This state of independence shall be: Africa, the West, and the responsibility to protect

Abstract

Este texto corresponde a la conferencia de clausura del Octavo Congreso Ibérico de Estudios Africanos (CIEA8), organizado por el Grupo de Estudios Africanos y celebrado en la Universidad Autónoma de Madrid del 14 al 16 de junio de 2012; traducida y publicada con la autorización del autorHoy en día se dice que los estados africanos respaldaron el principio de la responsabilidad de proteger y la creación de la Corte Penal Internacional (CPI) solo para invertir la tendencia y conseguir mayorías igualmente grandes en el momento de su implementación. Este supuesto giro, especialmente en torno al procesamiento de Omar al Bashir en Sudán y la intervención de Libia, ha sido una sorpresa para los grupos de derechos humanos y aquellos que supuestamente se implican en la acción humanitaria. Estos últimos esperaban que las poblaciones y las élites africanas abrazaran de manera uniforme la Corte Penal Internacional y la responsabilidad de proteger como desarrollos normativos saludables para un continente acosado por guerras civiles y violaciones de derechos humanos. Las reacciones al supuesto giro africano son, en el mejor de los casos, erróneas. La mayoría de los africanos no se opone a la normativa que sustenta los nuevos regímenes humanitarios. Lo que vengo a sostener es que, generalmente, los africanos se oponen a las lagunas que se desarrollan entre, por un lado, los discursos y las doctrinas de seguridad humana, intervención humanitaria y responsabilidad de proteger y, por el otro, las prácticas de intervención bajo el humanitarismo. Estas lagunas no son mera casualidad. Para las sensibilidades poscoloniales, son el resultado de tradiciones occidentales de larga duración en las que el derecho imperial de intervención se ha mezclado perfectamente con predicados morales de intervención humanitaria, y ahora con la responsabilidad de proteger. En mi opinión, las posiciones africanas a este respecto ilustran una lucha continua por la descolonización del derecho y de la moralidad internacional en la medida en que estén relacionados con la subjetividad política, democracia global, justicia y existencia o vida internacional. Como advertencia, me gustaría indicar que no pretendo hablar de un África y/o de todas las entidades africanas como algo definido de manera uniforme. Así como tampoco quiero mezclar el Occidente oficial y las decisiones autoritarias tomadas por líderes occidentales, con los sentimientos y las tradiciones de todos los electores de lo que podría llamarse OccidenteIt is argued today that African states largely endorsed the principle of the responsibility to protect and the establishment of the international criminal court (ICC) only to reverse course in equally great majorities at the moment of implementation. This supposed reversal —particularly around the indictment of Sudan’s Omar al Bashir and the intervention in Libya, has surprised human rights groups and wouldbe humanitarians. The latter entities had expected African populations and elites to uniformly embrace the ICC and the responsibility to protect as salutary normative developments for a continent beset by civil wars and human rights violations. The reactions to the supposed African “reversal” are misguided at best. The majority of Africans do not object to the normative underpinning of the new humanitarian regimes. It is my contention that Africans generally object to evolving gaps between, on the one hand, the discourses and doctrines of human security, humanitarian intervention, and the responsibility to protect and, on the other, the practices of intervention under humanitarianism. These gaps are not merely happenstance. To postcolonial sensibilities, they are the result of long Western traditions in which the imperial right of intervention has blended seamlessly with moral predicates of humanitarian intervention —and now the responsibility to protect. To me, the African positions in these regards illustrate a continuing struggle for decolonization of international law and morality as they pertain to political subjectivity, global democracy, justice, and international existence or life. As a note of caution, I wish to indicate that I do not intend to speak for a uniformly-defined Africa and/or for all African entities. Nor do I wish to conflate the official West and authoritative decisions made by Western leaders with the sentiments and traditions of all constituencies of what might be called The Wes