Al ser América latina una región rica en recursos, la relación que se genera entre la sociedad y la naturaleza representa desafíos relacionados con la búsqueda de un desarrollo sostenible, justo y equitativo (Castro es al. 2015, p.13). Lo anterior se ve evidenciado en los recursos (hídricos, forestales, minerales, etc.) que aún se encuentran disponibles pese a las actividades de extracción que desempeñan los países desde siglos atrás, siendo estos en su mayoría dependientes de la comercialización de materias primas con economías industrializadas.
El extractivismo a su vez ha dado como resultado nuevas tensiones derivadas de problemáticas sociales, políticas, económicas y ambientales de cada país. Surge así la necesidad de crear un marco regulatorio en el que no solo sean tenidos en cuenta los beneficios económicos de una transacción sino que además analice los impactos ambientales y sociales de estos sobre determinado territorio y comunidad. Esta nueva preocupación permitió que actores de distintas esferas comenzaran a interesarse por la gobernanza ambiental a partir del siglo XXI, participando desde individuos hasta gobiernos de tendencias izquierdistas en proyectos locales en pro del bienestar.
En el caso Colombiano, “el país ha reestructurado su marco legal y normativo, asumido iniciativas de políticas, fortalecido su capacidad para proteger y manejar tanto sus recursos naturales como su calidad ambiental, y ha creado un sistema de parques nacionales y reservas forestales que abarca más de una cuarta parte del país” (Sánchez-Triana et al. 2007, p.1). Sin embargo también ha tenido retrocesos en esta materia debido al prevalente interés del gobierno nacional por atraer inversión extranjera sin importar las consecuencias para que el país se inserte en el mercado global, sumado por el escaso estudio de la gobernabilidad en la comunidad académica (término mayormente utilizado para hacer referencia a la gobernanza) y la escasa preocupación para desarrollar tecnologías alternativas amigables con el medio ambiente.
El conflicto interno armado es otro de los factores que ha contribuido con la degradación ambiental a nivel nacional, en donde problemáticas como la contaminación por carbón y mercurio, la disminución notable de reservas de minerales, la siembra de coca, la fumigación de estos cultivos, la instalación de minas antipersona en el territorio, entre otras, se encuentran estrechamente relacionadas con los intereses de grupos al margen de la ley que buscan sostenerse económica, militar y políticamente durante el conflicto.
Es en esta situación en la que diversos actores sociales participan actualmente en proyectos medioambientales al interior del territorio, en que el tema ambiental se ha convertido en un eje fundamental de las actuales negociaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia (FARC) en la Habana, ya que para nadie es un secreto que el medio ambiente también debe ser considerado como una víctima del conflicto armado en Colombia (Ibarra;2015) Sin embargo, entre los puntos acordados por ambos actores en la Habana se tratan temáticas referentes a víctimas, restitución de tierras, reconciliación, narcotráfico, entre otros, y parecen ignorar casi deliberadamente las consecuencias de corte ambiental que dejan estas problemáticas para el territorio del país. Es allí donde la gobernanza ambiental comienza a ganar importancia, ya que puede consolidarse en una herramienta primordial para la solución de las problemáticas anteriormente mencionadas.
Por consiguiente, el siguiente artículo busca analizar las principales problemáticas ambientales que se relacionan con las dinámicas internas de conflicto en el territorio, para posteriormente definir y proponer la gobernanza ambiental como modelo alternativo frente a las mismas en el posconflicto y analizar tanto los avances como los retos que se tienen en el país en cuanto al manejo, uso y distribución de recursos.Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociale
