Chocrón Giráldez, Ana María

idUS. Depósito de Investigación Universidad de Sevilla

LA CARGA DE LA PRUEBA EN ACCIDENTES DE TRABAJO   A) Hacia la consecución de un “ámbito unitario de tutela jurisdiccional” en materia de accidentes de trabajo   Sabido es que el orden jurisdiccional laboral o social tiene como fin básico el conocimiento y resolución de los conflictos de trabajo ya sean estos individuales o colectivos así como las reclamaciones en materia de Seguridad Social o contra el Estado cuando le atribuya responsabilidad la legislación laboral, tal y como expresa en términos genéricos el artículo 9.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  De igual forma, dispone el artículo 1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LJS) “los órganos jurisdiccionales del orden social conocerán de las pretensiones que se promuevan dentro de la rama social del Derecho, tanto en su vertiente individual como colectiva, incluyendo aquéllas que versen sobre materias laborales y de Seguridad Social, así como de las impugnaciones de las actuaciones de las Administraciones públicas realizadas en el ejercicio de sus potestades y funciones sobre las anteriores materias”.  En atención a la anterior caracterización del orden jurisdiccional social, la Ley 36/2011 nace con una evidente vocación de unificar la materia laboral en el orden jurisdiccional social. Aún así, mantiene la misma ordenación de las cuestiones litigiosas que ya estableciera la norma derogada de 1995, esto es, por un lado, las cuestiones litigiosas atribuidas a la jurisdicción social en el artículo 2 y, por otro, las excluidas expresamente de su ámbito competencial en el artículo 3.   Ciertamente, y pese al esfuerzo del legislador laboral por establecer una distribución y enumeración de materias, lo cierto es que el tema de la extensión y límites del orden social, o si se prefiere, la delimitación del ámbito de la jurisdicción social, ha sido históricamente una fuente de continuas controversias. De hecho, no resulta infrecuente en la práctica encontrar conflictos en cuya resolución converge el orden social con otros órdenes jurisdiccionales (civil y contencioso administrativo)1. Este desajuste se ha explicado sobre la base de entender que el excesivo protagonismo de la Administración, ha hecho que controversias típicamente sociales se atribuyan al orden contencioso administrativo, mientras que la atracción del proceso laboral, como instrumento rápido y eficaz de soluciones de los conflictos, ha provocado que litigios claramente administrativos se encomienden al orden social2.   Trasladando estas consideraciones al actual contexto normativo, bien puede entenderse que la nueva ley reguladora del proceso de trabajo tiene entre sus objetivos primordiales concentrar en el orden laboral no sólo las competencias que han sido propias del mismo, es decir, las manifiestamente laborales, sino también aquéllas que -en expresión utilizada por el legislador-, se hallen en conexión directa con las mismas, creando de esta forma un “ámbito unitario de tutela jurisdiccional”.                                                   1 RÍOS SALMERÓN, “Los conflictos de competencia y el orden social de la jurisdicción”, Actualidad Laboral, núm. 3, 1995, p. 777. 2 DESDENTADO BONETE, “Notas para un debate sobre la crisis del proceso social”, Revista de Derecho Social, núm.4, 1998, p. 224. Esta aspiración se visualiza con especial claridad en el contexto de las reclamaciones de daños y perjuicios de trabajadores accidentados o sus causahabientes que con el anterior escenario legal, se veían sometidos al denominado “peregrinaje de jurisdicciones” en demanda de tutela de sus intereses, situación de incertidumbre y vacío normativo a la que se procura poner fin concentrando en los tribunales laborales todas las cuestiones litigiosas que afecten a los trabajadores como consecuencia de un accidente de trabajo.  Expresamente reconoce la Exposición de Motivos de la LJS: “Es el caso de la concentración en el orden jurisdiccional social de todas las cuestiones litigiosas relativas a los accidentes de trabajo y que hasta ahora obligaban a los afectados a acudir necesariamente para intentar lograr la tutela judicial efectiva a los distintos juzgados y tribunales encuadrados en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social. Con esta fórmula se pretende que la jurisdicción social sea competente para enjuiciar conjuntamente a todos los sujetos que hayan concurrido en la producción del daño sufrido por el trabajador en el marco laboral o en conexión directa con el mismo, creándose un ámbito unitario de tutela jurisdiccional para el resarcimiento integral del daño causado”.    Esa intención se plasma en el actual apartado b) del artículo 2 de la LJS conforme al cual:   “En relación con las acciones que puedan ejercitar los trabajadores o sus causahabientes contra el empresario o contra aquéllos a quienes se les atribuya legal, convencional o contractualmente responsabilidad, por los daños originados en el ámbito de la prestación de servicios o que tengan su causa en accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, incluida la acción directa contra la aseguradora y sin perjuicio de la acción de repetición que pudiera corresponder ante el orden competente”.  Por consiguiente, la reclamación por  indemnización por daños y perjuicios derivados de accidente de trabajo queda finalmente atribuida al conocimiento del orden jurisdiccional social.  B) Breve apunte acerca del tratamiento jurisprudencial de la responsabilidad civil del empresario por los daños y perjuicios originados con ocasión de un accidente de trabajo.   La tutela de los intereses de los trabajadores relacionados con los accidentes de trabajo queda pues residenciada en el ámbito competencial de los tribunales laborales superando con ello una oscilante jurisprudencia que mantenía en pugna a los órdenes civil y social. Como expone Molina Navarrete, la consecuencia práctica de la anterior conclusión no es otra que la prohibición de plantear ante los tribunales civiles una reclamación por indemnización de daños y perjuicios que traiga causa o mantenga una conexión directa con un accidente de trabajo3.                                                  3 MOLINA NAVARRETE, Análisis de la nueva Ley de la Jurisdicción Social, La Ley, Madrid, pág. 57. Esta clara determinación consolida además el carácter contractual de la  responsabilidad civil del empresario a la que resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 1101 del Código Civil4, que impone la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados a los que “en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren el tenor de aquéllas”.  Por consiguiente, existiendo una relación laboral entre las partes, es difícil sostener que la responsabilidad sea extracontractual -como defendía la Sala 1ª del Tribunal Supremo con apoyo en el artículo 1902 del Código Civil-, ya que la obligación de seguridad se atribuye al empresario que debe responder por culpa contractual, basada en un previo incumplimiento de sus obligaciones.   No obstante, aún estando en vigor la ley de procedimiento laboral de 1995, ya se entendía que lo determinante en materia de competencia judicial no era tanto la naturaleza de la responsabilidad exigida, cuanto las normas en que la misma se justifica, y dado que se trata de la adopción de medidas de seguridad que se basan en normas de carácter laboral, de suyo han de ser sometidas a conocimiento de los tribunales laborales5. Aún así, la complejidad y los múltiples elementos concurrentes en el contexto de accidentes de trabajo, dio pié a que los tribunales civiles insistieran en mantener su competencia en la  medida en que pudieran aparecer como demandados personas ajenas a la relación laboral en virtud de la vis atractiva de la jurisdicción civil establecida en el artículo 9.2 de la LOPJ (STS 23 de abril de 2009: “Esta es la doctrina que debe aplicarse al presente recurso al haber sido demandadas la aseguradora de la dueña de la obra, los técnicos, arquitectos y aparejador, así como la empresa que colocó en su día la plataforma, cuyo colapso causó las lesiones al demandante. Por ello se declara la competencia de esta jurisdicción”). Este panorama es el que viene a clarificar la LJS que en muchos aspectos responde a exigencias de la doctrina jurisprudencial (como es el caso de los derechos fundamentales y libertades públicas de empresarios y trabajadores en el ámbito de la relación laboral), pero que, sin embargo, no sucede así con la atribución en su integridad al orden social de la jurisdicción de las cuestiones litigiosas que tengan su origen en un accidente de trabajo. Es en estos casos cuando se  tropieza con la profunda disparidad de criterios utilizados por los tribunales –civiles y laborales- para mantener la competencia de unos y otros. Esta particular circunstancia tiene también su proyección en la doctrina científica cuando se analiza el fundamento de la responsabilidad del empresario.  1. La cuestión a la que hemos aludido ha sido planteada ya por Molina Navarrete poniendo de manifiesto la necesidad de afrontar una revisión de la línea de jurisprudencia mantenida hasta la fecha por la Sala Cuarta. De esa forma, no puede desconocerse la tendencia a primar el aspecto culpabilístico, esto es, la exigencia de culpabilidad en el empresario como base para que pueda prosperar la reclamación del trabajador accidentado6. En esa línea, la                                                  4 SEGOVIANO ASTABURUAGA, en AAVV, Comentarios a la Ley reguladora de la jurisdicción social, Lex Nova, Valladolid, 2011, pág. 50 5 LILLO PÉREZ, “Problemas procesales para la tutela judicial de los derechos en materia de prevención de riesgos y accidentes de trabajo a instancia de los propios trabajadores y sus representantes” en Hacia una ley integral en materia de accidentes de trabajo, Cuadernos de Derecho Judicial, 2006, pág. 210. 6 En palabras de MOLINA NAVARRETE, “la clave de bóveda del sistema de responsabilidad civil del empresario” o “técnica de presunción de culpa”, op. cit., págs. 58 y 215. propia Sala de lo Social ya contempla que “no puede sostenerse la exigencia culpabilística en su sentido más clásico y sin rigor atenuatorio alguno, fundamentalmente porque no son parejas la respectiva posición de empresario y trabajador en orden a los riesgos derivados de la actividad laboral” (STS 30 de junio de 2010)  2. Por otra parte, cuando se entra a analizar la distribución de la carga probatoria y se constata el desplazamiento de la misma al empleador, se parte de una responsabilidad quasiobjetiva del empresario que va a responder por el accidente sufrido por el trabajador, con prueba en contrario, esto es, salvo que pruebe la existencia de caso fortuito o fuerza mayor o culpa exclusiva de la víctima7, posibilidad ésta que ha sido interpretada como principio excluyente de la responsabilidad objetiva estricta8. Finalmente, queda apuntar que sobre la base de esa responsabilidad del empresario se introduce una distribución de la carga de la prueba en el artículo 96.2 de la LJS más protectora para el trabajador9, en coherencia con lo que se  viene sosteniendo en materia de prevención de riesgos laborales y que convierte al empleador en un deudor de seguridad.   C) Carga de la prueba  a) Líneas básicas de la carga probatoria  Finalizada la actividad probatoria en el proceso de trabajo, corresponde al juez o tribunal proceder a su valoración. Sin embargo, todavía le pueden surgir dudas en cuanto a los hechos que aún siendo controvertidos, no han resultado probados. Es entonces cuando debe recurrir a las reglas sobre la carga de la prueba. Partiendo, pues, de un hecho que no ha sido probado, de lo que se trata con la carga de la prueba es determinar qué parte tenía la carga de probarlo y, por tanto, quién tiene ahora que soportar las consecuencias de esa falta de prueba. Y es que cada parte tiene, no sólo la carga de alegar los hechos que le interesan sino que también ha de probarlos.  Para ello el artículo 217.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil  (LEC) ofrece una regla general: “cuando, al tiempo de dictar sentencia o resolución semejante, el tribunal considerase dudosos unos hechos relevantes para la decisión, desestimará las pretensiones del actor o del reconviniente, o las del demandado o reconvenido, según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones”.  Dicho en otros términos: las reglas sobre la carga de la prueba no son normas de valoración sino que se limitan a señalar las consecuencias jurídicas materiales desfavorables de la falta de prueba suficiente. De lo que se trata, en definitiva, es evitar el llamado non liquet ya que, como es sabido, en virtud del artículo 1.7 Código Civil los jueces y tribunales tiene el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan.                                                  7 TASCÓN LÓPEZ, La renovación de la justicia social, Aranzadi, 2012, pág. 158. 8 MOLINA NAVARRETE, op. cit., pág. 214. 9 FOLGUERA CRESPO, en AAVV, Comentarios a la Ley reguladora de la jurisdicción social, Lex Nova, Valladolid, 2011, pág. 423.  Pues bien, la regla general del artículo 217.1 de la LEC se desarrolla distribuyendo la carga de la prueba (onus probandi) del siguiente modo: - Corresponde al actor la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda (art. 217.2).  - Incumbe la demandado la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior (art. 217.3). No obstante conviene tener presente que esta regla general resulta de aplicación subsidiaria para los casos en que una disposición legal expresa no distribuya con criterios especiales la carga de probar los hechos relevantes (art. 217.6) y lo que es más interesante, en el momento de aplicar estas normas, el tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio (art. 217.7). Por consiguiente, el legislador introduce unos correctivos que ya venían siendo manejados por la jurisprudencia civil para paliar los rigores derivados de una estricta aplicación de la norma.   b) El artículo 96.2 de la LJS y la especial carga probatoria del empresario  Las anteriores consideraciones encuentran su plasmación positiva en la LJS y en concreto, en el tema que nos ocupa, la nueva redacción del artículo 96 incorpora un nuevo apartado -el segundo- que contiene una regla de distribución de la carga probatoria en materia de accidente de trabajo del siguiente tenor10:  “En los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales corresponderá a los deudores de seguridad y a los concurrentes en la producción del resultado lesivo probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad. No podrá apreciarse como elemento exonerador de la responsabilidad la culpa no temeraria del trabajador ni la que responda al ejercicio habitual del trabajo o a la confianza que éste inspira”.  Antes de entrar en otras consideraciones, conviene subrayar que la distribución probatoria de esta norma se basa en el principio de facilidad probatoria del citado artículo 217.7 de la LEC, introducida aquí en atención al trabajador accidentado con la intención de evitar enfrentarlo a la difícil demostración de la falta de diligencia por parte del empleador. Es decir, a la prueba de hechos que, por su especial naturaleza, presentan gran dificultad para quien tiene la                                                  10 Desde la doctrina laboralista se apunta que el precepto más que una novedad, abunda en lo ya previsto en la Ley de prevención de riesgos laborales, concretamente en sus artículos 14.2, 15 y 16. Así, ESTEVE SEGARRA, en AAVV, La reforma del proceso laboral, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012, pág. 272; TASCÓN LÓPEZ, op. cit., pág. 157. carga de probarlos y que, sin embargo, resulta mucho más fácil a la contraparte aportar los elementos de prueba pertinentes11. Al mismo tiempo la norma de referencia supone una disposición legal de carácter especial establecida por vía del apartado 6 del artículo 217 LEC. Pero además, la propia normativa laboral parte de la diferente posición del trabajador frente al empresario en esta materia pues no es el trabajador quien debe organizar el trabajo, atribuyéndose al empresario -en exclusiva-, la “dirección y control de la actividad laboral” en los términos del artículo 20 del ET. El resultado es que se le impone a éste un deber de protección que le convierte en lo que el artículo 96.2 de la LJS denomina “deudor de seguridad”.  En realidad tal denominación entronca con, al menos, dos preceptos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: - Artículo 14.2 que establece que “en cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo...”. - Apartados 3 y 4 del artículo 15 al prever que en esta política de protección, el empresario debe adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico, debiendo incluso prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador para conseguir que las medidas preventivas sean efectivas.   En orden a la carga de la prueba, la deuda de seguridad que contrae el empresario en la relación laboral se traduce en una obligación de acreditar que adoptó las medidas necesarias no sólo ya para evitar el riesgo, sino incluso para prevenirlo. De tal forma que si el empresario considera que se ha actuado con la máxima diligencia, que se han cumplido todas las medidas exigibles y que el accidente no se ha producido por ausencia de las mismas, tendrá que acreditar la certeza de esas circunstancias así como cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad..  En suma, se facilita la carga de la prueba de la responsabilidad al trabajador eximiéndole de tener que probar que el empleador o no ha aplicado las medidas preventivas necesarias y adecuadas, o que no ha mediado culpa no temeraria en su actuar12.                                                     11 GONZÁLEZ GRANDA, “Los criterios de disponibilidad y facilidad probatoria en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil”, en AAVV, Carga de la prueba y responsabilidad civil, Tirant Lo Blanch, 2007, pág. 55.    12 MOLINA NAVARRETE, op. cit, pág. 212. 

La carga de la prueba en accidentes de trabajo

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