Quilez Moreno, José María

Repositorio da Universidade da Coruña

NUEVOS ASPECTOS DE LA COMPETENCIA TERRITORIAL EN EL PROCESO MONITORIO  DR. JOSÉ MARÍA QUÍLEZ MORENO Abogado del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Cádiz   Sabido es que la competencia territorial en el proceso monitorio ha adolecido de un gran problema desde la primera redacción del art. 813 de nuestra actual LEC, cual era la eventual falta de localización del deudor en el domicilio, residencia o lugar designado por el acreedor, o la localización de aquél en una localidad distinta, lo que ha motivado numerosa doctrina inter-pretativa y varias resoluciones de Tribunales Superiores y del propio Tribunal Supremo para tratar de clarificar qué Juzgado debe ser considerado competente, y si era posible, o no, declarar una incompetencia territorial sobrevenida o lo si lo correcto sería una aplicación del art. 411 LEC perpetuando la jurisdicción en estos supuestos. Vayamos por partes. Se encuentra bastante consolidada la interpretación doctrinal y juris-prudencial que estima que este artículo 813 señala: a) En primer lugar, y con carácter principal y preferente, dos fueros alternativos, como son el domicilio o la residencia del deudor;  b) en segundo lugar, un fuero subsidiario como es el del lugar en que el deudor pudiese ser hallado a los efectos del requerimiento de pago; y c) en tercer lugar, amplía los fueros alternativos de domicilio o residencia del deudor al lugar donde se halle la finca, en los supuestos de reclamaciones de Juntas de Propietarios derivadas de gastos comunes de comunidades, amparadas en el documento del art. 812.2.2º LEC. En mi opinión, debe estimarse que domicilio y residencia, tal como figuran en el artículo 813 LEC, no son conceptos que se complementen para favorecer la mejor interpretación de un significado unitario y coincidente, sino que son nociones distintas. El domicilio iría referido o conectado con la idea de “residen-cia habitual” (domicilio real), y la residencia estaría enlazada con aquélla que no adquiera ese carácter de habitualidad, (domicilio electivo, por designación o afectivo). Y esta distinción, ¿por qué? Pues precisamente para permitir la alternati-vidad, de forma que el acreedor, con el objetivo final de intentar conseguir el cobro de la deuda de la manera más eficaz, pueda seleccionar domicilio, resi-dencia, e incluso lugar donde se halle la finca. Esta designación del acreedor sobre el lugar donde debe ser practicado el requerimiento de pago, puede o no coincidir con el reflejado en los documentos acreditativos de la deuda. Será así JOSÉ MARÍA QUILEZ MORENO 642 en muchas ocasiones, pero no debe coartársele al acreedor la posibilidad de plantear su petición, v.gr., en el domicilio del deudor, cuando realmente el documento justificativo de la deuda está designando otro, como pudiera ser el de una segunda residencia. La casuística puede ser extensa. Lo cierto es que, cuando se ha efectuado la designación por el acreedor y el Secretario judicial ha procedido a admitir la petición, en mi opinión está asu-miendo que la competencia territorial del Juzgado es correcta, pues el examen previo de los documentos aportados y de lo expuesto por el acreedor en su petición, le ha permitido extraer dicha conclusión y, en consecuencia, procederá a requerir de pago al deudor en el lugar indicado. Ahora bien, ¿qué hacemos cuando intentado el requerimiento de pago el deudor no es hallado o es localizado en otro partido judicial? ¿Qué sucede si las razones expuestas por el acreedor en su petición justificaban la designación de un sitio determinado y el deudor no es hallado, reflejando el documento acredi-tativo de la deuda un lugar diferente? Anticipaba al inicio que en estos supues-tos, y otros similares, los juzgados optaban por declararse incompetentes territorialmente, remitiendo los autos al Juzgado supuestamente competente, porque allí se había localizado al deudor. Mas esta solución estaba plagada de problemas, pues el Juzgado receptor de autos negaba a su vez la competencia en virtud del art. 60.2 LEC, lo que provocaba un indeseado viaje hasta el tribunal inmediato superior común, quien finalmente decidía. Algunos autores1 rechazaban la existencia de una posible incompetencia territorial “sobrevenida”, alegándose, v.gr., que el hecho de que no se haya apreciado de oficio la falta de competencia no convierte sin más al Juzgado en territorialmente competente, sin embargo, en virtud del principio preclusivo, que rige tanto para las partes como para el órgano jurisdiccional, el Juzgado no podrá declararse incompetente para conocer en momento procesal ulterior, de tal forma que sólo quien pueda ser parte legítima en el juicio podrá impugnar la competencia proponiendo en forma la correspondiente declinatoria. Sin embargo, desestimar la posibilidad de apreciar una “incompetencia territorial sobrevenida” podía desvirtuar la aplicación del artículo 813 LEC, ya que en ocasiones la reclamación monitoria se admitirá a trámite en consi-deración a que el domicilio facilitado por el acreedor se hallaba en el partido judicial, y el rechazo al pronunciamiento de una incompetencia territorial sobrevenida podría propiciar que un demandante de mala fe pudiera elegir libremente el órgano judicial competente, bastándole para ello con designar en su demanda un domicilio ficticio del deudor, frustrando así la finalidad del artículo 813 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que no es otra sino la de facilitar su derecho de defensa sin obligarle a litigar ante un Juzgado lejano al lugar de su residencia, propiciando con ello el fraude de ley.                                                  1 Entre otros: DE LA LLANA VICENTE; TÉLLEZ LAPEIRA; OLIVER LÓPEZ; u OTEROS FERNÁNDEZ. LA COMPETENCIA TERRITORIAL EN EL PROCESO MONITORIO 643En consecuencia, podemos decir resumidamente que: 1) si intentado el requerimiento el mismo resultara fallido, no conociéndose ni habiendo locali-zado otro domicilio del deudor, el asunto se archivará; 2) pero si se conoce o llega a conocerse otro domicilio, las posturas derivaban hacia una posible admi-sión de la incompetencia territorial sobrevenida, o el mantenimiento de la com-petencia asumida inicialmente por el juzgado, que debería recabar el auxilio judicial a efectos de notificación del requerimiento. Las soluciones que se proponían se centraban en la idea básica del “momento-acto”, y resumidamente señalaban: a) Prevalencia de la competencia inicialmente asumida si se desconoce el momento del cambio del domicilio del deudor; b) El momento para fijar la determinación de la competencia es el de admisión de la demanda, por el cual habrá que estar a la competencia del Juzgado de ese posible segundo domicilio cuando el cambio se produjo antes de la demanda, pero no así si dicho cambio se ha producido después de la presentación de la petición; y c) El momento para que quede determinada la competencia es una vez se haya producido efectivamente el requerimiento de pago. En mi opinión, la solución más práctica y ajustada al dictado del artículo 813 de la LEC, si nos atenemos en exclusiva a su primer párrafo, se encuentra no tanto en cuándo se ha podido producir un cambio en el domicilio del deudor, sino en cómo se ha seleccionado el mismo en la petición atendiendo a la posibilidad de elección que tiene el acreedor en virtud de los diversos fueros (alternativos o subsidiario), y en el reflejo del mismo en los diferentes docu-mentos acreditativos de la deuda que acompañan a la petición monitoria. De lo contrario, ¿qué ocurre si el acreedor elige entre los fueros alternativos (domi-cilio o residencia), y el deudor no es hallado? ¿Supone esta circunstancia que deba declararse una situación de incompetencia? Ello implicaría que esta posible alternatividad quedaría vacía de contenido y supeditada a que efectiva-mente el deudor fuese localizado. La solución que arbitro, quizá más extensa, pero también quizá más justa, se centra en lo siguiente:  a) Debe admitirse la regla del artículo 411 LEC y perpetuar la jurisdicción del órgano que inició el proceso monitorio siempre que efectivamente se haya producido válidamente el requerimiento de pago. Cualquier alteración del domicilio del deudor con posterioridad a la comunicación de dicho requeri-miento, no debe afectar a la competencia asumida. b) En caso de que haya sido imposible efectuar el requerimiento oportuno en el “domicilio, residencia o lugar” que se hace constar en la petición, y habiendo quedado acreditado por actos posteriores que al deudor se le puede localizar en circunscripción ajena a la competencia del juzgado, deben analizarse los motivos que han impulsado al acreedor a seleccionar el fuero elegido y no otro, verificando si la elección alternativa o subsidiaria de fueros ha sido JOSÉ MARÍA QUILEZ MORENO 644 correcta y la competencia del órgano debe mantenerse o, por el contrario, decaer. Las opciones serían las siguientes: b.1) Ante las reclamaciones de deudas derivadas de certificaciones de impago por gastos comunes de comunidades de propietarios del art. 812.2.2º LEC, el propio artículo 813 LEC permite la alternatividad de fueros entre el domicilio del deudor, su residencia, o el lugar donde se halla la finca. En muchos casos coincidirá domicilio y lugar donde se halla la finca, y el requerimiento de pago podrá efectuarse sin excesivos problemas; pero si no fuese así, verificándose que la elección del fuero alternativo ha sido correcta, la competencia del órgano judicial debería mantenerse y, en su caso, solicitarse el auxilio judicial, teniendo en cuenta, además, la previsión contenida en el apartado 2 del art. 815 LEC sobre la posibilidad de notificación edictal en este caso.  b.2) Cuando nos encontremos ante deudas que se acreditan mediante documentos del art. 812.1 y 812.2.1º LEC, habiendo sido imposible efectuar el requerimiento de pago, habría que analizar si está justificada la posible elección del fuero alternativo (domicilio o residencia), y si tal elección es correcta a la vista de los documentos y lo expuesto en la petición, debe primar la competencia inicialmente asumida, acudiendo en su caso al auxilio judicial, pues de otro modo quizá estemos perjudicando precisamente la protección del crédito de aquel acreedor que, ante un escaso (o mayor) importe reclamado, se ve someti-do a una circunscripción que le suponga soportar mayores gastos, sin perjuicio de arbitrar también la posibilidad dar por terminado el procedimiento, reservando al acreedor el derecho a instar de nuevo el proceso ante el Juzgado competente.  b.3) Por el contrario, cuando la elección del fuero haya sido la del fuero subsidiario (lugar en el que el deudor pudiera ser hallado a efectos del requeri-miento), si dicho requerimiento resulta imposible de practicar, debe decretarse el archivo de la petición, además de por la previsión legal del actual artículo 813 in fine, por dos motivos fundamentales: a) El fuero es admitido de forma subsidiaria previa constatación de que al acreedor le resultó imposible concretar de algún modo el domicilio o la residencia del deudor, y en virtud de que en el lugar señalado el deudor pudiera ser hallado, por lo que si éste no es localizado, la competencia decae al incumplirse el requisito por el que fue inicialmente asumida, y no existiendo posibilidad de requerir al deudor, el asunto debe archivarse; y b) si, además de no ser hallado el deudor, se verifica que el mismo tiene un domicilio o residencia en algún otro lugar, deben ser primados estos fueros, que si antes eran desconocidos ahora están perfectamente identificados y no pueden ser ignorados. El legislador, sin embargo, a través del nuevo párrafo del artículo 813, introducido por la reciente Ley 4/2011, de 24 de marzo, ha seguido la estela marcada por el Auto del Tribunal Supremo de 5 de enero 2010 (Auto de la Sala Primera, recurso 178/2009; ponente: Antonio Salas Carceller) y, así, se ha LA COMPETENCIA TERRITORIAL EN EL PROCESO MONITORIO 645decantado por estimar que la competencia viene determinada una vez se haya producido efectivamente el requerimiento de pago.  El Auto señalado matiza que: “cuando el Juzgado ante el que se presenta la solicitud admite la pretensión y se declara competente territorialmente [...] no está fijando indebidamente su competencia, aun cuando se haya determinado erróneamente el lugar donde se encuentra el deudor, sino que tal declaración de competencia territorial es correcta en atención a los datos contenidos en la peti-ción”. Y continúa indicando que, si el requerimiento no resulta efectivo o “el domicilio averiguado pertenece a distinto partido judicial”, no debe ponerse en marcha el mecanismo del art. 58 LEC, es decir, la declaración de incompetencia territorial con remisión de actuaciones a un nuevo Tribunal, sino que lo procedente será el archivo de las actuaciones con devolución al acreedor de la documentación aportada para que, si ello interesa a su derecho, pueda iniciar de nuevo el monitorio en el lugar que considere oportuno o acudir directamente al proceso declarativo, con la excepción del régimen de localización especial del deudor que prevé el art. 815.2 LEC en caso de deudas acreditadas conforme el art. 812.2.2º. Si leemos el nuevo párrafo del artículo 813 LEC, nos dice: “Si, tras la realización de las correspondientes averiguaciones por el secretario Judicial sobre el domicilio o residencia, éstas son infructuosas o el deudor es localizado en otro partido judicial, el juez dictará auto dando por terminado el proceso, haciendo constar tal circunstancia y reservando al acreedor el derecho a instar de nuevo el proceso ante el Juzgado competente.” No se entiende por qué, si la petición es admitida con carácter previo por el Secretario judicial, quien habrá determinado la competencia territorial del Tribunal a la vista de los documentos aportados y lo expuesto en la propia petición y, en consecuencia, ha procedido a requerir al deudor, tenga ahora que “dar cuenta al Juez” para que sea él quien dé por terminado el proceso, estimándose, como señalaba el Auto del TS de 5 de enero de 2010, que la peti-ción se encontraba en una fase de “pre-admisión”. En realidad, sólo cuando el Secretario judicial estime que la petición no debe ser admitida (en caso contrario, según art. 815.1 LEC), dará cuenta al Juez para que resuelva lo que corresponda sobre la admisión a trámite de la petición inicial. Pero si se ha procedido ya al requerimiento de pago y éste ha resultado infructuoso, no cabe, en puridad, estimar que la petición se encuentra todavía en una fase previa a su admisión definitiva y delegar en el Juez la decisión negativa de una admisión que previamente había sido adoptada. Lo más lógico sería el dictado de una resolución en forma de decreto del propio Secretario judicial (vid. art. 206.2.2º LEC), poniendo término al procedimiento. Desgraciadamente, vuelvo a insistir en ello, una aplicación estricta de este último párrafo del artículo 813, vaciaría de contenido lo previsto previamente en el párrafo 1º del dicho artículo, que es el que realmente se dedica a expresar JOSÉ MARÍA QUILEZ MORENO 646 la competencia territorial: “[...] el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o residencia del deudor o, si no fueren conocidos, el del lugar en que el deudor pudiera ser hallado a efectos del requerimiento de pago […], salvo que se trate de la reclamación de deuda a que se refiere el número 2 del apartado 2 del artículo 812, en cuyo caso será también competente el Juzgado del lugar en donde se halle la finca, a elección del solicitante”.  Lo que, en mi opinión, recoge este último nuevo apartado del artículo 813, es una consecuencia de la falta de localización del deudor y de la entrega del oportuno requerimiento de pago, especialmente en caso de reflejar en la petición como “domicilio” el lugar donde el deudor puede ser hallado (fuero subsidiario), pero no puede determinar la fijación de la competencia territorial, pues de otro modo, ¿qué sentido tiene establecer previamente una alternancia de fueros entre el domicilio o la residencia, e incluso arbitrar la posibilidad del lugar donde se halle la finca, a elección del solicitante?. No dejo de reconocer que tiene un sentido práctico esta solución, pero hubiese sido deseable que la reforma legislativa estableciese también la posibilidad de que, fijado correcta-mente el domicilio en virtud de la alternatividad de fueros (domicilio, residen-cia, finca) con base en la documentación aportada, y hallándose al deudor en otro partido judicial, el acreedor que lo estimase oportuno pudiese solicitar el oportuno auxilio judicial, manteniéndose la competencia inicialmente asumida. Así, vistas las intenciones del legislador, una redacción más adecuada (también más extensa) del artículo 813 LEC, podría ser la siguiente, al menos para conjugar dicha intención legislativa y lo expuesto previamente:  “1. Se atribuye la competencia objetiva para conocer del proceso moni-torio a los Juzgados de Primera Instancia. Tendrán también competencia objeti-va para conocer del proceso monitorio los Juzgados de lo Mercantil, pero sólo cuando la petición del acreedor esté relacionada con las materias que le son específicas a éstos últimos conforme el artículo 86 ter 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 2. En todo caso, no serán de aplicación las normas sobre sumisión expresa o tácita contenidas en la sección II del capítulo II del Título II del Libro 1. 3. La competencia territorial para conocer del proceso monitorio corresponderá al Juzgado del lugar en donde se haya efectuado el oportuno requerimiento de pago al deudor, determinándose efectivamente en ese momento. El requerimiento se practicará en el domicilio, residencia o lugar donde pudiera ser hallado el deudor, consignado por el acreedor en su petición monitoria. Si, tras la realización de las correspondientes averiguaciones por el secretario Judicial sobre el domicilio o residencia éstas son infructuosas, el Secretario Judicial dictará el oportuno decreto dando por terminado el proceso, reservando al acreedor el derecho a instar de nuevo el proceso ante el Juzgado competente. LA COMPETENCIA TERRITORIAL EN EL PROCESO MONITORIO 647Si el deudor es localizado en otro partido judicial y el Secretario judicial, tras analizar la correspondencia existente entre el domicilio expresado en los documentos que acompañan a la petición y el designado en la misma por el acreedor, no apreciara la coincidencia de lugar, dictará el oportuno decreto dando por terminado el proceso, reservando al acreedor el derecho a instar de nuevo el proceso ante el Juzgado competente 4.- No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, si el deudor es locali-zado en otro partido judicial, y el Secretario judicial, tras analizar la correspon-dencia existente entre el domicilio expresado en los documentos que acompa-ñan a la petición y el designado en la misma por el acreedor, apreciara la coinci-dencia de lugar, ofrecerá al acreedor la posibilidad para que se pronuncie, en un plazo máximo de 5 días, sobre si desea seguir adelante con el procedimiento recurriendo en su caso al auxilio judicial, o en su defecto se dé por terminado el proceso, reservando al acreedor el derecho a instar de nuevo el proceso ante el Juzgado competente.  De no efectuar alegaciones en el plazo conferido, se dará por terminado el proceso con la reserva señalada. En caso de que el acreedor manifestase en plazo su opción por continuar con el procedimiento recurriendo al auxilio judi-cial, el juzgado que trasladó dicha opción al acreedor asumirá para sí la compe-tencia territorial y no podrá declararse posteriormente incompetente”. 

Nuevos aspectos de la competencia territorial en el proceso monitorio

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Nuevos aspectos de la competencia territorial en el proceso monitorio

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