El presente artículo pretende aportar al campo problemático referido al entramado político, económico, cultural y socio-territorial entre las políticas sociales y el proyecto estratégico agro-alimentario exportador despuntado en las últimas dos décadas. Al mismo tiempo, propone presentar a discusión el problema de investigación construido en el marco de la tesis doctoral en ciencias sociales de la Universidad Nacional de la Plata. A partir de la revisión de estudios secundarios, se problematizará la figura del ciudadano-consumidor que Polischer, Miguel, Díaz Córdova y Melgarejo (2012) identificaron al analizar prácticas y representaciones en torno a los alimentos, por parte de usuarios de programas de transferencia condicionada (PTC, en adelante), en especial, la Asignación Universal por Hijo (AUH). Finalmente, se intentará politizar la figura del ciudadano-consumidor como espacio de disputa cotidiana del proyecto agro-alimentario.Eje Políticas Sociales-GT 13 Transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales en la  Argentina de inicios del Siglo XXI: implicancias en la construcción ciudadanía y los derechos  sociales en las Políticas Sociales y en la Formación en Trabajo Social.Facultad de Trabajo Socia

Ambrosi, D. Celeste

Servicio de Difusión de la Creación Intelectual

Facultad de Trabajo Social, UNLP X Jornadas de Investigación, Docencia, Extensión y Ejercicio Profesional. GT13  Alcances y límites de la AUH, ¿la construcción de un "ciudadano-consumidor" en el contexto del proyecto agro-alimentario? Ambrosi, D. Celeste UNLa-UNDAV/CONICET celeste_ambrosi@hotmail.com Introducción Durante las décadas del siglo en curso presenciamos la expansión de las fronteras agrarias de soja y maíz en Argentina. La introducción de semillas transgénicas en los años noventa, pero sobre todo, diversas modificaciones gestadas en lo político, lo social, lo económico y lo cultural favorecieron la construcción de la no tan alegórica "República de la Soja" (publicidad de Sygenta, año 2005). Como contracara a la ganancia de pocos (acumuladas mediante arado financiero e industrial del campo), se multiplicaron las consecuencias socio-sanitarias y ambientales, reflejadas en: desplazamientos de comunidades originarias/campesinas, fumigación de pueblos rurales/periurbanos, contaminación con agrotóxicos de suelos, agua y aire. Lejos del campo, pareciera que en nuestro cotidiano las relaciones con el mismo no existieran, o, al menos, continúan soterradas a fuerza de distractores tecno-ideológicos. Sin embargo, con la transgénesis del gobierno y el giro hacia la derecha, el asunto vuelve a manifestarse en sus múltiples articulaciones, de manera más explícita y cruenta que años previos.  Históricamente, políticas públicas y patrón de acumulación se retroalimentaron mutuamente, territorializándose en particulares y sectoriales formas de administrar los conflictos sociales. Así, las políticas sociales (entendidas como producto/y productoras/ de proyectos societales en pugna a raíz de su ligazón con "lo" político) contribuyen a tramar la tensión entre la producción y la reproducción social de la existencia, corporizándose en determinadas prácticas cotidianas. El presente artículo pretende aportar al campo problemático referido al entramado político, económico, cultural y socio-territorial entre las políticas sociales y el proyecto estratégico agro-alimentario exportador despuntado en las últimas dos décadas. Al mismo tiempo, propone presentar a discusión el problema de investigación construido en el marco de la tesis doctoral en ciencias sociales de la Universidad Nacional de la Plata. A partir de la revisión de estudios secundarios, se problematizará la figura del ciudadano-consumidor que Polischer, Miguel, Díaz Córdova y Melgarejo (2012) identificaron al analizar prácticas y representaciones en torno a los alimentos, por parte de usuarios de programas de transferencia condicionada (PTC, en adelante), en especial, la Asignación Universal por Hijo (AUH). Finalmente, se intentará politizar la figura del ciudadano-consumidor como espacio de disputa cotidiana del proyecto agro-alimentario.     Proyecto  agro-alimentario y política social en la Argentina post-neo-liberal Lejos de solucionarse el problema del hambre proclamado a mediados del siglo XX y utilizado como argumento para la propulsión de nuevas formas de producir alimentos a gran escala en beneficio de la humanidad, el siglo XXI nos encuentra con el aumento de la desnutrición y la obesidad, aún cuando históricamente contamos con sobre-producción (Aguirre, Díaz Córdova y Polischer, 2015). En Argentina, ese proyecto agro-alimentario impulsado por el Estado Global y representado por el G-20 (Merino, 2011), se introduce con el neoliberalismo, afianzándose hacia mediados de los años noventa con el boom de la soja y los transgénicos, para, luego de la crisis del 2008, ser depositaria de las comodities (Aguirre et al., 2015). Bajo esa lógica, alimentos y el acceso a los mismos, son negocios para multi-transnacionales que siembran, cosechan capitales y monopolizan la industrialización del campo argentino para producir, principalmente, forraje y biodiesel (soja y maíz respectivamente) para alimentar animales asiáticos y automóviles. Como coralario del avance de las fronteras agrarias sobre territorios de pueblos originarios, humedales o bosques nativos (además de las consecuencias letales en materia socio-sanitaria-ambiental), en las hacinadas ciudades, donde nos concentramos el 95% de la población, asistimos al aumento de precios en carnes, aceites, lácteos y otros productos, cuyos consumos se incrementaron entre los sectores medios y usuarios de PTC (Mendoza y Parra, 2016; Aguirre, et al., 2015).   En términos teóricos se comprenderá a la política social en su relación con la cuestión social desde "lo" y "la" política (Mouffe, 2007), en tanto la emergencia de conflictividades (consecuencias provocadas por las contradicciones del capitalismo), movilizaron la intervención política sobre lo social del Estado y la Sociedad Civil. La cuestión social refiere entonces a la conflictividad y su expresión está atravesada por procesos socio-territoriales amplios/globales, pero también locales y regionales, hegemónicos como contra-hegemónicos. Tiene basamento sobre "lo" político al evidenciarse múltiples antagonismos en disputa (políticos-ideológicos, económicos-sociales, etc). En cambio, "la" política social, remite al intento de administrar esa conflictividad, es una instancia donde se institucionalizan decisiones y acciones políticas desde el Estado sobre lo social. Pero la institucionalización burocrática-estatal de las políticas sociales bajo determinada forma hegemónica de administrar el (des)orden social y asistir a las manifestaciones de la cuestión social no agota el devenir de "lo" político. La política social se constituye en un campo político-ideológico, relacional, conflictual, socio-histórico y en constante devenir, nunca clausurado en su diseño normativo. Busca garantizar institucional e ideológicamente, un piso aceptable para la subsistencia, para la reproducción social de la población, piso que refiere a las condiciones y necesidades de las relaciones sociales de producción capitalistas (Ramacciotti, 2010).   Comprender "la" política social desde sus raíces en "lo" político, supone dislocar sentidos eurocéntricos que subyacen en la contradicción entre capital-trabajo, recuperando la particularidad que adquiere ese proceso de universalización en nuestro territorio. Las relaciones sociales de explotación capitalista sedimentan contextualmente en espacios donde fluyen las relaciones de poder entre diversos sujetos políticos. En su especificidad, nuestro posicionamiento se encuentra condicionado (no determinado) por potencias extranjeras que aún hoy continúan extrayendo recursos naturales. Pasada la Segunda Guerra Mundial y con cambios geopolíticos a nivel internacional (López, 2015), las posicionalidades de Argentina y América Latina no evidenciarían transformaciones radicales respecto a los tiempos coloniales e independentistas (Thwaites Rey y Ouviña, 2012), pues continuaría el patrón de acumulación originario. Con el neo-post-liberalismo, la presencia de Estados Unidos, la emergencia y consolidación de los países asiáticos (con su cambio alimentario), la producción, distribución y consumo de los recursos naturales y agrarios se encontrarán atravesados por los complejos requerimientos del proyecto estratégico agro-alimentario exportador promovido por el Estado Global.   La política social se constituye como posibilidad hegemónica de clausura, de cierre parcial de conflictos que emergen territorialmente cuando la subsistencia de los sectores subalternos corre peligro y puja en el espacio público la forma de significar y resolver los problemas sociales que están vinculados a los patrones de acumulación. Posteriormente a la crisis y conflictividades del 2001, principalmente a partir del año 2003 y con la asunción como presidente de Néstor Kirchner, las políticas sociales en Argentina incorporaron en su formulación e implementación el enfoque de derecho, la integralidad e intersectorialidad al momento de la territorialización de la intervención social del Estado, asumiendo éste un rol centralizador en la administración de los problemas sociales mediante el diseño y ejecución de planes y programas sociales, incorporando en algunas oportunidades, a los movimientos sociales en su gestión. Como lo observan Di Virgilio, Arqueros Mejico y Guevara (2014), desde el año 2002 se registra una multiplicación de las formas en que el Estado participa activamente, regulando actividades económicas, interviniendo en la provisión de bienes y servicios para toda la población. Sin embargo, en el post-neoliberalismo, la distribución secundaria del ingreso y el proceso de re-industrialización (motivada por la promoción del consumo interno) no conllevaron cambios radicales en los patrones de acumulación, dado que continuaron estructurados en torno al extractivismo y expansión de los negocios financieros en el campo agro-alimentario exportador (Merino, 2011). Con esos contextos de fondo, articular las perspectivas institucional-formal de la políticas sociales con aquellas que parten de lo territorial y vivencial en aras de comprender los modos en que planes sociales producen y reproducen, bajo las acciones y significados que le imprimen los usuarios, la territorialización de proyecto agro-alimentario, resultó ser una cuestión interesante, más aún cuando, como parte de la acción pública estatal en esta última década, se apeló a la combinación de asistencia alimentaria y transferencias condicionadas de ingresos.   AUH, la cuestión alimentaria ¿y el ciudadano-consumidor? El año pasado, Gustavo Parra presentó en una jornada avances del proyecto que vienen realizando con Mariela Mendoza sobre la AUH y su impacto en la cotidianeidad. Aceite, lácteos, azúcares, carnes, hidratos de carbono fueron algunos alimentos preferenciales que nombraron las titulares de la AUH (Mendoza y Parra, 2016). Justamente esos alimentos aumentaron sus precios desde el año 2000 a nivel mundial y local (Aguirre et al., 2015). Con basamento en fuentes secundarias, lo que sigue pretende indagar en prácticas y sentidos sobre la cuestión alimentaria (pensada en términos "totales") que construyen los usuarios de la AUH en su cotidianeidad y cómo se vinculan con el proyecto agro-alimentario. La AUH (decretada en 2009), propuso mejorar las condiciones de vida de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, cuyos responsables no se encontraran protegidos por el sistema formal (desocupados, con trabajo informal o con ingresos inferiores al salario mínimo, vital y móvil). Algunos autores, partiendo de un enfoque de derecho, presentan la construcción implícita de una “ciudadanía condicionada” en estas políticas sociales, pues se destinan a quienes no pueden acceder a la seguridad social y/o a empleos en el mercado de trabajo formal, acentuando en algunos casos, estereotipos de género como sucede, por ejemplo, con la AUH (Basta, Cavalleri y Mendoza, 2015).  Quienes durante el neoliberalismo resultaron focalmente individualizados en sus carencias, en ésta última década fueron concebidos como sujetos de/con derechos. Paralelo a esa ampliación y difusión de PTC bancarizados, comienza a destacarse la utilización de la noción de consumo en estudios empíricos de la AUH. Como sostienen Mendoza y Parra, "la AUH aporta por un lado, a regular la dinámica intrafamiliar de los grupos destinatarios; y por otra parte les posibilita el acceso al consumo a determinados bienes y servicios a los cuales se encontraban relegados en su condición de pobreza" (Mendoza y Parra, 2016: 7).  Si bien la AUH no constituye un programa alimentario, diversos estudios han relevado que una proporción significativa de dicho ingreso se gasta en consumo alimentario. Polischer et al., (2012), abordan el estudio de la AUH desde la perspectiva del derecho a la alimentación recuperando la percepción de las jefas de hogares beneficiarias y detectan: el incremento del consumo de lácteos y carnes, la reincorporación de la cena, la posibilidad de elegir qué comer y cómo gastarlo en relación a la optimización del precio y calidad de los productos, aspectos estos últimos también relevados por Mendoza y Parra (2016). Gonzalez, Pasarin y Malpeli (2014) al indagar en los hábitos alimentarios de participantes de PTC en el Municipio de Berisso, quienes eligen menúes que posibiliten "estirar" los alimentos y resultan "rendidores". Similar a los estudios precedentes, encuentran que las compras se dirigen a alimentos ricos en hidratos de carbono, lácteos y azúcar. Incorporar la práctica del consumo entre usuarios de PTC resulta problemático. Por un lado, se pondera la posibilidad de cómo cada grupo convivencial puede realizar elecciones respecto a sus necesidades alimentarias. Sin embargo son interesantes los debates planteados por Polischer y otros al presentar al ciudadano-consumidor en la AUH, sujeto que encontraron en las entrevistas realizadas (Polischer et al., 2012). Específicamente, remite al protagonismo de los niños al momento de seleccionar productos/marcas que, casualmente, transitan masivamente en medios de comunicación. Los niños sugieren a sus madres qué consumir, quienes depositan confianza en las empresas implicadas por la calidad, prestigio y salud de sus productos. De ese modo, el gusto es entendido como constructo cultural identitario atravesado por las publicidades y su rol en la educación para configurar a los niños en ciudadanos-consumidores con derechos a elegir qué consumir.  Si bien la AUH vehiculizó inclusión social, acceso a la salud y educación, la preferencia por determinados productos alimenticios invita a cuestionar el papel de la tecno-ideología y la industria agro-alimentaria en la producción/reproducción de determinados parámetros que educan sobre lo saludable del comer (qué/cómo/cuándo). Los estudios precedentes dan cuenta de cómo la AUH, en tanto política de Estado, permitió, entre otros factores, acceder a una variedad de nutrientes (carnes y lácteos principalmente) en términos de derecho a la alimentación; pero también se observa una contribución al sostenimiento del proyecto agro-alimentario, en su producción y reproducción de sus condiciones. Resta por tanto problematizar junto con los usuarios las condiciones de producción de esos alimentos ricos en grasas, hidratos de carbono, azúcares y sodio, atrofiados en la cadena de elaboración (ultra-procesados) por el uso de petro-químicos que inciden nefastamente en la salud.   Cierre-apertura En estos tiempos los distractores tecno-ideológicos contribuyen a invisibilizar que "lo" y "la" política se inscriben en todos los aspectos de la cotidianeidad. La alimentación es un ámbito estratégico para pensar prácticas de intervención en lo social. La comensalidad implica multiplicidad de procesos macros/micros, locales/globales. Politizar el consumo como espacio para problematizar "quién se come a quién", es un campo fértil para disputar formas de producción/reproducción cotidiana del proyecto agro-alimentario. La ampliación de los derechos a la alimentación, salud y educación (en términos formales tanto como su particular concreción real) constituyen un territorio político en devenir para tensionar, en un presente-futuro, prácticas y representaciones que intervienen en la configuración del contenido, para disputar desde la praxis los significados de las culturas educativas y saludables que deseamos imprimir a esos derechos.    Bibliografía AGUIRRE, DÍAZ CORDOVA y POLISCHER (2015); Cocinar y comer en Argentina Hoy; FUNDASAP, Sociedad Argentina de Pediatría. Buenos Aires. BASTA, CAVALLERI. Y MENDOZA (2015); Derechos sociales, ciudadanía y universalidad como fundamentos de la política social contemporánea. El caso de la AUH; IV Encuentro argentino y latinoamericano de Trabajo Socia; Córdoba. DI VIRGILIO, ARQUEROS MEJICO Y GUEVARA (2014); Un análisis comparado sobre la implementación de políticas de regularización de asentamientos informales en Argentina, Brasil y México; REVISTA INVI, VOL 29, N ° 80. GONZALEZ, PASARIN, MALPELI (2014); Reflexiones sobre los hábitos alimentarios de beneficiarios de planes por transferencia de dinero en el Municipio de Berisso; Revista Perspectivas de Políticas Públicas Año 4 Nº 7.  LÓPEZ (2015);  Los  años  post-neoliberales.  De  la  crisis  a  la consolidación  de  un nuevo  modelo  de  desarrollo.  Buenos  Aires,  Miño  y Dávila Ed. MENDOZA y PARRA (2016); Transferencias Condicionadas de Ingreso y Vida Cotidiana: análisis de la AUH desde la perspectiva de las titulares; Jornadas FAUATS, Mar del Plata  MERINO (2011); “Globalismo financiero, territorialidad, progresismo y proyectos en pugna” en  Geograficando, Nº7, FHCE, UNLP. MOUFFE (2007); En torno a lo político. FCE. Buenos Aires.  POLISCHER, MIGUEL, DÍAZ CÓRDOVA y MELGAREJO (2012); “Estudio del impacto de la AUH en consumos vinculados a la Alimentación y percepción de la misma como Derecho por parte de los actores involucrados”, en Pautassi y Zibecchi (comps), Respuestas Estatales en torno a la Alimentación y al Cuidado. Los casos de los Programas de Transferencia Condicionada de Ingreso y el Plan de Seguridad Alimentaria en Argentina, Buenos Aires. RAMACCIOTTI, (2010); Reflexiones en torno a cómo pensar las intervenciones sociales del Estado. Revista de Estudios Marítimos y Sociales; Mar del Plata; p. 193 – 204.  THWAITES REY y OUVIÑA (2012); "La  estatalidad latinoamericana revisitada. Reflexiones e hipótesis alrededor del problema del  poder  político  y  las  transiciones”.  En:  El  Estado  en  América  Latina: continuidades y rupturas. Thwaites Rey (Ed). Santiago de Chile: Ed. Arcis.   

Alcances y límites de la AUH, ¿la construcción de un "ciudadano-consumidor" en el contexto del proyecto agro-alimentario?

SEDICI - Repositorio de la UNLP

Facultad de Trabajo Social, UNLP 
X Jornadas de Investigación, Docencia, Extensión y Ejercicio Profesional. GT13 
 
Alcances y límites de la AUH, ¿la construcción de un "ciudadano-consumidor" en el 
contexto del proyecto agro-alimentario? 
Ambrosi, D. Celeste 
UNLa-UNDAV/CONICET 
celeste_ambrosi@hotmail.com 
Introducción 
Durante las décadas del siglo en curso presenciamos la expansión de las fronteras 
agrarias de soja y maíz en Argentina. La introducción de semillas transgénicas en los 
años noventa, pero sobre todo, diversas modificaciones gestadas en lo político, lo social, 
lo económico y lo cultural favorecieron la construcción de la no tan alegórica "República 
de la Soja" (publicidad de Sygenta, año 2005). Como contracara a la ganancia de pocos 
(acumuladas mediante arado financiero e industrial del campo), se multiplicaron las 
consecuencias socio-sanitarias y ambientales, reflejadas en: desplazamientos de 
comunidades originarias/campesinas, fumigación de pueblos rurales/periurbanos, 
contaminación con agrotóxicos de suelos, agua y aire. Lejos del campo, pareciera que en 
nuestro cotidiano las relaciones con el mismo no existieran, o, al menos, continúan 
soterradas a fuerza de distractores tecno-ideológicos. Sin embargo, con la transgénesis 
del gobierno y el giro hacia la derecha, el asunto vuelve a manifestarse en sus múltiples 
articulaciones, de manera más explícita y cruenta que años previos.  
Históricamente, políticas públicas y patrón de acumulación se retroalimentaron 
mutuamente, territorializándose en particulares y sectoriales formas de administrar los 
conflictos sociales. Así, las políticas sociales (entendidas como producto/y productoras/ de 
proyectos societales en pugna a raíz de su ligazón con "lo" político) contribuyen a tramar 
la tensión entre la producción y la reproducción social de la existencia, corporizándose en 
determinadas prácticas cotidianas. El presente artículo pretende aportar al campo 
problemático referido al entramado político, económico, cultural y socio-territorial entre las 
políticas sociales y el proyecto estratégico agro-alimentario exportador despuntado en las 
últimas dos décadas. Al mismo tiempo, propone presentar a discusión el problema de 
investigación construido en el marco de la tesis doctoral en ciencias sociales de la 
Universidad Nacional de la Plata. A partir de la revisión de estudios secundarios, se 
problematizará la figura del ciudadano-consumidor que Polischer, Miguel, Díaz Córdova y 
Melgarejo (2012) identificaron al analizar prácticas y representaciones en torno a los 
alimentos, por parte de usuarios de programas de transferencia condicionada (PTC, en 
adelante), en especial, la Asignación Universal por Hijo (AUH). Finalmente, se intentará 
politizar la figura del ciudadano-consumidor como espacio de disputa cotidiana del 
proyecto agro-alimentario.    
 
Proyecto  agro-alimentario y política social en la Argentina post-neo-liberal 
Lejos de solucionarse el problema del hambre proclamado a mediados del siglo XX y 
utilizado como argumento para la propulsión de nuevas formas de producir alimentos a 
gran escala en beneficio de la humanidad, el siglo XXI nos encuentra con el aumento de 
la desnutrición y la obesidad, aún cuando históricamente contamos con sobre-producción 
(Aguirre, Díaz Córdova y Polischer, 2015). En Argentina, ese proyecto agro-alimentario 
impulsado por el Estado Global y representado por el G-20 (Merino, 2011), se introduce 
con el neoliberalismo, afianzándose hacia mediados de los años noventa con el boom de 
la soja y los transgénicos, para, luego de la crisis del 2008, ser depositaria de las 
comodities (Aguirre et al., 2015). Bajo esa lógica, alimentos y el acceso a los mismos, son 
negocios para multi-transnacionales que siembran, cosechan capitales y monopolizan la 
industrialización del campo argentino para producir, principalmente, forraje y biodiesel 
(soja y maíz respectivamente) para alimentar animales asiáticos y automóviles. Como 
coralario del avance de las fronteras agrarias sobre territorios de pueblos originarios, 
humedales o bosques nativos (además de las consecuencias letales en materia socio-
sanitaria-ambiental), en las hacinadas ciudades, donde nos concentramos el 95% de la 
población, asistimos al aumento de precios en carnes, aceites, lácteos y otros productos, 
cuyos consumos se incrementaron entre los sectores medios y usuarios de PTC 
(Mendoza y Parra, 2016; Aguirre, et al., 2015).   
En términos teóricos se comprenderá a la política social en su relación con la cuestión 
social desde "lo" y "la" política (Mouffe, 2007), en tanto la emergencia de conflictividades 
(consecuencias provocadas por las contradicciones del capitalismo), movilizaron la 
intervención política sobre lo social del Estado y la Sociedad Civil. La cuestión social 
refiere entonces a la conflictividad y su expresión está atravesada por procesos socio-
territoriales amplios/globales, pero también locales y regionales, hegemónicos como 
contra-hegemónicos. Tiene basamento sobre "lo" político al evidenciarse múltiples 
antagonismos en disputa (políticos-ideológicos, económicos-sociales, etc). En cambio, "la" 
política social, remite al intento de administrar esa conflictividad, es una instancia donde 
se institucionalizan decisiones y acciones políticas desde el Estado sobre lo social. Pero 
la institucionalización burocrática-estatal de las políticas sociales bajo determinada forma 
hegemónica de administrar el (des)orden social y asistir a las manifestaciones de la 
cuestión social no agota el devenir de "lo" político. La política social se constituye en un 
campo político-ideológico, relacional, conflictual, socio-histórico y en constante devenir, 
nunca clausurado en su diseño normativo. Busca garantizar institucional e 
ideológicamente, un piso aceptable para la subsistencia, para la reproducción social de la 
población, piso que refiere a las condiciones y necesidades de las relaciones sociales de 
producción capitalistas (Ramacciotti, 2010).   
Comprender "la" política social desde sus raíces en "lo" político, supone dislocar sentidos 
eurocéntricos que subyacen en la contradicción entre capital-trabajo, recuperando la 
particularidad que adquiere ese proceso de universalización en nuestro territorio. Las 
relaciones sociales de explotación capitalista sedimentan contextualmente en espacios 
donde fluyen las relaciones de poder entre diversos sujetos políticos. En su especificidad, 
nuestro posicionamiento se encuentra condicionado (no determinado) por potencias 
extranjeras que aún hoy continúan extrayendo recursos naturales. Pasada la Segunda 
Guerra Mundial y con cambios geopolíticos a nivel internacional (López, 2015), las 
posicionalidades de Argentina y América Latina no evidenciarían transformaciones 
radicales respecto a los tiempos coloniales e independentistas (Thwaites Rey y Ouviña, 
2012), pues continuaría el patrón de acumulación originario. Con el neo-post-liberalismo, 
la presencia de Estados Unidos, la emergencia y consolidación de los países asiáticos 
(con su cambio alimentario), la producción, distribución y consumo de los recursos 
naturales y agrarios se encontrarán atravesados por los complejos requerimientos del 
proyecto estratégico agro-alimentario exportador promovido por el Estado Global.   
La política social se constituye como posibilidad hegemónica de clausura, de cierre parcial 
de conflictos que emergen territorialmente cuando la subsistencia de los sectores 
subalternos corre peligro y puja en el espacio público la forma de significar y resolver los 
problemas sociales que están vinculados a los patrones de acumulación. Posteriormente 
a la crisis y conflictividades del 2001, principalmente a partir del año 2003 y con la 
asunción como presidente de Néstor Kirchner, las políticas sociales en Argentina 
incorporaron en su formulación e implementación el enfoque de derecho, la integralidad e 
intersectorialidad al momento de la territorialización de la intervención social del Estado, 
asumiendo éste un rol centralizador en la administración de los problemas sociales 
mediante el diseño y ejecución de planes y programas sociales, incorporando en algunas 
oportunidades, a los movimientos sociales en su gestión. Como lo observan Di Virgilio, 
Arqueros Mejico y Guevara (2014), desde el año 2002 se registra una multiplicación de 
las formas en que el Estado participa activamente, regulando actividades económicas, 
interviniendo en la provisión de bienes y servicios para toda la población. Sin embargo, en 
el post-neoliberalismo, la distribución secundaria del ingreso y el proceso de re-
industrialización (motivada por la promoción del consumo interno) no conllevaron cambios 
radicales en los patrones de acumulación, dado que continuaron estructurados en torno al 
extractivismo y expansión de los negocios financieros en el campo agro-alimentario 
exportador (Merino, 2011). 
Con esos contextos de fondo, articular las perspectivas institucional-formal de la políticas 
sociales con aquellas que parten de lo territorial y vivencial en aras de comprender los 
modos en que planes sociales producen y reproducen, bajo las acciones y significados 
que le imprimen los usuarios, la territorialización de proyecto agro-alimentario, resultó ser 
una cuestión interesante, más aún cuando, como parte de la acción pública estatal en 
esta última década, se apeló a la combinación de asistencia alimentaria y transferencias 
condicionadas de ingresos.  
 
AUH, la cuestión alimentaria ¿y el ciudadano-consumidor? 
El año pasado, Gustavo Parra presentó en una jornada avances del proyecto que vienen 
realizando con Mariela Mendoza sobre la AUH y su impacto en la cotidianeidad. Aceite, 
lácteos, azúcares, carnes, hidratos de carbono fueron algunos alimentos preferenciales 
que nombraron las titulares de la AUH (Mendoza y Parra, 2016). Justamente esos 
alimentos aumentaron sus precios desde el año 2000 a nivel mundial y local (Aguirre et 
al., 2015). Con basamento en fuentes secundarias, lo que sigue pretende indagar en 
prácticas y sentidos sobre la cuestión alimentaria (pensada en términos "totales") que 
construyen los usuarios de la AUH en su cotidianeidad y cómo se vinculan con el proyecto 
agro-alimentario. 
La AUH (decretada en 2009), propuso mejorar las condiciones de vida de niños y 
adolescentes en situación de vulnerabilidad, cuyos responsables no se encontraran 
protegidos por el sistema formal (desocupados, con trabajo informal o con ingresos 
inferiores al salario mínimo, vital y móvil). Algunos autores, partiendo de un enfoque de 
derecho, presentan la construcción implícita de una “ciudadanía condicionada” en estas 
políticas sociales, pues se destinan a quienes no pueden acceder a la seguridad social y/o 
a empleos en el mercado de trabajo formal, acentuando en algunos casos, estereotipos 
de género como sucede, por ejemplo, con la AUH (Basta, Cavalleri y Mendoza, 2015).  
Quienes durante el neoliberalismo resultaron focalmente individualizados en sus 
carencias, en ésta última década fueron concebidos como sujetos de/con derechos. 
Paralelo a esa ampliación y difusión de PTC bancarizados, comienza a destacarse la 
utilización de la noción de consumo en estudios empíricos de la AUH. Como sostienen 
Mendoza y Parra, "la AUH aporta por un lado, a regular la dinámica intrafamiliar de los 
grupos destinatarios; y por otra parte les posibilita el acceso al consumo a determinados 
bienes y servicios a los cuales se encontraban relegados en su condición de pobreza" 
(Mendoza y Parra, 2016: 7).  
Si bien la AUH no constituye un programa alimentario, diversos estudios han relevado que 
una proporción significativa de dicho ingreso se gasta en consumo alimentario. Polischer 
et al., (2012), abordan el estudio de la AUH desde la perspectiva del derecho a la 
alimentación recuperando la percepción de las jefas de hogares beneficiarias y detectan: 
el incremento del consumo de lácteos y carnes, la reincorporación de la cena, la 
posibilidad de elegir qué comer y cómo gastarlo en relación a la optimización del precio y 
calidad de los productos, aspectos estos últimos también relevados por Mendoza y Parra 
(2016). Gonzalez, Pasarin y Malpeli (2014) al indagar en los hábitos alimentarios de 
participantes de PTC en el Municipio de Berisso, quienes eligen menúes que posibiliten 
"estirar" los alimentos y resultan "rendidores". Similar a los estudios precedentes, 
encuentran que las compras se dirigen a alimentos ricos en hidratos de carbono, lácteos y 
azúcar. 
Incorporar la práctica del consumo entre usuarios de PTC resulta problemático. Por un 
lado, se pondera la posibilidad de cómo cada grupo convivencial puede realizar 
elecciones respecto a sus necesidades alimentarias. Sin embargo son interesantes los 
debates planteados por Polischer y otros al presentar al ciudadano-consumidor en la 
AUH, sujeto que encontraron en las entrevistas realizadas (Polischer et al., 2012). 
Específicamente, remite al protagonismo de los niños al momento de seleccionar 
productos/marcas que, casualmente, transitan masivamente en medios de comunicación. 
Los niños sugieren a sus madres qué consumir, quienes depositan confianza en las 
empresas implicadas por la calidad, prestigio y salud de sus productos. De ese modo, el 
gusto es entendido como constructo cultural identitario atravesado por las publicidades y 
su rol en la educación para configurar a los niños en ciudadanos-consumidores con 
derechos a elegir qué consumir.  
Si bien la AUH vehiculizó inclusión social, acceso a la salud y educación, la preferencia 
por determinados productos alimenticios invita a cuestionar el papel de la tecno-ideología 
y la industria agro-alimentaria en la producción/reproducción de determinados parámetros 
que educan sobre lo saludable del comer (qué/cómo/cuándo). Los estudios precedentes 
dan cuenta de cómo la AUH, en tanto política de Estado, permitió, entre otros factores, 
acceder a una variedad de nutrientes (carnes y lácteos principalmente) en términos de 
derecho a la alimentación; pero también se observa una contribución al sostenimiento del 
proyecto agro-alimentario, en su producción y reproducción de sus condiciones. Resta por 
tanto problematizar junto con los usuarios las condiciones de producción de esos 
alimentos ricos en grasas, hidratos de carbono, azúcares y sodio, atrofiados en la cadena 
de elaboración (ultra-procesados) por el uso de petro-químicos que inciden nefastamente 
en la salud.  
 
Cierre-apertura 
En estos tiempos los distractores tecno-ideológicos contribuyen a invisibilizar que "lo" y 
"la" política se inscriben en todos los aspectos de la cotidianeidad. La alimentación es un 
ámbito estratégico para pensar prácticas de intervención en lo social. La comensalidad 
implica multiplicidad de procesos macros/micros, locales/globales. Politizar el consumo 
como espacio para problematizar "quién se come a quién", es un campo fértil para 
disputar formas de producción/reproducción cotidiana del proyecto agro-alimentario. La 
ampliación de los derechos a la alimentación, salud y educación (en términos formales 
tanto como su particular concreción real) constituyen un territorio político en devenir para 
tensionar, en un presente-futuro, prácticas y representaciones que intervienen en la 
configuración del contenido, para disputar desde la praxis los significados de las culturas 
educativas y saludables que deseamos imprimir a esos derechos.   
 
Bibliografía 
AGUIRRE, DÍAZ CORDOVA y POLISCHER (2015); Cocinar y comer en Argentina Hoy; 
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Alcances y límites de la AUH, ¿la construcción de un "ciudadano-consumidor" en el contexto del proyecto agro-alimentario?

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