En los últimos veinticinco años América Latina ha experimentado un cambio político significativo. La demanda de revolución en los sesentasetenta se transformó en demanda de democracia en los ochenta (Lechner, 1987), pero más elecciones no han traído mejores democracias. La elección periódica de gobernantes, especialmente de los presidentes, mediante el voto universal y directo no garantiza la eficacia del funcionamiento de las instituciones ni mucho menos el contenido de las políticas sociales. Las sociedades latinoamericanas están profundamente segmentades en términos económicos, regionales y étnicos, lo que se traduce en sistemas de partidos políticos fragmentados, relativamente inestables y poco inclusivos, dando lugar a una dispersión del poder a escala institucional y territorial, con abundantes comportamientos parasitarios. La forma de gobierno no se da en el vacío; la democracia latinoamericana opera en un marco de profunda concentración de la riqueza, de ingresos y de oportunidades, lo que condiciona seriamente la posibilidad de acometer reformas estructurales y se propicia, de este modo, una dinámica que favorece la reproducción del poder de las élites y de la secular exclusión social, económica y política de amplias capas de la población
