Cruz Villalón, Jesús

IUSLabor Revista d anàlisi de Dret del Treball

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IUSLabor 1/2017 
 
EL IMPACTO DE LA JURISPRUDENCIA EUROPEA SOBRE LA 
CONTRATACIÓN TEMPORAL 
 
Jesús Cruz Villalón 
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
Universidad de Sevilla 
 
Las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre 
contratación temporal han provocado un intenso debate acerca de su regulación en 
España. Estas resoluciones han condenado de manera reiterada al Gobierno español por 
la falta de adecuación de nuestra legislación a la Directiva sobre contratos de duración 
determinada. 
 
La más impactante de todas ellas ha sido la ya muy conocida sentencia De Diego Porras, 
que ha declarado que la extinción correcta de un contrato temporal de interinidad en el 
Ministerio de Defensa, celebrado con plena licitud, debe dar derecho a la misma 
indemnización que corresponde a un trabajador fijo comparable cuando se extingue su 
contrato. Así, a juicio de los Tribunales nacionales que han aplicado dicha doctrina del 
TJUE, una extinción, que hasta el presente no daba derecho a indemnización alguna (art. 
49.1.c ET), a partir de ahora da derecho al abono equivalente a un despido objetivo 
procedente, es decir, el equivalente a 20 días de salario por año de antigüedad (art. 53.1b 
ET). La trascendencia de la sentencia se encuentra en que por su argumentación algunos 
Tribunales con bastante fundamento están interpretando que ello afecta tanto al sector 
público como al sector privado, al mismo tiempo que se interpreta que afecta a la práctica 
totalidad de los contratos temporales, lo que resulta de gran importancia para los contratos 
para obra y eventuales, que constituyen el 90 por ciento de la contratación laboral en 
nuestro mercado de trabajo y que hasta el presente, aunque tenían una indemnización 
prevista legalmente (12 días), la misma era inferior a la del despido objetivo procedente. 
El coste en su conjunto no es muy significativo dada la corta duración media de los 
contratos temporales, pero introduce una evidente penalización de la contratación 
temporal justificada. 
 
Este asunto, está suscitando indiscutibles debates de interpretación jurídica de notable 
envergadura, entre los que destacan los siguientes: el alcance vinculante y aplicativo en 
esta materia de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE), el 
efecto tanto horizontal como directo de las Directivas de la UE en materia laboral respecto 
del empleador privado, la exigencia de responsabilidad a los poderes públicos por la falta 
de correcta adaptación de las Directivas al ordenamiento interno, el alcance de la 
prohibición de discriminación en esta materia identificando si la prohibición de 
diferencias entre temporales e indefinidos se encuentran incluida dentro de la tutela de la 
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CDFUE o sólo en la Directiva, la identidad o disparidad de naturaleza entre la extinción 
contractual vía la denuncia de un contrato temporal y la resolución contractual por vía del 
despido, la extensión al resto de la contratación temporal causal, las modalidades 
contractuales excluidas del mandato de igualdad de trato por razones de fomento de 
empleo o política social, la posible afectación a las empresas de trabajo temporal, la 
necesidad de que la igualación se produzca al alza o también podría verificarse a la baja, 
el plazo de prescripción hábil para interponer las demandas de reclamación de deudas 
indemnizatorias, la extensión de la igualdad de trato a los aspectos de procedimiento 
(puesta a disposición previa de la indemnización, obligación de respetar el preaviso en la 
denuncia, información previa a los representantes de los trabajadores), etc. 
 
Ello va a requerir una necesaria reforma legislativa, aunque sin acuerdo en estos 
momentos respecto de su alcance. Resulta elocuente al efecto el resultado de las 
conclusiones provisionales de la Comisión de Expertos designada de manera tripartita por 
Gobierno, sindicatos y patronales, que han preferido ser prudentes, quedando a la espera 
de pronunciamientos más afianzados e indiscutibles por parte del TJUE o del Tribunal 
Supremo. Nos encontramos ante una situación de enorme inseguridad jurídica, por cuanto 
que las resoluciones judiciales están siendo contradictorias respecto de la interpretación 
de la sentencia europea, incluso algún Tribunal Superior y Juzgado de lo Social han 
planteado una nueva cuestión prejudicial al TJUE, cuyo fallo puede dilatarse en el tiempo 
y mantener la incertidumbre sobre el acierto del Gobierno en la reforma que adopte. Al 
propio tiempo no se puede esperar a que se afiancen los criterios de interpretación judicial, 
pues empresas y trabajadores precisan de seguridad jurídica lo antes posible. 
 
En todo caso, el debate se ha centrado en la cuestión indemnizatoria que, sin desmerecer 
su trascendencia y lo que ello puede suponer en términos económicos para unos y para 
otros, ha desviado la atención de lo que a mi juicio constituye el problema principal en 
esta materia: la excesiva tasa de temporalidad de nuestro mercado de trabajo. No está de 
más recordar que se trata de la segunda tasa de temporalidad más elevada de todos los 
países de la Unión Europea, y que vuelve a incrementarse apenas se produce la 
recuperación del empleo en nuestro mercado de trabajo, superando ya el 26,5 %. Ello se 
ve acentuado por la tendencia a la reducción de la duración media de los contratos de 
trabajo, tanto de temporales como de indefinidos, así como de un incremento de los 
contratos de muy corta duración y, a la postre, la continuidad en el uso fraudulento de la 
contratación temporal legalmente permitida. Todo lo anterior desemboca en unas 
desproporcionadas tasas de rotación en el mercado de trabajo, acentuando al máximo la 
inestabilidad laboral y, con ella, tanto la seguridad de los trabajadores como la 
productividad empresarial. Todo ello, a mi juicio, no lo va a resolver el nuevo régimen 
indemnizatorio de los contratos temporales, si el mismo se limita a adaptarse para dar 
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cumplimiento a lo decidido por el TJUE, sino que probablemente funcione acentuando el 
problema aún más si cabe. 
 
La respuesta, vía el incremento de la indemnización por extinción de la contratación 
temporal, no es la más adecuada para dar respuesta a este problema, pues trata casi por 
igual a la contratación temporal justificada y a la abusiva, sin que ello constituya un 
auténtico desincentivo a esta última. Si a resultas de ello, se acorta mucho la diferencia 
de costes entre la contratación temporal justificada y la abusiva, al extremo que si 
añadimos a ello los costes judiciales para las empresas, se acaba acentuado - aunque sea 
involuntariamente - que las empresas estén dispuestas a asumir los riesgos de sufrir 
penalizaciones comparativamente irrelevantes por la contratación temporal fraudulenta.  
 
A ello se añaden dos elementos más, que en ningún caso se ven atajados por el incremento 
de la indemnización por extinción lícita de los contratos temporales. De un lado, que la 
alta estacionalidad de ciertos sectores productivos de la economía española es la que 
provoca tasas elevadas de temporalidad, que en ningún caso se van a reducir porque se 
eleve la indemnización de todos los contratos temporales. De otro lado, que no es casual 
que las sentencias del TJUE hayan resuelto concretas situaciones de excesos en la 
contratación temporal por parte de las Administraciones Públicas, que la experiencia nos 
demuestra que no se atajan por medio de la elevación de los costes indemnizatorios, ni 
siquiera por medio de condenas pecuniarias a la Administración por conductas poco 
correctas de sus gestores. 
 
A la vista de todo lo anterior, sería conveniente reconducir el debate a lo que continúa 
siendo la distorsión principal de nuestro mercado de trabajo: su elevada rotación a resultas 
de la excesiva tasa de temporalidad. La respuesta sólo puede ser, a nuestro juicio, sobre 
la premisa de establecer un régimen de intensa separación de tratamiento entre la 
contratación temporal justificada y la abusiva, con amplia permisión de la primera y 
contundente penalización de la segunda. En paralelo, la necesaria reorientación de nuestro 
modelo económico hacia un patrón de crecimiento basado en la innovación y la 
productividad, que fomente empleos más estables y desincentive la precariedad laboral. 
Y, todo ello, sin olvidar la necesaria reestructuración del empleo público, donde las 
Administraciones Públicas adopten criterios de gestión de su personal mucho más 
racionales y que rompan con las lógicas perversas que desembocan en un abuso en su 
seno también de la contratación temporal. 
 


El Impacto de la jurispruedencia europea sobre contratación temporal

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