www.agenciaprotecciondatos.org) que debe velar precisamente por eso, aunque muchos, informáticos o no, todavía lo desconozcan.  Las leyes de protección de la intimidad incluyen, para los informáticos, la obligación de proteger esos datos personales almacenados en bases de datos y, también, no cederlos a otros sin consentimiento de la persona afectada. Pero lo que más nos interesa aquí es que esa ley incorpora exigencias de seguridad.  Los sistemas informáticos donde esos datos personales están almacenados han de disponer de unos niveles de seguridad suficientes para que nadie, ni siquiera los hackers, pueda obtener sin permiso esos datos personales que se custodian.   En este sentido, fue ampliamente divulgada por la prensa la multa que recibió Terra por haberse dejado "robar" datos de sus clientes. La fechoría más evidente está en la actuación de los hackers que perpetraron el robo, pero lo cierto es que la LPDP hace también responsable a Terra por no haber protegido adecuadamente esos datos personales.  Con la reformulación de la vieja LORTAD en la nueva LPDP para adaptar nuestra legislación a las nuevas directivas europeas, se han establecido tres niveles de gravedad o importancia de los datos que afectan a la intimidad de las personas. El nivel básico corresponde a cualquier dato de carácter personal; el nivel medio tiene que ver, en general, con los datos de la administración pública; mientras que el nivel alto se refiere a datos personales sobre ideología, religión, creencias, origen racial, salud y vida sexual.   En el Real Decreto 994/1999 de 11 de junio se establecían los procedimientos de seguridad adecuados a cada nivel y el plazo en que esos procedimientos debían estar operativos (todo ello puede encontrarse en la página web de la APD).  Pues bien, el 26 de junio de 2001 vencía el plazo para implantar las medidas de seguridad de nivel alto, debiendo estar operativas, desde bastante antes, las medidas correspondientes a los otros niveles.  Me temo que el asunto es tan novedoso que muchos informáticos no saben demasiado de él, pero lo cierto es que la ley les obliga a incrementar la seguridad de sus sistemas de una manera evidente y clara, por ejemplo, en el caso de médicos u hospitales donde, lógicamente, se manejan datos sobre "salud" (nivel alto).  Todo ello, como decía, viene a establecer un paradójico camino para ayudar a incrementar la seguridad de la red y de la informática en general. El cumplimiento de la un tanto desconocida LPDP, que atiende a la protección de la intimidad y los datos personales, va a hacer que mejore el nivel de seguridad informática del país. No es poca cosa.   El problema es si todos los que deberían saberlo lo saben...   

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