Rodríguez Vázquez, María Ángeles

idUS. Depósito de Investigación Universidad de Sevilla

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 	 197 rían, a nuestro entender, que no pudieran reconocerse ni siquiera los efectos civiles de la sen-tencia, ya que el acusado demostró claramente su voluntad de intervenir en el proceso por me-dio de sus representantes, y dicha intervención no fue admitida por el tribunal de origen. 9. En conclusión, el asunto Krombach ha proporcionado al TJCE una ocasión inmejorable para demostrar su compromiso con los derechos fundamentales, y la existencia de decisiones anteriores del TEDH sin duda ha facilitado su labor. Reconoce que, aunque sean muy excep-cionales, habrá casos en que el sistema y las garantías del CB no serán suficientes para proteger adecuadamente al demandado contra una vulneración manifiesta de un derecho fundamental (párrafo 44). En tal caso, la excepción de orden público permitirá al juez del Estado requerido prescindir de los límites que, en sede de reconocimiento, el Convenio impone a sus facultades verificadoras y controladoras, precisamente para asegurar el respeto de tales derechos. Confir-maría esta posibilidad la nueva sentencia de 11 de mayo de 2000, dictada en el caso Renault (as. C-38/98), cuyos párrafos 29 y 30 excepcionarían de la prohibición de revisión en cuanto al fon-do (art. 29 CB) el caso en que se haya producido una vulneración grave de un principio fun-damental. El único límite que, en virtud de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 28, quedaría al abrigo de la excepción de orden público sería el de no fiscalización del respeto de las reglas de competencia por el juez de origen, salvo los casos expresamente previstos. 10. Por lo que se refiere en concreto a la vulneración de los derechos de defensa, el TJCE admite, y esta es quizá la aportación más importante de la sentencia, que no solamente las que aparecen en el artículo 27.2 CB pueden ser causas de denegación del reconocimiento. La cláusula general del artículo 27.1 CB contemplaría otras vulneraciones de tales derechos, aun-que no se hallen expresamente recogidas en el Convenio. Con ello aclara un interrogante que se planteaba desde hace tiempo, aunque también es cierto que algunas jurisdicciones nacionales ya se le habían adelantado (por ejemplo, la sentencia de la Corte di Cassazione n.° 1769, de 3.3.1999; Riv. dir. int. pr. proc., p. 122, y la de la Cour de Cassation de 16.3.1999, nota de A. Huet, Journ. dr. int., n.° 3, 1999, p. 773). Miguel GARDEÑES SANTIAGO 2000-27-Pr RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIA EXTRANJERA.—Derechos de propiedad intelectual sobre piezas de carrocería de vehículos automóviles.— Orden pú-blico. Partes: Régie nationale des usines Renault SA c. Maxicar SpA y Orazio Formento. Preceptos aplicados: artículos 27.1, 29 y 34 CB. Dado que un error eventual de Derecho como el controvertido en el procedimiento princi-pal no constituye una violación manifiesta de una norma jurídica esencial en el ordenamiento jurídico del Estado requerido, procede responder a la tercera cuestión que el artículo 27, n.° 1, del Convenio debe interpretarse en el sentido de que no puede considerarse contraria al orden público una resolución dictada por un juez de un Estado contratante que reconoce la existen-cia de un derecho de propiedad intelectual sobre piezas de carrocería de vehículos automóvi-les y que confiere al titular de este derecho una protección que le permite prohibir a terceros, concretamente a operadores económicos establecidos en otro Estado contratante, la fabrica-ción, la venta, el tránsito, la importación o la exportación en este Estado contratante de dichas piezas de carrocería. Sentencia TJCE (Sala Quinta) de 11 de mayo de 2000, Asunto C-38/98. Juez Ponente: P. Jann. F.: Nota de S. Alvarez González, La Ley: UE, n.° 5108, 31 de julio de 2000, pp. 1-4. R.E.D.I., vol. LII (2000), I 198 	 JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA Y COMUNITARIA Nota: 1. El 12 de enero de 1990, la Cour d'appel de Dijon (Francia) declaró al Sr. For-mento, domiciliado en Italia, culpable de un delito de falsificación por haber fabricado y co-mercializado piezas de carrocería destinadas a vehículos automóviles de la marca Renault. Ade-más condenó solidariamente al Sr. Formento y a Maxicar, sociedad de la que era director, al pago de 100.000 FRF en concepto de indemnización por daños y perjuicios a Renault, que se había constituido en parte civil. El recurso presentado ante la Cour de Cassation fue desesti-mado. En diciembre de 1996, Renault solicitó a la Corte d'apello di Torino, conforme a los ar-tículos 31 y 32 CB, el exequátur de dicha sentencia, solicitud que fue desestimada debido a que, por tratarse de una resolución penal, debía haberse presentado dentro de los plazos señalados en el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal italiana. El 28 de marzo de 1997, Renault interpuso, con arreglo al artículo 40 del Convenio, un recurso contra esta decisión desestima-toria ante la Corte d'apello di Torino en el que alegaba que el Convenio se aplica en materia ci-vil y mercantil, con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional que conozca del asunto. El Sr. Formento y Maxicar alegaron que la sentencia francesa no podía declararse ejecutoria en Italia porque contradecía una resolución entre las mismas partes en Italia y era contraria al orden público económico. En estas circunstancias, la Corte d'apello di Torino re-solvió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1. ¿Deben interpretarse los artículos 30 al 36 TCE en el sentido de que se oponen a que el titular de un derecho de propiedad intelectual o industrial en un Estado miem-bro pueda invocar el correspondiente derecho absoluto de prohibir a terceros la fabricación y la venta, así como la exportación a otro Estado miembro, de las piezas sueltas que conjuntamen-te integran la carrocería de un automóvil ya comercializado en el mercado, es decir, de piezas sueltas destinadas a la venta como piezas de recambio de ese mismo automóvil'?; 2. ¿Puede apli-carse el artículo 86 TCE para prohibir el abuso de la posición dominante que cada fabricante de automóviles ocupa en el mercado de recambios del automóvil que fabrica, consistente en per-seguir, mediante el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual e industrial y la corres-pondiente represión judicial, el objetivo de eliminar totalmente la competencia de los fabricantes independientes de piezas de recambio?; 3. En consecuencia, ¿debe considerarse contrario al or-den público a efectos del artículo 27 CB una sentencia dictada por el juez de un Estado miem-bro que reconozca un derecho de propiedad industrial e intelectual sobre las referidas piezas sueltas que conjuntamente integran la carrocería de un automóvil y que ampare al titular de di-cho supuesto derecho exclusivo prohibiendo a los terceros, agentes económicos de otro Estado miembro, la fabricación, la venta, el tránsito, la importación o la exportación en tal Estado miembro de las referidas piezas sueltas que conjuntamente integran la carrocería de un auto-móvil ya comercializado en el mercado y, en todo caso, imponiendo sanciones por tal com-portamiento?» 2. Realmente con la tercera cuestión prejudicial, que es la que el Tribunal analiza prime-ro, lo que se estaba preguntando al TJCE era si un error en la interpretación del Derecho co-munitario puede justificar que el juez requerido rechace la eficacia de una resolución invocan-do la contrariedad con el orden público (art. 27.1 CB). Hay que recordar, que esta materia fue objeto de cierta discusión doctrinal a raíz de la sentencia del Tribunal de Grande Instance de Troyes de 4 de octubre de 1978 (Journ. di-. int., 1979, pp. 623 ss, nota de A. Huet y R. Kovar), duramente criticada ya que si se permite que el juez requerido pueda controlar si el juez de ori-gen aplicó o no correctamente las disposiciones comunitarias se le está concediendo un poder de revisión de la resolución prohibido por el artículo 29 CB. En el caso que nos ocupa, el juez italiano tenía dudas acerca de la compatibilidad de la legislación francesa (en la que se reconoce un derecho de propiedad industrial e intelectual sobre piezas de carrocería destinadas a vehí-culos automóviles que permite a su titular prohibir a los terceros operadores económicos esta-blecidos en otro Estado contratante la fabricación, la venta, el tránsito, la importación o la ex-portación en este Estado contratante de dichas piezas), con los principios de libre circulación de mercancías y prohibición de prácticas de abuso de posición dominante (arts. 30 y 36 TCE y 86 TCE, actualmente tras su modificación, artículos 28 y 30 y 82, respectivamente). 3. Para responder a la pregunta planteada el Tribunal (que tuvo que dilucidar previamen-te si la Corte d'apello di Torino era competente para plantearle cuestiones prejudiciales, aspecto en el que, por razones de espacio, no vamos a entrar), comienza analizando su competencia para R.E.D.1., vol. LII (2000), 1 DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 	199 interpretar el concepto «orden público del Estado requerido» considerando que «si bien no co-rresponde al Tribunal de Justicia definir el contenido del concepto de orden público de un Es-tado contratante, sí le corresponde controlar los límites dentro de los cuales los tribunales de un Estado contratante pueden recurrir a este concepto para no reconocer una resolución dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado contratante». Básicamente lo que el Tribunal realiza es recoger las afirmaciones y conclusiones a las que había llegado meses antes en la Sentencia 28 de marzo de 2000, Dieter Krombach/André Bamberski, asunto C-7/98 (vid., nota de M." A. Ro-dríguez Vázquez, «Los derechos de la defensa y el orden público en el Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968», La Ley/UE, n.° 5043, de 28 de abril de 2000, pp. 1-4; L. Carballo Piñeiro, «Orden jurídico comunitario, derechos fundamentales e interpretación del artículo 27.1 CB», MI.). Sentada la premisa de que son los Estados contratantes los competentes para definir el contenido de la cláusula de orden público, correspondiendo al Tribunal fijar los límites dentro de los cuales pueden hacer uso de dicha cláusula, el Tribunal considera que para respe-tar el principio de prohibición de revisión de fondo consagrado en el artículo 29, el orden pú-blico sólo debe intervenir «en el caso de que el reconocimiento o la ejecución de la resolución dictada en otro Estado contratante choque de manera inaceptable con el ordenamiento jurídico del Estado requerido, por menoscabar un principio fundamental» (motivo 30). La prohibición de revisión de fondo impide al juez requerido rechazar el reconocimiento de una resolución por el hecho de que exista una divergencia entre la norma jurídica aplicada por el tribunal de origen y la que él habría aplicado si se le hubiera sometido el litigio y este prin-cipio es igualmente aplicable cuando el supuesto error se refiera a una norma de Derecho co-munitario va que «corresponde al órgano jurisdiccional nacional garantizar con la misma efi-cacia la protección de los derechos establecidos por el ordenamiento jurídico nacional y los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario». Además, señala el Tribunal que «el juez del Estado requerido no puede, sin poner en peligro la finalidad del Convenio, denegar el reconocimiento de una decisión que emana de otro Estado contratante por el mero hecho de que considere que, en esta resolución, se ha aplicado mal el Derecho nacional o el Derecho co-munitario. Por el contrario, en tales casos hay que pensar que el sistema de recursos estableci-do en cada Estado contratante, completado por el mecanismo de remisión prejudicial previsto en el artículo 177 del Tratado, proporciona a los justiciables una garantía suficiente». En base a estas consideraciones concluye el Tribunal afirmando que «dado que un error eventual de Derecho como el controvertido en el procedimiento principal no constituye una vio-lación manifiesta de una norma jurídica esencial en el ordenamiento jurídico del Estado re-querido, procede responder a la tercera cuestión que el artículo 27.1 CB debe interpretarse en el sentido de que no puede considerarse contraria al orden público una resolución dictada por un juez de un Estado contratante que reconoce la existencia de un derecho de propiedad intelectual sobre piezas de carrocería de vehículos automóviles y que confiere al titular de este derecho una protección que le permite prohibir a terceros, concretamente a operadores económicos esta-blecidos en otro Estado contratante, la fabricación, la venta, el tránsito, la importación o la ex-portación en este Estado contratante de dichas piezas de carrocería». Como consecuencia de la respuesta dada a esta cuestión, el Tribunal consideró que no procedía responder las cuestiones primera y segunda. 4. La respuesta del Tribunal no deja lugar a dudas, un simple error en la aplicación o in-terpretación de una norma comunitaria no justifica por sí sólo invocar la cláusula de orden pú-blico (en sentido análogo se pronunciaron el Abogado General, la Comisión y los Gobiernos francés y neerlandés), lo cual no significa, a nuestro juicio, que el orden público no pueda in-tervenir en ningún supuesto (vid., S. Alvarez Rodríguez, «Orden público y reconocimiento de resoluciones extranjeras: límites a la valoración del juez nacional y orden público comunita-rio», La LeyIU.E., n.° 5108, 31 de julio de 2000, p. 2). La operatividad del orden público estará justificada cuando el error en la aplicación o interpretación de la norma (nacional o comuni-taria) se traduzca en una violación manifiesta de una norma esencial del Estado requerido o de un derecho reconocido como fundamental. El orden público protege los principios esenciales e irrenunciables de un ordenamiento jurídico, entre los cuales se encuentran principios de De-recho comunitario, por lo que si son infringidos debe intervenir. Cuando conceder eficacia a una resolución extranjera suponga un atentado flagrante a un principio fundamental del Esta- R.E.D.1., vol. LII (2000), 1 200 	 JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA Y COMUNITARIA do requerido, la operatividad del orden público queda justificada. Hay que señalar que en el presente caso parece que no existía dicho atentado máxime si tenemos en cuenta que el propio TJCE años antes en la Sentencia de 5 de octubre de 1988, CICRA et Maxicar/Renault (Rec. 1988, pp. 6039 ss) había afirmado la compatibilidad de la legislación francesa con los artícu-los 30 y 36 TCE y 86 TCE y que el propio Abogado General, que analizó las dos primeras cuestiones a título subsidiario, consideró que no existía incompatibilidad con el Derecho co-munitario. M.a Ángeles RODRÍGUEZ VÁZQUEZ. 2000-28-Pr RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIA EXTRANJERA.—Sentencia de divorcio dictada por Tribunal de la Federación de Bosnia-Herzegovina.—Régimen de con-diciones.—Exequátur: sí. Preceptos aplicados: artículos 953 y 954 LEC; artículo 6.4 Cc y artículos 11.2 y 22 LOPJ No habiendo Tratado entre España y la Federación de Bosnia y Herzegovina en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias, v no siendo parte dicha Federación ni en el Conve-nio de La Haya n." IX, referente reconocimiento V ejecución de las resoluciones relativas a obli-gaciones alimenticias con respecto a menores, de 15 de abril de 19581 ni el posterior Conve-nio de La Haya n." XXIII, sobre reconocimiento y ejecución de decisiones en materia de obligaciones alimenticias, hecho el 2 de octubre de 1973,   debe aplicarse el régimen general del artículo 954 LEC ya que no está acreditada la reciprocidad negativa (art. 953 LEC). Por lo que respecta a la causa de oposición esgrimida por el demandado relativa a la fal-ta de competencia de los Tribunales bosnios habida cuenta del domicilio y residencia de la de-mandante en España al tiempo de promoverse el juicio de divorcio, ha de significarse la ine-xistencia de razón alguna para considerar que la competencia judicial internacional de los Tribunales de la Federación de Bosnia y Herzegovina haya nacido de las partes en busca frau-dulenta de un foro de conveniencia (arts. 6.4 Cc y 11.2 LOPJ); los aps. 2." y especialmente 3.° —citado por el demandado— del artículo 22 LOPJ no establece foros de competencia exclusiva, lo que sí hace el artículo 22.1 de la misma Ley Orgánica, pero sin que en el presente caso con-curran ninguno de los foros determinantes de ella en favor de los tribunales españoles; por el contrarío, hay conexiones que no pueden desconocerse, como es la nacionalidad bosnia de los esposos y el lugar de celebración del matrimonio, razones éstas que determinan la desestima-ción de la causa de oposición formulada al respecto y permiten considerar fundada la com-petencia de los Tribunales de origen, y, por ende, excluir el fraude en cuanto a la ley aplicada al fondo del asunto, cuestión vinculada a la anterior. Queda por examinar la alegación realizada por el demandado y relativa a la modificación de las circunstancias establecidas en la sentencia por reconoce); afirmando, de un lado, que desde el 1 de noviembre de 1999 el menor K.B. vive con él; y de otro, que desde octubre de 1997 se han producido ingresos por un total de 2.552.553 ptas., que deberán ser deducidos del principal reclamado en concepto de atrasos en el que caso de que la sentencia extranjería fue-ra reconocida. Conviene precisar ante todo, y para salir al paso de cuanto afirma la parte opo-nente en dicha alegación, que este procedimiento presenta una naturaleza y una sustantividad que lo diferencian del de ejecución de la sentencia propiamente dicho, respecto del cual el trá-mite del «exequátur» se erige en un presupuesto previo que se circunscribe a la verificación del cumplimiento de los requisitos impuestos por la norma rectora del reconocimiento, principal-mente de carácter formal o procesal, y sin alcanzar al examen del fondo del asunto, que queda al margen de la comprobación, sin más excepciones que las impuestas por el necesario control del orden público. Esta naturaleza meramente homologadora y esta autonomía, que han sido puestas de relieve tanto por el TC como por esta Sala se manifiestan también en la finalidad que persigue el procedimiento de «exequátur», que no es otra que posibilitar la actuación de R.E.D.I., vol. LII (2000), 1 

Nota a la Sentencia del TJCE de 11 de mayo de 2000

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