Rivero Ysera, Enrique

Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña

Repositorio da Universidade da Coruña

LA EJECUCION DE LAS SENTENCIAS FAVORABLES A LAADMINISTRACIONEnrique Rivero YsernCatedrático de Derecho Administrativo. Universidad de Salamanca.Constituyen estas líneas el contenido básico de la conferencia pronunciada en laFacultad de Derecho de La Coruña el 28 de Enero de 2008, aceptando la amable invi-tación que me hizo mi querido amigo y compañero Jaime Rodríguez Arana.I.- INTRODUCCIONEn mi opinión, el talón de Aquiles de la Jurisdicción Contencioso Administrativaes la ejecución de las sentencias favorables a los recurrentes.A pesar de los planteamientos constitucionales y normativos, la Jurisprudenciadel Tribunal Constitucional, la de los órganos de la Jurisdicción Contencioso admi-nistrativa y los numerosos trabajos doctrinales, los órganos de nuestra Jurisdicción,desgraciadamente con más frecuencia de lo que pueda imaginarse, no aplican deforma decidida todo el arsenal normativo constitucional y de nuestra LeyJurisdiccional, para obligar a cumplir a la Administración las resoluciones judicialesque le son desfavorables.Sentado lo anterior, ¿tiene sentido hacer una reflexión acerca de la ejecución delas Sentencias favorables a la Administración? ¿Qué ocurre en estas situaciones?.Estimo que sí, dado que, son muy numerosos los recursos con sentencias favo-rables a la Administración.El tema que planteamos hay que centrarlo en aquellos supuestos en los que,impugnado un acto administrativo, ya sea porque el recurrente ha conseguido su sus-pensión, o porque la Administración no ha considerado conveniente ejecutarlo, es obje-to de una sentencia firme que declara la conformidad a derecho de dicho acto.II.- PRECEDENTES LEGALESUna regulación sobre este tema se encuentra en el Texto Refundido de la Ley delo Contencioso Administrativo de 1.952. En su artículo 93,2 prohibía que se suspendie-ran o se dejaran de ejecutar las sentencias confirmatorias de actos o disposiciones de laAdministración.AFDUDC, 13, 2009, 1071-107410714 NOTAS VARIA 2009 ok.qxd:4 NOTAS VARIA  2/12/09  12:51  Página 1071En idéntico sentido, el artículo 105,5 de la Ley de lo Contencioso Administrativode 1.956.III.- LA VIGENTE LEY DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSOADMINISTRATIVA DE 13 DE JULIO DE 1.998.Los preceptos indicados en las leyes de 1.952 y 1.956, han desaparecido de lavigente Ley Jurisdiccional. ¿Qué alcance hay que dar a esta omisión?.En mi opinión, los planteamientos de las leyes de 1.952 y 1.956 no solo han sidosuprimidos por la nueva Ley, sino que se ven reforzados.En efecto, la dicción de los artículos 117,3 y 118 de la Constitución no ofrecen,a mi juicio ninguna duda acerca de que la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzga-do corresponde a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes (artículo 117,3);es decir que la Administración ejecuta las sentencias, pero los órganos de la JurisdicciónContencioso administrativa tienen la potestad de hacer ejecutar lo juzgado. Y el artícu-lo 118 de la Norma Fundamental subraya la obligación de cumplir las sentencias ydemás resoluciones judiciales firmes. La Ley Jurisdiccional reproduce estas previsiones constitucionales en sus artícu-los 103, 1 y 2. Debiendo destacarse como fundamentales para sostener nuestra tesis elartículo 104,1 de la Ley de lo Contencioso vigente.El artículo 104,1 establece que:“Luego que sea firme una sentencia, se comunicará en el plazo de diez días alórgano que hubiera realizado la actividad objeto del recurso, a fin de que, una vezacusado, recibo de la comunicación en idéntico plazo desde la recepción, la lleve apuro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaracionescontenidas en el fallo y en el mismo plazo indique el órgano responsable del cumpli-miento de aquél.”Ese planteamiento no parece ser compartido por las dos resoluciones judicialesque examinamos.En primer lugar, el Auto 146/00 de 17 de Noviembre de 2000 (recurso 286/1994)de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castillay León, sede Valladolid, en su fundamento jurídico Segundo indica que “como en estecaso la sentencia dictada es puramente desestimatoria y por ello, no ha alterado la situa-ción derivada del acto administrativo impugnado…” La Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de Septiembre de 1.999, citada por elAuto que hemos mencionado señala que “siendo la Sentencia desestimatoria, es decir,confirmatoria del acto administrativo impugnado, la ejecución que procede es la delacto, y no la de la Sentencia, la cual, a los efectos de ejecución, lo ha dejado intacto, sinquitar ni añadir nada a su propia fuerza ejecutiva”, y más concretamente, que “una sen-tencia desestimatoria confirma el acto administrativo impugnado, lo deja tal y como fuedictado por la Administración demandada, y el Tribunal de Justicia no puede decir niaconsejar ni ordenar a aquélla cómo tiene que ejecutarlo; un acto administrativo confir-mado judicialmente no goza de ninguna fuerza ejecutiva especial, sino que tiene lamisma que cualquier otro acto no impugnado”.Examinemos la problemática que es más compleja de lo que a simple vista puedaparecer.AFDUDC, 13, 2009, 1071-10741072 Enrique Rivero Ysern4 NOTAS VARIA 2009 ok.qxd:4 NOTAS VARIA  2/12/09  12:51  Página 1072AFDUDC, 13, 2009, 1071-1074La ejecucion de las sentencias favorables a la administracion 1073A.- Ejecución del acto - ejecución de la Sentencia. Supuestos de inexis-tencia de varios demandados.Una muy breve reflexión sobre algo que no viene mal recordar.En el proceso Contencioso administrativo está en juego la satisfacción del inte-rés público y la de los derechos de los ciudadanos. En esta jurisdicción, se realiza latutela judicial efectiva. Cuando los órganos de la jurisdicción contencioso administrati-va estiman los recursos de los administrados, estos ven satisfechos sus derechos.Y cuando los órganos de la Jurisdicción desestiman las pretensiones de los recu-rrentes, ello implica que el acto administrativo es conforme a derecho, y los fines públi-cos que más o menos directamente se ven involucrados en el acto, han de realizarsetambién; y ha de hacerse realidad la tutela judicial de la Administración.Ello supone que la Administración no tiene plena disponibilidad sobre el acto,como sostiene la Jurisprudencia que hemos citado. Las prerrogativas de las que goza laAdministración, insertas en el acto, lo están en función de la obligación que tiene mar-cada constitucionalmente. La Administración Pública “sirve con objetividad los intere-ses generales” (artículo 103,1); y los Tribunales controlan la legalidad de la actuaciónadministrativa y el sometimiento de ésta a los fines que la justifican (artículo 106,1).Por ello hay que sostener que, una vez firme la Sentencia que ha confirmado elacto, en contra de lo que sostiene el Tribunal Supremo, lo que hay que hacer es ejecutarla Sentencia, ejecutando el acto, TORNO MAS señala que la ejecución del acto se llevaa efecto, no en virtud de la autotutela ejecutiva, sino en ejecución de sentencia; y una vezejecutada, se le comunicará al órgano jurisdiccional. (TORNO MAS, J. “Ejecución deSentencias favorables a la Administración y medidas cautelares” en JusticiaAdministrativa. Revista de Derecho Administrativo, ISSN nº 15, 2002, págs. 23 a 40).Insistimos en que la Administración no tiene disponibilidad sobre el acto, cuyaconformidad a derecho y, en consecuencia, su legalidad y necesidad para satisfacer losintereses generales, ha sido sancionada por un órgano jurisdiccional.Como consecuencia de lo anterior, toda actuación que realice la Administraciónque implique desconocer el fallo judicial, es contraria a éste, y los órganos jurisdiccio-nales han de actuar para hacer cumplir a la Administración el fallo, pues les competehacer ejecutar lo juzgado.Ello supone que la Administración no podrá utilizar el procedimiento de revisiónde actos nulos, por motivos de legalidad ya que la Sentencia ha declarado la legalidaddel acto; tampoco la declaración de lesividad (artículo 103 de la Ley 30/92); ni la revo-cación del acto si es de gravamen, ni la del acto favorable (supuestos excepcionales yconforme marquen las leyes).El único margen de actuación que le queda a la Administración, en nuestra opi-nión es acudir a los supuestos contemplados en el artículo 105 de la Ley Jurisdiccional.B.- Ejecución del acto – ejecución de la Sentencia en el supuesto deexistencia de varios demandandos.En el proceso contencioso administrativo cabe que comparezcan con laAdministración otros sujetos como demandados, que tienen interés en que el acto secumpla.Es evidente que podrán dirigirse al órgano jurisdiccional para que éste, confor-me la tesis que mantenemos, obligue a la Administración a que ejecute la Sentencia y,4 NOTAS VARIA 2009 ok.qxd:4 NOTAS VARIA  2/12/09  12:51  Página 1073consecuentemente, haga ejecutivo y ejecutorio el acto. El tenor del artículo 109 de laLey Jurisdiccional no ofrece dudas.C.- Ejecución de sentencias desfavorables a la Administración, instadaspor quienes no fueron parte en el proceso.Examinamos este supuesto, como previo a lo que analizaremos después.La Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de Junio de 2005 contempla este supues-to pero referido a Sentencias desfavorables a la Administración.En el supuesto contemplado por la Sentencia se ejercitaba una pretensión de anu-lación (Un comentario a esta Sentencia puede verse en Actualidad Administrativa.RODRIGUEZ CARBAJO, Octubre 2005, número 17). La intervención de las personasafectadas, aunque no hubieran sido parte en el proceso, para pedir la ejecución de la sen-tencia, e incluso intervenir en la ejecución de la sentencia, cabe al amparo de los artí-culos 72,2, 104,2 y 109,1 de la Ley Jurisdiccional, siempre que dichas personas puedanver lesionados sus derechos o intereses por la ejecución de la Sentencia, sin que seanecesario que demuestren que no pudieron intervenir en el proceso, existiendo sola-mente como límites los plazos de prescripción de los artículos 518 LEC ó 1.964 delCódigo Civil, así como las prohibiciones generales del abuso del derecho, fraude de leyo procesal y mala fe.D.- Ejecución de Sentencia – ejecución del acto en Sentencias favorablesa la Administración instada por quienes no fueron parte en el proceso.Debe darse a la cuestión que planteamos una respuesta positiva, en el sentido deque quienes no fueron parte en el proceso, pero puedan tener derechos o intereses dima-nantes de la Sentencia, pueden solicitar del Tribunal que obligue a la Administración acumplir la Sentencia, ejecutando el acto administrativo.No creemos que exista ningún obstáculo para aplicar el mismo criterio que elTribunal sostiene en la Sentencia que hemos expuesto anteriormente.Quedaría una última cuestión a responder. ¿Estarán legitimados para instar delTribunal que se dirija a la Administración para obligarla a cumplir la Sentencia, a tra-vés de la ejecución del acto, aquellos que están legitimados para intervenir en el proce-so contencioso, y en concreto los supuestos del artículo 19,1,b) y h), de la LeyJurisdiccional, así como aquellos legitimados en virtud de la modificación de la Leyjurisdiccional, artículo 19,1,i, nueva letra introducida por la Ley Orgánica 3/2007 de 22de Marzo?.No vemos obstáculo legal, y sí debemos decir que el control social sobre laAdministración pública debe ampliarse no solo en el acceso al proceso, sino tambiénaccionando ante el Tribunal para que haga ejecutar las Sentencias favorables a laAdministración, en la que los intereses colectivos están en juego.  AFDUDC, 13, 2009, 1071-10741074 Enrique Rivero Ysern4 NOTAS VARIA 2009 ok.qxd:4 NOTAS VARIA  2/12/09  12:51  Página 1074

La ejecución de las sentencias favorables a la Administración

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