[Resumen] La función registral del Estado ha sido tradicionalmente estudiada desde la perspectiva del Derecho civil a pesar de la amplitud y reconocimiento constitucional de los registros administrativos y sus efectos jurídicos. El Registro de la propiedad es una referencia para la actividad de la Administración pública y su finalidad causa tensiones con las prerrogativas de la Administración sobre los bienes de dominio público y con propiedades especiales, como montes vecinales o la propiedad inmobiliaria. La consideración del interés general que ha de servir la Administración y que ha de procurar el Registro de la propiedad con la seguridad jurídica proporciona un criterio para encontrar una solución justa para los derechos de los particulares y las potestades de la Administración
